DENUNCIAN QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUIERE APROBAR UN DECRETO ILEGAL QUE LEGALIZARÍA EL ALGARROBICO

13-10-10

Salvemos Mojácar, el Grupo Cóndor, Salvemos Macenas y la Coordinadora para la Defensa del Levante Almeriense

La Junta de Andalucía pretende aprobar de forma inminente un decreto ilegal por el que vulnera la Ley Estatal 42 de 2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuyo artículo 18 manifiesta que los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de los Parques Naturales han de prevalecer sobre las normas urbanísticas municipales, un argumento que ha sido fundamental para ganar todas las batallas legales que estas asociaciones han emprendido contra el Algarrobico y el nuevo PORN de Cabo de Gata.  

Ahora, con el nuevo decreto, redactado con secretismo, oscurantismo y de forma sibilina, en un texto casi incomprensible, pretenden que los PORN puedan adaptarse a las normas urbanísticas municipales si los planeamientos previstos reciben una Valoración de Impacto Ambiental favorable, algo que hoy por hoy es completamente ilegal y que vulneraria flagrantemente el artículo 18 de la Ley Estatal 42 de 2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

El decreto parece pensado expresamente para legalizar el Algarrobico y los más de 50 puntos del Parque Natural de Cabo de Gata sobre los que estas asociaciones consiguieron el pasado año una suspensión cautelar al haber sido recalificadas ilegalmente en el nuevo PORN.

Dado que el Algarrobico obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable en 1998 que es hoy por hoy ilegal, con este decreto dicha declaración quedaría legalizada y con ella el hotel y los cerca de 50 puntos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata en los que hay viviendas ilegales o previsiones de nuevos desarrollos urbanísticos. 

A su vez dejaría todos los parques Naturales de Andalucía a expensas de la voracidad urbanística de los municipios. 

El propio Defensor del Pueblo Jose Chamizo ha alzado ya la voz contra este decreto (adjuntamos su escrito en relación con el mismo).

Las asociaciones firmantes anunciamos una batalla legal implacable, por la vía contencioso administrativa, penal y ante el Parlamento Europeo, por lo que consideramos el capítulo más grave de entre los atropellos recientes cometidos en relación con el urbanismo salvaje por la Junta de Andalucía.

Advertimos a los responsables de la Junta de Andalucía de que se abstengan de cometer lo que sin duda saben que es una gravísima ilegalidad y un atropello sin precedentes contra el medio ambiente.

 

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