¡Centroamérica bajo amenaza ambiental!
Que los procesos de privatización del agua, la deforestación y la minería que favorece a grupos económicos locales y empresas transnacionales, representan una verdadera amenaza ambiental en la región centroamericana revelan ambientalistas del área.
Tegucigalpa,
Honduras.-Esa
fue la conclusión a la que llegaron ambientalistas del área
centroamericana, quienes se reunieron recientemente en Guatemala.
Las apreciaciones fueron recogidas en el marco de un taller de comunicación y administración para la incidencia, impartido del 4 al 6 de diciembre a representantes de unas 30 organizaciones estatales y privadas que trabajen en el tema ambiental. La convocatoria fue girada por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
Alfredo García de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) dijo que El Salvador, “lastimosamente ocupa el segundo lugar de los países más deforestados de América Latina, después de Haití y también San Salvador es una de las capitales más contaminadas a través del aire”.
García agregó que esos niveles de contaminación se comparan con los altos niveles contaminantes con que cuenta el Distrito Federal en México. “El Salvador está enfrentando graves problemas de lo que son desertificaciones en ciertas zonas, llegando a ser el primer país en Centroamérica de convertirse en un desierto producto de la alta deforestación, y la destrucción de los mantos acuíferos ”, aseguró el ambientalista.
Amenazadas reservas hidrográficas
Entre tanto en Nicaragua, el Presidente de la Fundación de Desarrollo de los municipios de Rivas, Octavio Ortega Arana, reveló que la actual Ley del Agua facilita la privatización de los recursos hídricos, que dejarán a las comunidades sin el derecho a este vital líquido.
El dirigente dijo que su organización trabaja en informar a las comunidades sobre los efectos negativos que traerá la aplicación de la Ley de Agua, que permitirá a grupos económicos con la venia de los políticos, adueñarse de importantes reservas hidrográficas en ese país centroamericano.
“La falta de consulta al pueblo, la falta de recursos económicos, la poca alianza que se dio, el poder económico y la indiferencia de la población contribuyeron a que se aprobara la Ley de Agua.
Como no se dio a conocer el contenido de la ley, entonces la población no ha estado informada de esta realidad”, sostuvo Ortega Arana.
Añadió que “estamos trabajando en informar a la población sobre la Ley del Agua y la elaboración de propuestas de participación a las reformas de la ley. Nos propusimos que si se iban a dar las concesiones, se diera el estudio de impacto ambiental, sin embargo todo redunda en las cuestiones políticas”, apuntó.
La
amenaza contra los recursos naturales del istmo centroamericano ha
calado fuerte en la conciencia de la juventud nicaragüense en donde
opera la Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas.
Rafael Estrada sostuvo que la organización tiene 16 años de existir y actualmente están trabajando en 12 municipios de la franja costera del pacífico de Nicaragua.
Estrada dijo que la problemática ambiental es mucha y de repente no se abarca todo, pero hay casos que hemos tocado como el de una laguna que se ubica entre los departamentos de Granada y Masaya que tiene un proyecto turístico que estaría afectando una área protegida en la zona.
Toda la población de jóvenes ambientalistas nos unimos, hicimos una marcha e interpusimos una denuncia ante la Fiscalía y el caso fue bastante sonado por los medios de comunicación, recalcó.
El joven ambientalista agregó que nos llena de bastante regocijo es la firma de una agenda ambiental a nivel de país que expusimos en los comités electorales el año pasado en el mes de noviembre.
Estrada señaló que el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega fue el primero en firmar la Agenda Ambiental y los otros candidatos a cargos de elección popular.
En el tema forestal, Estrada dijo que han hecho muchas propuestas entre varias instituciones rectoras del ambiente, para exigir al gobierno normativas reguladoras de la explotación de la madera en Nicaragua.
En Panamá la organización Consumo Ético está trabajando en la concientización de las comunidades que enfrentan la amenaza de la privatización de sus recursos hídricos.
Yakarta Ríos integrante de Consumo Ético reveló que en Panamá hay una propuesta de ley que busca el ordenamiento del recurso hídrico, pero “el inconveniente que nosotros hemos visto, es que dentro de la normativa hay artículos que prohíben que las personas puedan usar el agua de las fuentes o ríos que hayan sido concesionados”.
Ríos añadió que esto limita las posibilidades de la población para acceder al agua, y tendríamos entonces que el instituto que regula el suministro tendría que comprarle el agua a los dueños de los ríos, y eso no es lo que nosotros queremos; así que estamos llevando una campaña por la no privatización de las aguas y también estamos en la mesa de discusión en la Asamblea de Diputados”.
La organización Consumo Ético ha visitado las nueve provincias del país con el propósito de incidir en las decisiones que tomarán las autoridades locales, regionales, los patronatos y medios de comunicación en un tema tan sensitivo como la privatización de las fuentes de agua.
Hemos hecho talleres y tuvimos una caminata en Boquete, allá el alcalde se ha solidarizado con nuestra causa y nos invitó a una caminata a la falda del volcán a donde fue una gran cantidad de personas, explicó la ambientalista.
Añadió que, “hemos estado llevando una tela de 25 yardas por todo el país, para que la gente la rellene de firmas; es una forma de que la comunidad participe y esté alerta de lo que está pasando.
Ríos dijo que el Parque Internacional La Amistad, está siendo amenazado porque quieren hacer proyectos inmobiliarios en la falda del volcán y no podemos como comunidades, permitir que se nos vaya nuestra vida silvestre, apuntó.
Lucha contra la Minería
En el
tema de la minería, Yakarta Ríos explicó que “hay una gran crisis,
porque existe la minera Petaquilla en la provincia de Coclé, que está
sobre una gran extensión forestal y hay comunidades indígenas dentro,
entonces la compañía ha iniciado los estudios de perforación para hacer
una minera a cielo abierto; entonces hay una gran movilización allá, en
torno a ese tema”.
Aparte de luchar contra los procesos de privatización del agua,
Guatemala y Honduras comparten la problemática de la explotación minera
a cielo abierto, que ha generado severos daños en los recursos
forestales y en la salud de las comunidades expuestas a la explotación.
Estos dos países, se han visto afectados por las operaciones de la empresa canadiense Yamana Gold que ha obtenido ganancias millonarias por la extracción de oro y otros metales.
Actualmente se encuentran en discusión las reformas a la Ley de Minería en la Cámara Legislativa de Honduras. Los grupos ambientalistas agrupados en la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y organizaciones de derechos humanos tratan que los y las diputadas de la Comisión de Dictamen, incluyan las reformas.
Las reformas están encaminadas a que se prohíba de una vez por todas la explotación minera a cielo abierto, que se eliminen antiguas concesiones y que se aumente el canon tributario, ya que actualmente las mineras solo pagan un 1 por ciento de las ganancias reportadas al fisco hondureño.