El juzgado respalda la polémica construcción de 440 casas en los acantilados de Aguadulce

FUENTE: IDEAL/AGENCIAS / F.GRANADOS. 08-11-07

El juez Rivera desestima un recurso de la Junta contra la licencia de obra concedida por Roquetas La administración andaluza estudia seguir 'peleando' el asunto apelando este auto ante el TSJA

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos ha respaldado la polémica construcción de 440 casas plurifamiliares en los acantilados de Aguadulce (Roquetas de Mar) al desestimar el recurso interpuesto por la Junta contra la licencia de obra concedida a la mercantil Almeragua S.L.

El auto del magistrado Jesús Rivera sostiene en los fundamentos de derecho, según informó el Ayuntamiento roquetero en un comunicado de prensa, que del trámite municipal no deriva que el permiso «contravenga» el planeamiento en su aplicación pese a que la Administración autonómica consideraba como irregularidad el cambio de un 60 por ciento de la edificación de unifamiliar a plurifamiliar.

Los argumentos

El juez asegura que, del examen del expediente administrativo y de la documentación aportada por ambas partes implicadas en la cuestión, se deduce que la decisión de la propia empresa de ejecutar menos obra de la permitida en el Plan Parcial «nunca puede constituir infracción alguna». Otro de los fundamentos que refuerzan la desestimación del recurso de la Junta de Andalucía, según el auto, es que dentro del Plan General de Ordenación Urbana se recoge que los Planes Parciales del mismo -donde se incluye esta actuación urbanística que está transformando el paisaje de la entrada a Aguadulce- «podrán configurar condiciones particulares de usos y ordenanzas de edificación distintas a las previstas inicialmente a través de sus ordenanzas específicas». Es la segunda vez que el juez Rivera desestima una petición de protección de los acantilados frente a la obra. En octubre de 2006 se solicitó, y fue rechazada por Rivera, la concesión de la medida cautelar de suspensión de obras y desmonte en el acceso Este a Aguadulce -en la misma zona- al entender que no existía «prevalencia de un interés general de la Administración autonómica sobre el de la corporación local de Roquetas de Mar».

En el mismo auto advirtió que la licencia para la construcción de sótanos, garajes, locales y 440 viviendas plurifamiliares se otorgó como «desarrollo de un plan parcial aprobado definitivamente en noviembre de 2002» que no consta que fuese impugnado en aquel momento por la Junta de Andalucía -aunque podría haberlo hecho- por lo que, según subrayó, no tendría sentido la impugnación del acto por el que el Ayuntamiento concedió la licencia a Almeragua S.L.

Por su parte, Obras Públicas ha venido defendiendo que el Plan Parcial se aprobó sin los preceptivos informes de la administración autonómica, ha señalado que el 60 por ciento de casas pasaron de ser unifamiliares a plurifamiliares y que el sistema general de espacios libre se había ubicado en zonas que calificó «de difícil uso».

Alegaba, además, un posible incumplimiento de la Ley de Costas al invadir la zona de servidumbre pública del dominio marítimo-terrestre. Por su parte, y ante el varapalo del contencioso-administrativo, la Junta estudia interponer ahora un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra este último auto dictado. El delegado de Obras Públicas y Transportes, Luis Caparrós, detalló que el asunto está en manos del gabinete jurídico de la Consejería «para decidir si procede ejercer el derecho de recurso». A pesar del «respeto absoluto» a la decisión del juez , Caparrós no valoró los argumentos esgrimidos.