Una veintena de constructores, al banquillo por delitos urbanísticos

FUENTE: IDEAL/QUICO CHIRINO Y ANA LÓPEZ. 20-11-07

La Fiscalía del TSJA ha presentado sólo en octubre 18 escritos de acusación y en todos se solicitan cárcel y la demolición de lo construido Las investigaciones por supuestos delitos contra la ordenación del territorio se han multiplicado casi por diez en el último año

Una de las sentencias más llamativas en materia urbanística se ha dado en la provincia de Almería. No hace mucho, el Tribunal Supremo -que son palabras mayores- condenó a tres meses de prisión y a una multa de 540 euros a un ciudadano almeriense por invadir en la playa de Pulpí la cantidad de 1,82 metros cuadrados de litoral con la construcción de un voladizo ilegal en su casa cueva.

El procesado había sido absuelto en noviembre de 2005 por la Audiencia Provincial de Almería, pero la decisión fue recurrida con éxito por la Fiscalía de Andalucía. Ha sentado un precedente.

Lo de menos es el tamaño de la pifia. Da lo mismo que sea un hotel que un modesto voladizo. Es un delito contra la ordenación del territorio en toda regla y si se mete la pata no influye si el fango llega hasta al tobillo o sobrepasa los muslos.

Dicen en la Fiscalía de Almería que están de trabajo hasta arriba. Que probablemente sean los que más asuntos tengan en toda Andalucía. Hay un dato que resulta significativo: las diligencias de investigación penal por delitos urbanísticos han pasado de 13 en 2005 a 116 en 2006, nueve veces más. El motivo no es otro que el «aumento constatado de la actividad delictiva en esta materia», apunta en su última memoria la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJA. La vía de lo contencioso administrativo también está desbordada. Sólo la Junta tiene abierto medio centenar de pleitos contra ayuntamientos por actuaciones supuestamente irregulares.

El efecto es contundente: treinta de los 102 municipios de la provincia están inmersos en procedimientos por delitos urbanísticos dentro de los juzgados. La mayoría se concentran en el valle del Almanzora, en pueblos como Albox, Cantoria, Zurgena o Partaloa.

Los desmanes urbanísticos le han roto las costillas a la provincia y las consecuencias -advierten desde el ámbito judicial- son claras: «Aún cuando en el futuro no muy lejano se adopten resoluciones que acuerden la demolición de lo edificado ilegalmente, el daño al territorio creemos que es ya irreversible e irreparable. La transformación del paisaje, de los modos de vida, de los ecosistemas afectados es de tal magnitud que difícilmente sería posible una reparación», lamenta la Fiscalía en un informe sin desperdicios.

Levantar una vivienda de cualquier forma y en cualquier parte ya no resulta tan sencillo. Quién se atreva a hacerlo puede acabar pagando su osadía con penas de cárcel.

Sólo en el mes de octubre, la Fiscalía de Almería ha firmado 18 escritos de acusación por supuestos delitos contra la ordenación del territorio. Esto significa que, en los próximos meses, una veintena de promotores y algún responsable técnico se sentarán en el banquillo de los acusados. En todos estos procedimientos las peticiones fiscales conllevan penas de cárcel y la demolición de lo edificado.

40 viviendas

En todos los casos se ha eximido a los compradores porque la Fiscalía entiende que actuaron de buena fe. Los 18 procedimientos -todos pendientes del juicio y con la instrucción finalizada- corresponden a las zonas de Vélez Rubio, Huércal Overa, Purchena y Vera. La mayoría son viviendas individuales, salvo una urbanización de 19 casas y otra promoción sin determinar, según las fuentes judiciales consultadas. En total, unas 40 viviendas en la picota.

«Corrupción privada»

Entre las diligencias de investigación penal que se encuentran abiertas las más representativas son las del Algarrobico, en Carboneras, que por su complejidad han necesitado ya dos decretos de prórroga para ahondar en las pesquisas.

Pero las viviendas ilegales se cuentan por miles a lo largo de la orografía almeriense. Una situación originada por la «pasividad, cuando no complicidad» de autoridades, funcionarios y organismos públicos de las administraciones que tendrían que haber ejercido el control.

Así se refiere en un atrevido análisis la Fiscalía de Almería: «Llama poderosamente la atención la actuación de cargos, representantes y funcionarios de ayuntamientos, ya imputados en algunos casos, y la de una serie de profesionales, como técnicos, gestores, compañías de servicios... que incumpliendo sus obligaciones han favorecido esa ilícita actividad, dando lugar a lo que calificamos de corrupción privada».

Una situación de descontrol que ha venido agravada por la ausencia de planes urbanísticos, de un patrón que regule lo que se puede hacer y lo que está prohibido. Un ejemplo: Zurgena, uno de los pueblos con más expedientes abiertos y con mayor número de viviendas ilegales, se rige por un amago de normativa urbanística del año 1979.