ÁREA MARINA INFORMA: Ola de protesta internacional contra Monterrico Metals en Londres

03-04-07 (Catapa)

El proyecto Río Blanco supone una amenaza a la agricultura local y al ecosistema único de la Alta Amazonía. A causa de varias violaciones de la legislación peruana e internacional, Río Blanco ha causado un importante conflicto social. Los manifestantes piden a inversionistas no invertir en Monterrico Metals, y demandan al Estado Peruano la paralización del proyecto, y de parar las violaciones de los derechos humanos.

Monterrico Metals plc es una compañía minera británica con sede en Londres que opera exclusivamente en el Perú. Monterrico Metals es dueña del yacimiento de cobre y molibdemo 'Río Blanco', situado en el norte de Perú.

El proyecto Río Blanco que actualmente se encuentra en fase de exploración,  tiene recursos suficientes para convertirse en la segunda mina de cobre más grande del país, iniciando la explotación a partir de 2011.

Miles de campesinos peruanos, juntos con diferentes organizaciones ambientalistas y defensores de los derechos humanos, se oponen ferozmente a la mina de cobre de Río Blanco. La actividad minera contaminará los ríos y afectará la agricultura, lo que es el principal medio de subsistencia de los habitantes en la región. Además, el proyecto Río Blanco, ubicado en la sierra andina, pone en peligro la supervivencia de especies únicas como el oso de anteojos o el tapir andino. La población local demanda la paralización de las operaciones de Monterrico Metals en toda la región, y la anulación de la concesión minera declarando la zona como no apto para actividades extractivas.

Las fuertes protestas contra Monterrico Metals ya cobraron dos vidas y dejaron numerosos  heridos. Dos líderes campesinos fueron asesinados durante las marchas de protesta cerca de la mina situada en el norte del Perú. El 22 de Abril de 2004, Reemberto Herrero Racho murió por el impacto de una bomba de gas lacrimógeno; Melanio García González recibió un disparo el 1 de Agosto de 2005.

El dirigente Nicanor Alvarado Carrasco está viajando por Europa en busca de apoyo internacional. Declara sobre el proyecto Río Blanco: "La Alta Amazonía peruana no es apta para ser una zona minera. Teniendo en cuenta sus frágiles ecosistemas de bosques de neblina y páramos y sus valles con agricultura orgánica, una mina de cobre en el nacimiento de los ríos es lo peor que podría pasarnos. El desarrollo del proyecto Río Blanco causará un prolongado conflicto.

El 3 de Abril a las 8 a.m. comenzará la acción en la sede de  Monterrico Metals: 10 Foster Lane, London.      

La acción está organizada por las organizaciones belgas CATAPA y Friends of the Earth Flandes y Bruselas. Es el inicio de una campaña internacional planificada por CATAPA y sus organizaciones afiliadas.

Ecologistas en Acción-Almería
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(Programa de Recuperación de Fauna Marina de Almería)
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CARTA CONTRA LA EMPRESA MINERA MAGAZ EN PERÚ

Señor Presidente de la República de Perú
Dr. Alan García Pérez
Sr. Ministro de Energía y Minas
Sr. Juan Valdivia Romero
Sra Ministra del Interior
Dra. Pilar Mazzetti Soler
Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísima Señora Ministra, Excelentísimo Señor Ministro,

Me dirijo a Ustedes para expresarle mi profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en el contexto del proyecto Río Blanco operado por la empresa Minera Majaz en la zona norte del Perú. Se puede considerar el caso Majaz como emblemático para el futuro de la zona norte de Perú sabiendo que existe una gran cantidad de concesiones mineras en la región.

La empresa minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo la licencia ambiental para la exploración a través del Ministerio de Energía y Minas, aunque las comunidades campesinas no han sido ni informadas ni consultadas sobre las pretensiones de la empresa. Esto implica una violación flagrante de la ley de Comunidades Campesinas y Nativas (Ley Nº 24656) y de la Ley de Tierras (Ley Nº 26505) y de varios acuerdos internacionales (Convenio Nº 169 con la OIT, suscrito por el Perú). Las comunidades temen que la actividad minera afecte las fuentes de agua que permiten los cultivos. La explotación minera pondrá en peligro las aguas del río Chinchipe y Marañon (afluentes del Amazonas), y, de expandirse a las concesiones aledañas, afectaría también al río Quiroz (cuenca del Pacífico). Con eso se afectarán gravemente las actividades agrícolas de la zona y por ende el derecho humano a la alimentación y al agua, consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Perú es Estado parte.

Es importante señalar que recientemente se ha comprobado por un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo y, en respuesta al informe, por el propio Ministerio de Energía y Minas, que la empresa Minera Majaz incumplió con los principios de legalidad al no respetar los requisitos de funcionamiento para la exploración minera, iniciando operaciones sin contar con la autorización de la población local.

La presencia y conducta agresiva de la empresa Minera Majaz ha generado un conflicto social muy intenso que se ha agudizado debido a métodos cuestionables como el amedrentamiento a dirigentes campesinos, periodistas, religiosos y autoridades. Desde el año 2003, las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba vienen padeciendo problemas de violencia y violación de sus derechos por parte de la empresa. L as protestas masivas contra la minera ya cobraron la vida de dos líderes campesinos y dejaron a varias personas heridas, fruto de la represión generada por las fuerzas especiales de la Policía Nacional que dan seguridad a una empresa que no respeta la ley. El 11 de septiembre del 2006, la empresa publicó un pronunciamiento pidiendo disculpas por los errores del pasado. No obstante, la empresa sigue operando ilegalmente en la zona.

Ante las violaciones y amenazas descritas exigimos:

- El cese inmediato de las operaciones en el proyecto Río Blanco de Minera Majaz, y la consulta inmediata a las Asambleas de las Comunidades Campesinas, como esta previsto por la ley peruana. Las futuras operaciones de la empresa deben sujetarse a la autorización de la población local.

- El retiro de las fuerzas policiales – DINOES – de los territorios de las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas.

- La investigación de las violaciones de derechos humanos de las poblaciones afectadas y de la muerte de Reemberto Herrera Racho y Melanio García González. La indemnización de aquellas/os comuneras/os afectadas/os por la represión generada por la empresa Minera Majaz.

- El respeto y la protección de los derechos humanos de las comunidades históricamente asentadas en las zonas de influencia de las operaciones de Minera Majaz.

Atentamente,

Destinatario de la carta

Presidente de la República

Dr. Alan García Pérez
Palacio de Gobierno

Plaza de Armas s/n, puerta Pizarro
Lima 1
PERU
Fax: 00 51 1 3113911

Sepres@presidencia.gob.pe
lzlatar@presidencia.gob.pe
mcunza@presidencia.gob.pe

Ministro de Energía y Minas

Sr. Juan Valdivia Romero
Av. Las Artes 260, San Borja
LIMA 41
PERU
Fax: 0051 1 224 4490

jvaldivia@minem.gob.pe

Ministerio del Interior

Dra. Pilar Mazzetti Soler

Plaza 30 de Agosto s/n, Urb Corpac, San Isidro
Lima 27
PERU
Fax: 0051 1 225 7234

ocosmin@mininter.gob.pe