ALMERÍA: DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2007

Almediam/José J. Matamala. 28-06-07

Los siguientes párrafos están extraídos del informe elaborado por Greenpeace sobre la situación del litoral español, titulado “Destrucción a toda costa – 2007”. Se han tomado las referencias en las que aparece citada la provincia de Almería, que ocupa cualitativa y cuantitativamente buena parte del volumen de la obra.  No se pretende ahondar aún más en los problemas expuestos -sólo parte representativa de los acontecidos durante el periodo y área de estudio-, sino exponerlos públicamente, felicitar y agradecer el trabajo documental de Greenpeace, así como recomendar a nuestros lectores que accedan a la versión íntegra del mismo: http://www.greenpeace.org/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-2007

URBANISMO

El agotamiento del suelo y de los recursos naturales parece imparable en Andalucía. El consumo de agua en esta región se sitúa en una media de 180 litros de agua por persona y día, la segunda más alta de España, cifra que en la Costa del Sol y Almería llega a los 400 litros por persona y día.

El pasado mes de junio el Gobierno andaluz aprobaba el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). El Plan, concebido según sus autores para evitar los procesos urbanizadores insostenibles, llega tarde a un territorio donde se ha impuesto un crecimiento desordenado y donde no se ha ejercido el control necesario para impedir las ilegalidades que inundan la costa andaluza. El POTA, aunque limita el crecimiento de los municipios en los próximos ocho años al 30% de la población (algo que en Andalucía sólo han hecho el 9% de sus municipios) y la ocupación de suelo al 40% del suelo urbano actual, deja de lado la sostenibilidad ambiental. Además, la Junta se ha apresurado a anunciar que las medidas introducidas para limitar el crecimiento serán sólo temporales.

En la costa de Almería, algunos tendrán que hacer recortes más que drásticos:

MUNICIPIO

HABITANTES ACTUALES

CRECIMIENTO PREVISTO (EL POTA PERMITE EL 30% DE LA POBLACIÓN ACTUAL)

Cuevas del Almanzora

11.484

PGOU en tramitación. Cerca de 148.000 viviendas para aumentar la población hasta 414.000 personas (un 3.608% de aumento)

Vera

11.159

PGOU en tramitación. 118.000 viviendas nuevas ocupando el 75% del territorio municipal, de 58 km2, lo que equivale a 330.400 nuevos habitantes, un aumento del 2.961%

Mojácar

6.092

PGOU en revisión. 10.000 viviendas nuevas (equivale a 28.000 nuevos habitantes, un aumento del 460%)

Níjar

24.435

Presentado el Avance del PGOU. 20.000 nuevas viviendas (equivale a 56.000 nuevos habitantes, un aumento del 230%)

Carboneras

7.267

PGOU en exposición pública. 4.000 viviendas nuevas (equivale a 11.200 nuevos habitantes, un aumento del 154%)

Roquetas de Mar

65.886

PGOU en exposición pública. 20.000 viviendas nuevas (equivale a 56.000 nuevos habitantes, un aumento del 85%)

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, El País, Wikipedia

Según datos de la Consejería de Medio Ambiente, durante 2005 y la primera mitad de 2006 se abrieron 57 expedientes sancionadores por irregularidades urbanísticas en zona de servidumbre de protección10 de la costa Almeriense. Por su parte, durante 2005 y 2006 el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil denunció 352 urbanizaciones y viviendas irregulares en Almería. 

AYUNTAMIENTOS INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

Carboneras

La construcción de un hotel por parte de la constructora Azata en El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ha sido paralizada cautelarmente por la justicia tras las denuncias de Salvemos Mojácar

Mojácar

La promotora La Solana de Mojácar, S.A. es responsable de la construcción de un edificio de hasta ocho plantas de altura en una zona donde la altura máxima son dos. Gracias a las denuncias de la asociación Salvemos Mojácar, la Consejería de Obras Públicas ha denunciado al Ayuntamiento pidiendo la revisión de la licencia del complejo.

Níjar

Ecologistas en Acción presentó en 2006 una querella contra el alcalde en ese momento Joaquín García y el ex concejal José Cayuela al firmar ambos un convenio urbanístico que permitió a Cayuela multiplicar por cuatro la edificabilidad en una finca de Agua Amarga a cambio de la “cesión” de una parcela de 12.000 m2 que, finalmente, no existe. Se les acusar de haber cometido delito contra la ordenación del territorio al permitir urbanizar en zona verde y en solares municipales. Recientemente la Audiencia Provincial de Almería ha imputado por delito urbanístico al alcalde, al concejal de Urbanismo, Manuel Rodríguez, y al Jefe del Área de Urbanismo, Federico García, tras investigar estos hechos.

Roquetas de Mar

El empresario Tomás Olivo, imputado en la Operación Malaya, ha construido un centro comercial cuya licencia de apertura ha sido anulada por el TSJA.

OTRAS INCIDENCIAS EN ALMERÍA

El Juzgado nº 2 de Almería rechazaba el pasado mes de octubre la petición de la Junta de Andalucía para paralizar de forma cautelar las obras de construcción de 440 viviendas que la empresa Almeragua lleva a cabo en los acantilados de Aguadulce (Roquetas de Mar). La resolución del juez dictamina que las obras corresponden a un plan parcial aprobado por la propia Junta, por lo que ahora no le corresponde reclamar ya que no lo hizo en su momento.

Es una constante: la Junta deja construir ilegalmente y cuando hay presión, decide intervenir. Lo vimos claramente en el caso de El Algarrobico (Carboneras), que sigue en pie debido, primero, a la mala actuación y, después, a la descoordinación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente.

Pero todavía queremos pensar que el hotel, auténtico símbolo de la destrucción del litoral, algún día será demolido. El Ministerio está completando el deslinde y la Junta de Andalucía ejerció el derecho de retracto sobre los terrenos en los que se levanta el hotel recuperando su titularidad. Azata, constructora del hotel, ha rechazado el dinero ofrecido por la Junta (2,3 millones de euros) y ha recurrido ante los tribunales todas las decisiones de las administraciones, incluida la suspensión cautelar de las obras.

En el juicio por la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, ante la petición de los planos oficiales del P.N. Cabo de Gata-Níjar por parte de la Audiencia Nacional, la Junta de Andalucía ha remitido a este organismo una planimetría en tamaño A4 (29,7 x 21 cm) donde la zona del hotel aparece además engrecida. De esta forma es imposible determinar si la zona está protegida o no. Greenpeace posee una copia oficial de dichos planos al tamaño al que fueron realizados originalmente, donde sí se aprecia el grado de protección de la zona.

En otra de las denuncias interpuestas por la promotora Azata, ésta ante la Audiencia Nacional, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Carlos Lesmes, ha pedido a la Junta de Andalucía que remita los planos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar publicados en 1994 en el Boletín Oficial de la Junta. La Consejería de Obras Públicas ha remitido los planos de todo el parque en tamaño A4 (29,7 x 21 cm), lo que impide determinar con claridad si la zona donde se ha construido el hotel está protegida o no.

La actitud de la Junta de Andalucía en este caso es, cuando menos, indignante. Los planos oficiales reclamados por la Audiencia Nacional fueron modificados por la Consejería de Medio Ambiente para convertir 200 hectáreas de terreno del parque en urbanizables, lo que ha permitido a la constructora del hotel defender su supuesta legalidad.

Pero es más, la Junta de Andalucía mantiene abierto otro contencioso administrativo en el juzgado número dos de Almería para exigir la aplicación de un deslinde de 50 metros, la mitad de lo que determina la Ley de Costas, que legalizaría casi el 100% del monstruoso edificio construido en la playa de El Algarrobico.

Pero no es el hotel de Azata el único caso sobre el que pesan dudas al respecto de su legalidad en la localidad de Carboneras. Ecologistas en Acción solicitó en marzo la revisión de oficio de los acuerdos adoptados en enero de 2003 por los que el consistorio vendió a 3,60 euros/m2  dos fincas de titularidad municipal limítrofes al paraje de El Algarrobico. Ambas, La Loma de La Cañada y Torre del Rayo, de cerca de 64 hectáreas, fueron recalificadas siete meses más tarde como suelo urbanizable, multiplicando por 50 su valor. Las fincas fueron adjudicadas a las empresas “Unicarboneras” y “El Mirador de Carboneras”.

La solicitud de revisión de estos acuerdos fue rechazada por los votos de los ediles del PSOE. Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Carboneras basado en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de noviembre de 2005, según el cual “el producto de las enajenaciones de terrenos del patrimonio municipal se deben destinar no a cualquier fin, por loable y razonable que sea, sino al específico de la conservación y ampliación del propio patrimonio municipal del suelo”, algo que no se ha hecho.

El PP de Carboneras ha puesto a disposición del juzgado de Vera un acta notarial que implica al ex alcalde, Cristóbal Fernández, en dos presuntos casos de soborno (uno no consumado) para lograr la retirada de la denuncia interpuesta contra esta operación urbanística.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, reconoció en el Parlamento andaluz la existencia de una veintena de expedientes sancionadores abiertos por la existencia de viviendas ilegales cuyos propietarios están vinculados al Ayuntamiento de Carboneras, al PSOE local y al miembro del PP Marcos Ballesteros (única que ha llegado a los tribunales). El resto de propietarios serían J.M. Merino, suegro del Secretario de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, J. González, Secretario “accidental” del Consistorio, Dolores Capel, concejala del PSOE en el ayuntamiento, y su cuñada, F. Moreno, Teniente de Alcalde del ayuntamiento, J.M. Hernández, cuñado del alcalde y ex jefe de la Policía Local, y dos familiares más del Secretario “accidental”, J. González.

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras hasta su dimisión tras haber sido condenado por un delito electoral, fue indultado por el Consejo de Ministros y se volvió a presentar como candidato por el PSOE a la alcaldía de esta localidad, saliendo elegido nuevamente.

Todavía dentro del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, un proyecto de “Marinas de Agua Amarga, S.A.” prevé construir 350 viviendas en un espacio de 48,25 hectáreas en Agua Amarga (Níjar). El Plan Parcial que recoge este proyecto fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Níjar el 29 de septiembre de 2005. El pasado 19 de abril, el Boletín Oficial de Almería, publicaba la aprobación del Proyecto de Reparcelación para llevar a cabo esta urbanización.

El arquitecto del proyecto y copropietario de los terrenos de Agua Amarga es responsable, además, de la planimetría de las normas subsidiarias municipales, en las que incluyó su finca como urbanizable.

El suelo donde se pretende construir la urbanización está calificado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Los terrenos también han sido declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, lo que ha motivado que la urbanización de Agua Amarga haya llegado hasta la Comisión Europea, que mantiene abierta una Queja por el incumplimiento de la normativa europea sobre espacios protegidos. Es un caso muy similar al del hotel construido ilegalmente en El Algarrobico y, junto a él, está englobado en las 200 hectáreas que la Junta de Andalucía pretende dejar urbanizar dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar al utilizar planos diferentes a los publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Pero no es esa la única mala noticia para el parque. Los tres municipios en los que se encuentra,Carboneras, Níjar y Almería, proyectan la construcción de 25.000 viviendas en los próximos años. La mayoría, 20.000, corresponden al plan urbanístico de Níjar.

Ahora le toca decidir a la Junta de Andalucía, ya que estas previsiones suponen un aumento del 230% de habitantes, un 200% más de lo permitido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Por su parte, Carboneras plantea un crecimiento del 154% de su población con la construcción de 4.000 nuevas viviendas.

Las obras de construcción de 1.400 viviendas, un hotel y un campo de golf que lleva a cabo la empresa Med Group en playa Macenas, Mojácar, siguen adelante a pesar de invadir la rambla de Macenas, un hecho ilegal debido a las posibilidades de inundación.

La Junta de Andalucía ha seguido con absoluta pasividad el desmonte y destrucción de las montañas litorales de la zona, así como la transformación de los cauces de la rambla provocada por las obras durante más de un año. Finalmente, tras diversas denuncias ecologistas, la Junta ha presentado un deslinde (delimitación de la zona protegida de la rambla) que se amolda como un guante a las obras ya realizadas por Med Group, salvando de una ilegalidad más que evidente al hotel de cinco estrellas en construcción gracias a un milagroso estrechamiento de la desembocadura de la rambla.

JUICIO EN ALMERÍA A UNA ABOGADA ECOLOGISTA

Pilar Rodríguez, abogada de la asociación Ecologistas en Acción, está acusada de injurias y calumnias por el Juez de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Almería debido al contenido crítico de un escrito de recurso que la letrada presentó contra una sentencia de ese Juzgado a favor del Ayuntamiento de Níjar y que fue posteriormente revocada por el TSJA (que determinó que el ayuntamiento había actuado con “desvío de poder”).

La abogada, que ha llevado a cabo numerosas denuncias por irregularidades urbanísticas a lo largo de los últimos años, ha tenido que hacer frente a una fianza de 27.200 euros y se enfrenta a una petición de multa y 30.000 euros de indemnización.

Más de 36 letrados especializados en medio ambiente de diversas comunidades autónomas notificaron al Juzgado de Almería su intención de actuar como co-defensores de Pilar Rodríguez.

El juicio se celebró el pasado 27 de abril y se está a la espera de la sentencia.

CAMBIO DE FISCAL DE MEDIO AMBIENTE EN ALMERÍA

En febrero se conocía la noticia de la dimisión del Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez. Entre sus intervenciones más destacadas figura su falta de actuación en el caso de la construcción del hotel de Azata en El Algarrobico al no admitir a trámite la querella presentada por Greenpeace, o pedir la absolución de altos cargos de la Junta de Andalucía sin acusarles de delito alguno a pesar de haber propiciado la destrucción de 20.000 ejemplares de Androcymbium europaeum, una planta protegida, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, juicio que está todavía pendiente de celebrarse.IX

Fuente: El Mundo

Urbanismo y otras amenazas en espacios protegidos

El 16 de julio de 2006 la Comisión Europea aprobaba la lista de espacios incluidos en la Red Natura, una maniobra de distracción, se conocía la noticia 2000 de la Región Mediterránea europea. Andalucía tiene 76 de los 105 hábitats incluidos en esta lista que preserva las especies de flora y fauna más importantes para la Unión Europea. Además, alberga 191 Zonas de Especial Conservación (ZECs). Esta aprobación supone una buena noticia para los espacios naturales andaluces, ahora le toca a la administración hacer cumplir la normativa que los protege.

La Junta de Andalucía todavía no ha resuelto el mayor de los problemas a los que se enfrenta uno de sus espacios naturales más emblemáticos, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde, por obra y gracia de un cambio en la planimetría, 200 hectáreas incluidas en el parque, según los planos oficiales, adquirieron la categoría de urbanizables en planos sucesivos, irregularidad que ha defendido la propia Consejería de Medio Ambiente en diferentes juicios. Ante las numerosas denuncias al respecto, el año pasado la administración andaluza optó por modificar la normativa del parque, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), para convertir las molestas 200 hectáreas en urbanizables.

Por su parte, Greenpeace presentó alegaciones al nuevo PORN señalando su ilegalidad e inconstitucionalidad entre otras cuestiones. Esta falta de respeto a la normativa nacional e internacional ha llevado este intento de modificación a la Comisión Europea, que ha abierto un expediente para investigar el caso. La modificación todavía no se ha aprobado.

En diciembre, y en lo que se podría considerar una maniobra de distracción, se conocía la noticia de que la Junta de Andalucía estaba estudiando la posibilidad de pedir la calificación de Parque Nacional para Cabo de Gata.

De los proyectos urbanísticos incluidos en las 200 hectáreas de la discordia dentro del futurible Parque Nacional destaca la urbanización Marina de Agua Amarga, en el término municipal de Níjar, que se ubica en terrenos del Parque calificados como Hábitat Prioritario y Exclusivo, Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que supone el mayor grado de protección posible según lo que dictamina la Directiva Europea de Hábitats. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a los propietarios de los terrenos, permitiéndoles urbanizar al contar con la aprobación de la Junta de Andalucía, que utilizó como planos del Parque unos en los que copió las normas subsidiarias de Níjar y que incluía la finca de Marina de Agua Amarga como suelo apto para urbanizar, en lugar de los aprobados oficialmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los Verdes han elevado una queja por estos hechos al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

Y si después de El Algarrobico a alguien le quedaban dudas del amor de Carboneras por el Parque Natural, baste saber que el pleno municipal de este ayuntamiento decidió el pasado mes de marzo, por unanimidad, solicitar a la Junta de Andalucía la anulación de la ampliación del parque que se hizo en 1994. Los representantes de Carboneras consideran que la protección otorgada por la figura del Parque Natural “es ilegal”.

El delegado de Medio Ambiente de la Junta, Juan José Luque, junto a otros responsables de la Consejería de Medio Ambiente se enfrentan a una condena por un delito de prevaricación, dos contra la ordenación del territorio, un delito contra el medio ambiente, uno relativo a la protección de la flora y la fauna y otro consumado de omisión del deber al permitir la destrucción de 20.000 ejemplares de la planta protegida Androcymbium europaeum, al autorizar y consentir en octubre de 1998 que la empresa Círculo Agroambiental SL instalara una tubería subterránea en una pradera de esta especie protegida en el Barranco de Curría, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Tras una denuncia presentada por Ecologistas en Acción y la asociación Amigos del Parque, el pasado mes de octubre se celebraba el primer juicio por estos hechos. Fue una gran sorpresa cuando el juez encargado del caso, Sr. Luis Miguel Columna Herrera, expulsó a los abogados de las dos asociaciones de la sala aduciendo que sus escritos de acusación se habían presentado fuera de plazo (lo que no era cierto) y que, por tanto, no existía acusación ni denuncia alguna. A continuación, en lugar de sobreseer el caso y no celebrar el juicio por no existir acusación, el juez decidió llevarlo a cabo sin acusar de nada a los responsables de medio ambiente, dictó sentencia inmediata in voce absolviendo de no se sabe qué cargos a los encausados y además declaró firme la sentencia, es decir, sin posibilidad de recurso.

Los abogados de las asociaciones presentaron recurso de apelación contra su expulsión y contra la sentencia pidiendo la nulidad del juicio. En febrero se conocía que la Audiencia Provincial de Almería les había dado la razón, por lo que el juicio tendrá que celebrarse nuevamente. En el entreacto el fiscal de Medio Ambiente, que nunca acusó a los responsables de la administración de delito alguno, dimitió de su cargo.

OTROS IMPACTOS EN EL LITORAL

Acuamed, empresa pública gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente, ha planteado la construcción de una tubería para conectar la desaladora de Carboneras con un depósito situado en Sopalmo. Para ello será necesario destruir un kilómetro y medio de acantilados volcánicos de la playa de El Algarrobico (a un kilómetro del famoso hotel), en una zona que está catalogada como de máxima protección dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La opción elegida por Acuamed facilita la construcción de viales en zonas protegidas y hasta ahora inaccesibles de la localidad almeriense de Carboneras, lo que sin duda beneficiará las intenciones en materia urbanística que existen en esta zona. Los acantilados son parte de terrenos pertenecientes a Ramón Ruiz, constructor del hotel de El Algarrobico.

Andalucía cuenta con 43 puertos deportivos (2 en Granada, 8 en Huelva, 9 en Almería, 11 en Málaga y 13 en Cádiz) con capacidad para cerca de 17.000 amarres. A pesar de contar con tan elevado número de instalaciones, la Consejería de Obras Públicas se ha propuesto alcanzar los 32.000 amarres mediante la ampliación de los puertos ya existentes (57 actuaciones) y la construcción de seis nuevos puertos. Roquetas de Mar tendrá sus ampliaciones terminadas este año. Carboneras y Garrucha, serán los siguientes. A corto plazo, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía proyecta 29 actuaciones para construir 9.051 nuevos puntos de atraque. Cuatro  proyectos se localizan en la provincia de Almería (1.427 nuevos amarres).

Otra de las grandes amenazas para el litoral andaluz es la contaminación. El último inventario elaborado por la Consejería de Medio Ambiente sobre vertidos contaminantes señala que a lo largo de la costa de Almería hay localizados 127 vertidos autorizados por la Junta que vierten aguas residuales industriales, agrícolas y urbanas.

De especial importancia resultan los vertidos realizados a través de emisarios submarinos, tuberías o conducciones que se adentran en el mar liberando aguas residuales en ocasiones deficientemente depuradas. La propia administración andaluza reconoce que muchos de estos vertidos carecen de autorización:

Almería 12 emisarios 6 sin autorización (5 de ellos en trámite).

VERTIDOS A TRAVÉS DE EMISARIOS SUBMARINOS EN ALMERÍA

MUNICIPIO

NATURALEZA DEL VERTIDO

AUTORIZACIÓN

Adra

Tres emisarios submarinos para aguas residuales

Sin autorización (en trámite) 

Pulpí

Aguas residuales urbanas de San Juan de los Terreros y Pilar de Jaravía

Autorizado

Garrucha

Aliviadero de emergencia de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Gasolinera

Sin autorización (en trámite)

El Ejido

Aguas residuales urbanas

Sin autorización (en trámite)

Mojácar

Aliviadero de emergencia de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Los Tamices

Autorizado

Carboneras

Aliviadero de emergencia de la Estación de Bombeo de  Aguas Residuales Carboneras

Autorizado

Roquetas de Mar

Cuatro emisarios submarinos de aguas residuales urbanas y aliviaderos de emergencia

Sin autorización

Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente

En otros casos, la situación es tan grave que tiene que actuar la justicia. En diciembre se conocía la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Ayuntamiento de Vera, la Junta de Andalucía y el Estado español por incumplimiento de la normativa europea de depuración de aguas residuales en la zona del río Antas y la rambla de Mojácar. La Comisión Europea ha advertido a España que emprenderá medidas legales.

PUNTOS NEGROS EN EL LITORAL ANDALUZ. Almería

37. Adra. Tres emisarios con vertidos de aguas residuales sin autorización.

38. El Ejido. Emisario submarino de aguas residuales sin autorización.

39. Roquetas de Mar. Plan de urbanismo que plantea la construcción de 20.000 viviendas. Acantilados de Aguadulce: 440 viviendas. Cuatro emisarios submarinos de aguas residuales urbanas sin autorización. Ampliación del puerto deportivo. Construcción de urbanización y campo de golf en el entorno del Paraje Natural de Punta Entinas- Sabinar en la playa Serena Sur.

40. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar: amenaza de construcción sobre 200 hectáreas.

41. Níjar. Plan de urbanismo que plantea la  construcción de 20.000 viviendas. Agua Amarga: alcalde y concejal de Urbanismo en ese momento imputados por delito urbanístico. Marinas de Agua Amarga: urbanización de 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

42. Carboneras. Hotel ilegal en paraje El Algarrobico pendiente de demolición. Fincas La Loma de La Cañada y Torre del Rayo: vendidas por el ayuntamiento y recalificadas siete meses después. Ampliación del puerto deportivo.

43. Mojácar. 10.000 nuevas viviendas. Playa Macenas: destrucción de rambla para construir 1.400 viviendas, hotel y campo de golf. El ayuntamiento ha solicitado la desprotección de tres LICs.

44. Garrucha. Ampliación del puerto deportivo. Vertidos sin autorización de la Estación de Bombeo de aguas

45. Vera. Plan de urbanismo que plantea la construcción de 118.000 viviendas.

46. Cuevas del Almanzora. Plan de urbanismo que plantea la construcción de 148.000 viviendas.

 

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