fiscales, corrupción y burócratas. Por Omar Rivera (07/V/2008)

HAMBRE DE JUSTICIA

 

Omar Rivera

 

Adecentar la administración de justicia e intensificar la lucha en contra de la corrupción se puede lograr si no se nombra en las posiciones de dirección del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas, a lacayos de los partidos políticos y mucho menos a mayordomos de los grupos económicos del patio nacional.

 

No es histeria colectiva, ni la caravana de los acarreados, mucho menos una furtiva estrategia gubernamental, simplemente, la gente se canso de esperar una respuesta a las demandas de justicia y paro a la impunidad.

Lo que al inicio parecía para muchos un capricho de un grupo de fiscales resentidos y marginados, resulto siendo la mas grande muestra de insatisfacción popular de los últimos años.

Los fiscales en huelga de hambre han sido la voz de los sin voz, la voz de los que gimen por ponerle una tranca a esa ancha avenida por la cual transitan los corruptos en Honduras; piden, fundamentalmente, que se “desengaveten” los expedientes que por actos ilícitos se tienen en poder del Ministerio Público y en los cuales se tratan casos de pillaje estatal y privado que involucran a reconocidos personajes de la vida empresarial y política del país.

Y es que resulta raro que estos casos en los cuales los protagonistas son hombres tan poderosos como Rafael Ferrari o Miguel Pastor, el Ministerio Público no haya sido tan diligente como los es en contra ciudadanos “comunes y corrientes” que transgreden la Ley quienes son tan merecedores de una sanción por su delito como cualquier encopetado de cuello blanco.

La clase política nacional tiene un enorme reto histórico, pueden ser condenados a la hoguera del repudio por intentar preservar el putrefacto orden establecido o dar muestras que han decidido propiciar el cambio.

 “Urge el cambio, urge Mel”. Hace cuatro años ese era el slogan del actual titular de la administración pública en plena campaña electoral, y este lema lo repetían con vehemencia los actuales diputados liberales quienes eran sus principales activistas. Hoy se ha presentado una extraordinaria oportunidad para convertir las palabras en hechos concretos. La gente quiere un cambio, sería un soberano error y falta de consideración con la población no responder a este anhelo.

La gente pide una muestra palpable de la voluntad política que tienen nuestros gobernantes de transformar este estercolero en un ámbito en el cual impere la Ley y la justicia, y la honestidad sea una norma de conducta en el funcionario y en el empresario que hace negocios con el Estado.

Y la suspensión del Fiscal General es lógica, al tenor de ser acusado de constituirse en el principal operador de los poderes fácticos y partidarios a lo interno del Ministerio Público, es él a quien se le atribuye meterle hielo a las acciones en contra de la banda del gasolinazo y los pandilleros quiebrabancos, en otros casos. Él ha sido públicamente acusado por sus propios subalternos de entorpecer las acciones conducentes a que se cumpla el mandato esencial de la Fiscalía, y en procura de auditar los procesos en mención, sin la injerencia de las partes en conflicto, es pertinente que Leonidas Rosa Bautista, y todo aquel acusado en similar situación, este fuera de la esa dependencia estatal.

Además, una Junta Interventora o Comisión Especial, bien podría, además de evaluar el adecuado manejo de los expedientes mencionados, determinar si hubo o no rompimiento del orden institucional del Ministerio Público al ser electos por el Congreso Nacional un Fiscal General y un Adjunto “ultrajando la Constitución de la República y la Ley de ese organismo” como lo han denunciado públicamente varias organizaciones de la Sociedad Civil y gremios de profesionales del derecho.

Yo he visto como a funcionarios gubernativos de baja categoría, a Alcaldes o miembros de Corporaciones Municipales, los suspenden de sus cargos porque fiscales y jueces lo deciden así, justificando tal providencia sobre la base que la presencia de ellos en sus funciones públicas puede entorpecer las investigaciones o el desarrollo de las acciones contenciosas; si eso hacen con ellos, ¿Porque no se puede hacer lo mismo con el Fiscal General del Estado?

La margen del discurso oficial y del afán por guardar las apariencias, todos sabemos que los operadores de justicia en Honduras no están comprometidos con el justo propósito de generar justicia para todos y de que todos sean tratados con igualdad ante la Ley; existe una casta privilegiada que actúa impunemente al amparo de la protección que les brindan fiscales, jueces y policías. Esto hay que pararlo de una vez por todas, seguro que podemos empezar ahora. Los líderes del país tienen una excelente oportunidad.

Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti, como liberales que prometieron el cambio, deben dar muestras de su voluntad por dar un giro al vía crucis que padecemos los hondureños, deben pensar que estamos en un punto de inflexión que la naturaleza propia de la historia nacional y el fastidio colectivo lo estas propiciando. Ha llegado la hora de dejar huella, Mel dejando un legado y Micheletti mostrando una razón de peso para que la los electores puedan votar por él en las próximas elecciones presidenciales.

Empezar a adecentar el Ministerio Público, atendiendo el reclamo popular personificado en la petición de los fiscales en huelga de hambre, permitirá demostrar que nuestros gobernantes actúan en consonancia a las ansias colectivas, y nos dará indicios que las cosas pueden cambiar, y que podríamos esperar que de aquí en adelante se pueda limpiar la administración de justicia e intensificar la lucha en contra de la corrupción, lo que en gran medida pasa por no colocar en las posiciones de dirección del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas, a lacayos de los partidos políticos y mucho menos a mayordomos de los grupos económicos del patio nacional.

 

Tegucigalpa, MDC – 7 de mayo de 2008

 

Comentarios: ml_rivera@hotmail.com

 

LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL: UN CRIMEN SOCIAL

 

Omar Rivera

 

Si los recursos perdidos por concepto de la corrupción fuesen repartidos entre todos los municipios de Honduras, le correspondería a cada uno de ellos Lps. 79 millones anualmente, mas recursos de los que en décadas han podido recaudar municipios tan pobres como San Manuel de Colohete en Lempira o Yamaranguila en Intibucá

 

Las actuaciones de cualquier funcionario estatal o empleado gubernamental deben ser esencialmente honestas; la honestidad debe ser un elemento básico de la conducta del servidor público.

La falta de honestidad en la administración gubernativa, mas que un asunto moral o ético, es una temática de implicaciones sociales, pues genera atraso, subdesarrollo y muerte; si muerte, porque miles de niños y  niñas, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, mueren por la falta de servicios públicos que bien podrían dotarse o mejorarse. Todos debemos estar convencidos que la exclusión social y la miseria aumenta en directa proporción al pillaje estatal. 

Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras fuentes, solo por defraudación y evasión fiscal, Honduras deja de recaudar Lps. 10 mil millones cada año; asimismo, un estudio del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH) señala que el país pierde Lps. 38 millones diarios por actos de corrupción.

¿Cuantos niños y niñas podrían completar su enseñanza primaria si se invirtiera en crear nuevas plazas de maestros y se mejoraran las instalaciones educativas con parte de esos miles de millones de lempiras que empresarios eluden pagar a la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) en complicidad con negligentes recaudadores de impuestos o corruptos auditores fiscales? 

Yo les aseguro que nuestros infantes tendrían mejores condiciones físicas para saborear el pan del saber y la calidad de los maestros fácilmente podría elevarse asignándose mas recursos al sector educación.

¿Qué tanto se podría reducir la tasa de mortalidad materno-infantil o los índices de prevalencia de VIH-SIDA en la costa caribeña o la incidencia del mal de Chagas en San Francisco de Opalaca si se utilizaran los mas de mil millones mensuales que se roban los burócratas hondureños? 

Utilizando adecuadamente los recursos que hoy se embolsan los trabajadores del Estado se mejorarían las clínicas para atención de los recién nacidos, se les daría seguimiento y control a los embarazos y se podría garantizar que cada parto se realizara con asistencia de personal sanitario especializado, también invirtiendo en educación sexual se podría disminuir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y se podrían mejorar las condiciones de las viviendas de techo vegetal de las familias que hoy se exponen a ser afectados por la enfermedad transmitida por la chinche picuda en el occidente del país.

¿Cuántos hondureños saldrían de la pobreza si la corrupción fuese controlada en Honduras, si esa voracidad criminal del funcionario gubernamental fuese aniquilada? 

Miles de hondureños saldrían de la pobreza, y para muestra un botón: si los recursos perdidos por el Estado por concepto de la corrupción, calculados el CNA y FOSDEH, fuesen repartidos entre todos los municipios de Honduras, le correspondería a cada uno de ellos la extraordinaria cantidad de Lps. 79 millones anualmente, mas recursos de los que en décadas han podido recaudar municipios tan pobres como San Manuel de Colohete en Lempira, Concepción en Copán, Yamaranguila en Intibucá o Iriona en Colon.

En suma, no es por asuntos de honorabilidad que un funcionario o empleado del gobierno debe hacer buen uso de los recursos públicos o evitar cometer actos de corrupción, es simplemente porque técnicamente bloquea la tarea del Estado por cohesionar socialmente a su población, disminuyendo su capacidad de respuesta a la demanda colectiva y generando ingobernabilidad. 

Al margen de los abstractos asuntos de carácter moralista, el burócrata debe estar consciente, para que no sea un criminal social, un cruel genocida, que no debe ser corrupto, y los operadores de justicia no deben permitir que impere la impunidad en este tipo de casos, y la sociedad –con su rechazo- debe contribuir a marginar de los círculos de convivencia al bandolero de cuello blanco. 

 

El Progreso, Yoro – 1 de mayo de 2008

 

Comentarios: ml_rivera@hotmail.com

 

PRINCIPIOS RECTORES PARA UNA CORRECTA CONDUCTA BUROCRÁTICA

 

Omar Rivera

 

La eficiencia, la justicia y la vocación de servicio son importantes valores en el marco de los cuales todo funcionario o empleado público debe actuar; sin embargo, en el ejercicio de la función gubernamental se le debe dar especial prioridad a la honestidad.

 

En Honduras urge que todos los funcionarios públicos se adhieran a un Código de Conducta que norme las actuaciones de los burócratas y altos funcionarios gubernamentales respecto a los principios éticos que han de tutelar el ejercicio de la función que desempeñan en la administración pública nacional o municipal.

Ante tanta corrupción, ineficiencia y falta de compromiso por parte de los empleados públicos, se deben establecer los principios rectores de los deberes y conductas que los incrustados en el gobierno devienen obligados a respetar respecto a los valores éticos que han de regir la función pública.

Entre todos estos valores, la eficiencia, la justicia, la vocación de servicio y la honestidad son los mas importantes, son los que deben ser factor determinante para la ejecución de acciones de los servidores públicos.

El servidor público debe ser eficiente, ser capaz de lograr los objetivos de la entidad en la que labora empleando los mejores medios posibles, en observancia y estricto cumplimiento de las normas administrativas y jurídicas establecidas por el marco legal aplicable.

Debe ser justo, es decir, saber decidir a quien le pertenece cada cosa por derecho, procurando que cada quien sea satisfecho en su demanda en relación directa a su necesidad, y que a cada quien se le exija contribuir de acuerdo a su capacidad.

El burócrata debe estar consciente que su papel esta fundamentalmente relacionado al servicio público, que la vocación de servicio es condición sine qua non  para el adecuado cumplimiento de su rol en la administración gubernamental; el servidor publico debe estar convencido que su papel tiene relación directa con servir a los ciudadanos en general, que no debe tener otra motivación interés mas que el diligente cumplimiento que las tareas asignadas por la Ley o sus superiores, y que debe con celeridad y eficacia satisfacer las necesidades del contribuyente que solicita un servicio.

Estos tres valores –la eficiencia, la justicia y la vocación de servicio-  son importantes y se debe propender a la combinación optima de ellos para el logro de un buen desempeño en la gestión gubernativa; sin embargo, en el ejercicio de la función pública administrativa de cualquier funcionario estatal se le debe dar especial prioridad a la honestidad.

Para que un burócrata sea considerado honesto, debe ser coherente con visión, misión y valores institucionales de la entidad en la que labora; debe actuar tomando en cuenta que siempre deben anteponerse los intereses de los ciudadanos a los propios, evitando enriquecerse ilícitamente a través de actos corruptos y no permitiendo que otros lo hagan también. Cualquier actuación en deterioro de la colectividad, predestinado al beneficio particular o de grupos privilegiados de los servidores públicos o de terceras personas, es inadmisible para un correcto funcionario o empleado gubernamental.

El costo de la corrupción es enorme en Honduras, tiene un impacto social y político, al disminuir la capacidad del Estado de responder a las demandas de los mas necesitados y debilitar la institucionalidad oficial. En ese sentido, mucho daño se le causa al país teniendo servidores públicos corruptos, deshonesto y ladrones.

El funcionario público debe ser honesto, integralmente honesto. Debe ser transparente, tener una actuación cristalina de los actos que ejecuta a diario, y debe rendir cuentas, informar de sus realizaciones, aunque no medie solicitud al respecto.

Eficiente, justo, con vocación de servicio, pero fundamentalmente honesto, así tiene que ser el burócrata hondureño. Desde el mas encumbrado, para que de el ejemplo, hasta el ubicado en la base de la pirámide estatal para que le de soporte al andamiaje que presta servicios de carácter colectivo.

Las actuaciones de quienes trabajan para el Estado deben estar alineadas  con los principios antes mencionados, con estos valores que se constituyen en los básicos para una correcta gestión burocrática.

 

El Progreso, Yoro – 27 de abril de 2008

 

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