“No se puede dar la espalda a la verdad, dejar
de anunciarla, esconderla, aunque se trate de
una verdad difícil, cuya revelación lleve
consigo un gran dolor”.
Mucha preocupación causa el hecho de que en
Honduras quien manda no sea ni el pueblo
soberano, ni los que delegados por él
ejercen funciones gubernamentales y prestan
juramento de “cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes”; esta clavado en
el imaginario colectivo que los que
ilegalmente controlan el poder real son los
poderes “de hecho”, y no los de “de
derecho”.
Pese a la vulgarización del término, es
valido decir que la gente cree, con toda
razón, que los poderes fácticos son los que
mandan en el país e infiltrados en las
entidades oficiales direccionan la nave del
Estado. Al margen de las instituciones
legales, en virtud de la capacidad de
presión o autoridad que se poseen, y
mediante arbitrarias practicas, contrarias
al Estado de Derecho, ejercen una influencia
avasalladora que les hace recibir de los
gobernantes un trato preferencial,
privilegiado y pletórico de canonjías.
El poder militar, el económico y el moral
(religioso) han sido los poderes fácticos
que la historia universal registra como más
influyentes. Recientemente, el poder
mediático y transnacional se han ganado a
pulso un lugar en esta corta lista.
Honduras no es la excepción.
Para el caso, los militares en Honduras han
tenido en los últimos sesenta años una
influencia significativa; gobernaron el país
durante prolongados periodos al margen de la
Ley, mediante dictaduras que -si bien es
cierto en algunos momentos fueron populares-
colmaron la paciencia de los hondureños por
sus actos corruptos y sus transgresiones a
los derechos fundamentales del hombre.
Inclusive, en la primera etapa de la nueva
era democrática nacional, a partir de 1981,
todavía se erigían como el verdadero poder
en el país, tanto así que durante el
gobierno de Roberto Suazo Córdova, el Jefe
de las Fuerzas Armadas tenia mas poder que
el propio Presidente de la República, y el
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFFAA)
mayor influencia del mismo Poder
Legislativo. Todo esto cambio, y en tiempos
del Presidente Carlos Roberto Reina
(1994-1998) los militares se convirtieron en
simples servidores públicos sometidos al
poder legalmente constituido y representado
en el titular del Poder Ejecutivo.
El empresariado nacional ha venido
fortaleciendo su influencia en la medida su
crecimiento económico se ha destacado como
consecuencia de la inequidad y la inadecuada
distribución de la riqueza en Honduras; los
empresarios han obligado -mediante el
soborno o las alianzas (sociedades) con los
políticos de turno- a instaurar un sistema
económico de corte mercantilista que genera
prebendas, mercados cautivos, excepciones y
exoneraciones de todo tipo, convirtiendo a
los industriales y comerciantes del país en
parásitos de la res pública y en receptores
de trato privilegiado por parte del aparato
estatal. El influjo del empresariado ha
trascendido siglos: las transnacionales
mineras y bananeras, fueron tan poderosas
ayer, como hoy lo son los empresarios de las
térmicas, las telecomunicaciones y del
sistema financiero. Es tanta la
preponderancia del poder empresarial, y son
tan firmes sus alianzas con el poder público
que muchos de ellos han violado la Ley a la
vista y paciencia de la oficialidad, y con
el consentimiento de la autoridad
competente, verbigracia el contrabando y
defraudación tributaria.
Asimismo, la influencia de la Iglesia
Católica, y más recientemente muchas
entidades religiosas de corte protestante,
se han arrogado la cuota moral y ética del
país, usurpando la posición de únicos
referentes honorables del país,
interviniendo de forma dramática en casi
todas las decisiones trascendentales de la
vida republicana. Pese al rechazo que
recientemente hizo la Iglesia Católica de
seguir participando de muchas decisiones que
le competen al gobierno, no hay duda que el
protagonismo de muchos curas y pastores
sigue siendo avasallante y repugnante. Se
llego a tal extremo en Honduras, que en
tiempos del Presidente Carlos Flores Facusse
(1998-2002), muchos decían que en el país
teníamos un Presidente que mas parecía
Cardenal, y un Cardenal que mas parecía
Presidente de la República.
Como lo manifestamos anteriormente, además
de estos tres poderes fácticos históricos,
existe uno que crecientemente ha fortalecido
su ascendencia en las cúpulas y en la base
ciudadana. Este es el caso del denominado
“cuarto poder”, forma en la cual se define
al poder mediático, representando
fundamentalmente por la prensa escrita,
radial y televisiva. Los integrantes mas
relevantes de este poder están representados
en la Asociación de Medios de Comunicación
de Honduras (AMCH), integrados por los
empresarios Jorge Canahuati Larach (El
Heraldo y La Prensa), la Familia Ferrari-Villeda
(Televicentro y Emisoras Unidas), Carlos
Roberto Flores Facusse (La Tribuna) y Jaime
Rosenthal Oliva (Tiempo y Canal 11).
Y aquí se da un hecho particularmente
especial, ya que muchos de los integrantes
del poder mediático forman parte también del
poder empresarial, e instrumentalizan muchos
de estos medios con propósitos aviesos y con
perversas intenciones que -en muchos casos-
lindan con la extorsión a los funcionarios
que no les satisfacen sus requerimientos.
Esto se profundiza mucho mas, cuando además
de empresarios industriales o comerciales, y
dueños de medios de comunicación, a la vez
incursionan en el ámbito político
partidista, y se convierten en una suerte de
“pulpos” que manipulan las noticias y las
decisiones político-gubernamentales con
propósitos empresariales. El caso mas
reciente y relevante es la denuncia pública
que hicieron funcionarios del presente
gobierno, en el sentido que el propietario
de La Prensa y El Heraldo atacaba a la
administración Zelaya Rosales porque esta no
le daba el trato preferencial que
anteriormente otros si brindaban al conceder
jugosos contratos para el suministro de
armas, material policial y militar,
medicinas y otro equipo medico a través de
empresas que pertenecen al mismo grupo
empresarial del dueño des estos dos diarios.
En muchas ocasiones, estos “políticos” no
necesariamente dan la cara en los despachos,
sino que se ocultan tras bastidores, y con
habilidad de titiriteros manipulan a la
oficialidad desde lo que podrimos llamar las
“cúpulas partidarias”, las que se convierten
en verdaderos poderes fácticos, los cuales
deciden, al margen de los cauces formales y
se sirven de su autoridad informal o su
capacidad de presión para influir
políticamente en decisiones importantes en
la vida nacional. Muchos Capos Liberales e
integrantes del Lado Oscuro del Partido
Nacional (y más de algún sandia o
berengueno, según sea el caso)
terminan eligiendo en El Hatillo o en la
carretera al Batallón los integrantes a la
Corte Suprema de Justicia, los titulares del
Ministerio Público, los integrantes de los
órganos contralores del Estado o los
magistrados del Tribunal Supremo Electoral,
y mandan sus resoluciones al Congreso
Nacional para que allá únicamente les den su
obligada aprobación.
Y es ahí donde estos poderes fácticos se
traslapan y/o entreveran, en simbiosis,
consolidando un red, una cofradía nefasta
para los intereses de las grandes mayorías.
También mencionábamos que el poder
transnacional es determinante en el país;
pese a que tiene sus múltiples formas de
presentación, por ejemplo como entidades de
financiamiento internacional, organismos
multilaterales o representación diplomática,
es representando en Honduras esencialmente
por la Embajada de los Estados Unidos de
América (EUA), ya que esta representa al
gobierno que tiene una determinante
incidencia en la toma de decisiones de las
otras, tal es el caso de el Banco Mundial
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Aquí hace varias décadas, y por algún
tiempo, el gobierno estadounidense a través
de su Embajador en Tegucigalpa “quitaba y
ponía presidentes”; y pese a que hoy en día
esto no es posible, si tiene una enorme
influencia sobre muchos temas de carácter
público en Honduras.
No intentaría asumir el papel del experto
historiador Mario Argueta en la temática,
sin embargo, bien puedo asegurar que la
misión diplomática norteamericana ha tendió
en el pasado reciente una enorme influencia
en la gestión gubernamental hondureña
dictando pautas e interviniendo en asuntos
internos en procura de defender sus
particulares intereses o el de sus
ciudadanos. Tal es el caso del papel jugado
por Honduras durante la Guerra Fría, tiempo
en el cual se nos obligo, no solo a albergar
a un ejercito irregular que combatía en
contra del régimen sandinista sino que
entreno y financio la implementación de
trágicas acciones en el marco de la Doctrina
de Seguridad Nacional ejecutada por el
triste celebra Gustavo Álvarez Martínez.
Ahora, fundamentalmente los intereses son
económicos, y el caso de la
telecomunicaciones evidencia este poder
irregular del gobierno gringo, uno que
muchas veces repugna menos que la sumisión y
lacayunada actuación de algunos de nuestros
gobernantes.
Pero hay un poder subterráneo que tiene una
significativa influencia, y que muchos no
osan señalar con claridad; este es el caso
del poder del crimen organizado y el
narcotráfico.
El poder ilícito de los criminales y
narcotraficantes es enorme, muchos no lo
quieren aceptar, pero están infiltrados en
la empresa privada, en el parlamento y en el
gobierno; muchos operadores de justicia
tienen negocios con ellos, los defienden y
les apañan sus fechorías. Hay regiones del
país en la cual ellos son amos y señores de
la zona, se han apoderado de grandes franjas
territoriales en las cuales son sus dictados
y no la Ley los que se respetan, y los
habitantes de estos lugares desarrollan
afectos y simpatías hacia quienes logran
satisfacer muchas de las necesidades que un
Estado ineficiente y débil no puede cubrir.
Y otros, sin necesidad, especialmente en las
grandes e intermedias ciudades, se
vanaglorian de tener un amigo narco o uno
que ande en “negocios sucios” para ver si el
efecto derrame les salpica.
El crimen organizado opera desde las
cárceles, a vista y paciencia de las
autoridades penitenciarias; blanquea activos
impulsando grandes proyectos de inversión en
el sector comercial, turístico y financiero,
y ninguna autoridad competente mete mano en
el asunto.
Aquí los narcotraficantes financian campañas
electorales y nadie se inmuta, se lanzan de
diputados y a nadie inquieta, ejercen el
poder por interpósita personas y nadie
investiga. Todos se acomodan o están
“cagados del miedo”.
Es un poder real, un poder que cohabita y
cada vez mas influye sobre el voto de
algunos diputados, funcionarios de gobierno
que se hacen los indiferentes, y jueces y
fiscales que les defienden en alianza con
prominentes abogados que son el menos
indicado ejemplo a seguir de muchos
profesionales del derecho del ámbito
nacional.
En octubre pasado, el diario El País de
España informaba que “la mafia es la primera
empresa de Italia, con una facturación anual
de, al menos, 90.000 millones de euros, lo
que representa el 7% del Producto Interior
Bruto (PIB) del país transalpino”; me
pregunto: ¿Cuál será la dimensión del tamaño
de los negocios de los narcos y criminales
en Honduras?
Vale la pena que cuando señalemos los
poderes fácticos en Honduras, además de los
empresarios nacionales, sacerdotes y
pastores, dueños de medios de comunicación y
el poder de la embajada estadounidense,
también centramos nuestra atención en la
actuación e injerencia y la infiltración de
los narcotraficantes y delincuentes en las
esferas de poder oficial.
Este poder subterráneo está dispuesto a usar
todos sus medios, incluida la fuerza, para
no perder sus privilegios ancestrales. Son
delincuentes que están dispuestos a
vilipendiar, desprestigiar y mentir respecto
a cualquier funcionario gubernamental que se
les atraviese en el camino. Incluido el
mismísimo Presidente de la República.
