LA ALMERÍA HERIDA I : BAJO EL MAR DE PLÁSTICOS

© TEXTO Y FOTOS: JOSÉ JAVIER MATAMALA GARCÍA

Artículo publicado por la revista Foco Sur (1997) : nº 16: 42-45

A priori, la situación ambiental de la provincia de Almería parece estar exenta de los graves problemas que afectan a otras regiones y rincones de esta “piel de toro”. El secular ostracismo y el aislamiento de este extremo de Europa provocó su marginalidad dentro del desarrollismo a ultranza, que caracterizó a las últimas décadas de la dictadura franquista. La escasez de agua y las pésimas comunicaciones, como factores limitantes para el desarrollo socio-económico, mantuvieron a estas tierras en una situación de “indisposición permanente” ante las inversiones, tanto públicas, como privadas. Sin embargo, la saturación de gran parte de la costa mediterránea en una época de apogeo turístico, la revolución agrícola que ha pasado del secano al “milagro” del invernadero, la ausencia de una legislación específica para la instalación de industrias altamente impactantes como cementeras, hidroeléctricas y minería a cielo abierto, ha transformado radicalmente el panorama almeriense en los últimos lustros. Sería injusto no admitir la importancia que estas intervenciones han tenido en la próspera economía provincial, pero podría catalogarse de poco ético no advertir de la onerosa factura sanitaria y ambiental que este espectacular progreso va a pasar a los almerienses del año 2000.

Almería bajo plástico: del secano al invernadero

Los procesos de crecimiento rápido basados en el aprovechamiento de los recursos naturales poseen efectos colaterales indeseables, que pueden repercutir directamente en la salud pública y en el medio ambiente. El tremendo volumen de residuos vegetales y plásticos, el uso y abuso de biocidas (plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) y el agotamiento y contaminación de las reservas hídricas subterráneas, constituyen los principales conceptos de la factura que los almerienses estamos pagando ante esta fulgurante revolución agrícola.   

La superficie de cultivo bajo plástico se ha incrementado espectacularmente durante las dos últimas décadas, convirtiendo a Almería en la mayor despensa hortícola europea y constituyendo el principal eje económico provincial. Este desarrollo ha sido especialmente notable en el Poniente Almeriense donde actualmente existen más de 24.000 Has. de invernadero, lo que supone un 80% de su superficie territorial. En cualquier caso, es un fenómeno en expansión que está afectando a grandes superficies de otras zonas del litoral almeriense, como la Comarca de Níjar e incluso del interior, como la Alpujarra o el Valle del Andarax.

El problema del plástico 

La estructura molecular del plástico lo convierte en un elemento altamente resistente al paso del tiempo y a su degradación natural, características que se potencian en los desarrollados específicamente para uso agrícola. El volumen de residuos plásticos que genera la agricultura almeriense es difícil de cuantificar, aunque puede ser indicativo el hecho de que tan solo en el término municipal de El Ejido se recojan anualmente más de 8 millones de kilos. Esta situación plantea una problemática ambiental sin parangón en el resto de Europa, precisando de actuaciones, tan novedosas, como urgentes.  

La prohibición de la quema incontrolada de estos residuos por su efecto contaminante, aunque sigue siendo un problema solo parcialmente resuelto, ha derivado en la toma de diferentes iniciativas por parte de las Administraciones implicadas. Una de ellas ha sido la puesta en marcha de plantas de reciclado de plástico, en las que se aprovecha parte del material usado para su reutilización. Esta medida, aunque acertada, afecta actualmente a menos de un 50% de los residuos generados por lo que es insuficiente para la resolución global del problema. Sería recomendable desarrollar una política específica no solo de apoyo estatal frente al mercado deficitario que caracteriza actualmente a estas industrias, sino encaminado a potenciar y desarrollar la creación de diferentes utensilios para su utilización en el propio sector agrícola, como barras para la estructura de invernaderos, contenedores, cajas para el transporte de productos, mobiliario urbano, etc.

Otra de las medidas planteadas es la incineración controlada de los residuos plásticos en altos hornos, como los de la central térmica de Carboneras o la cementera de Gádor, substituyendo puntualmente a los combustibles fósiles de uso habitual. Es, sin duda, el método más efectivo y rápido y, probablemente, la única solución eficaz a medio plazo. Además de la emisión de dióxido de carbono, durante la combustión del plástico se liberan diferentes gases, entre los cuales destacan como especialmente nocivos los que se generan a partir de las combinaciones químicas del cloro que contiene. En este sentido, se podrían aplicar medidas profilácticas, como exigir a los fabricantes de plásticos para invernadero la eliminación de este elemento en la manufacturación del mismo, así como su participación económica en los gastos generados durante el proceso de eliminación de los residuos, tal y como se viene realizando en otros países de las U. E.   

Amén de estas acciones de carácter genérico se debe seguir trabajando en el ámbito doméstico y cotidiano. Puntos de recogida y acopio, transporte y vigilancia, campañas de concienciación ciudadana, constituyen elementos básicos dentro de los municipios afectados sin cuya participación el problema será irresoluble. En este sentido, cabe destacar el “Plan de Higiene Rural” desarrollado por el ayuntamiento de El Ejido al inicio de esta década, que puede considerarse pionero y uno de los más innovadores dentro de Almería. Sin embargo, si se pretende una mayor efectividad deberán de estructurarse y potenciarse políticas conjuntas de carácter comarcal y/o provincial. El hecho de que cada uno de los municipios afectados realice planes específicos para la solución de un problema común, contribuye a duplicar esfuerzos innecesariamente y a disipar la efectividad pretendida.

Entre venenos y residuos vegetales

Jean Dorst, en su libro “Antes que la naturaleza muera”, afirma: “Nadie osará ingerir cantidades diez o cien veces superiores a las prescritas por el médico para que el remedio actúe diez o cien veces más rápido; esto es, sin embargo, lo que el hombre ha hecho con los plaguicidas”. De forma gráfica y contundente este mismo argumento puede aplicarse a ciertas comarcas de la Almería de finales del siglo XX. Los biocidas se han convertido en un mal necesario que acompaña a la agricultura, además de constituir uno de los sectores más prósperos de la industria química. Sin embargo, ningún cronista medianamente serio debe obviar el hecho de que constituyen uno de los factores de riesgo más importantes, tanto para la salud pública, como para el medio ambiente. El cultivo bajo plástico absorbe más del 20% de los productos fitosanitarios en España, sin contar aquellos derivados de su venta ilegal. La nocividad de estos elementos no está tan solo en su mal uso y abuso, sino en su propia estructura química.

Los actuales organoclorados son parientes próximos del DDT, prohibido desde hace décadas aunque todavía presente en la mayoría de los seres vivos del planeta. Al igual que éste, se trata de potentes y eficaces venenos capaces de producir cuadros de intoxicación crónica por la acumulación de sus compuestos en nuestro organismo; entre las patologías más frecuentes destacan afecciones del sistema nervioso central, lesiones degenerativas de diversos órganos, especialmente del riñón e hígado, y desarrollo de tumoraciones malignas, como se ha demostrado en animales de laboratorio. Asimismo, poseen un marcado carácter mutagénico; en este sentido destaca el trabajo de García Lirola y Motos Guirao (1991) según los cuales “en la actualidad se dispone de bases científicas como para poder afirmar que un gran número de insecticidas son capaces de producir alteraciones genéticas en el hombre, pudiendo transmitirse a su descendencia en forma de enfermedades y malformaciones, tanto por contacto directo, como por acumulación de estos residuos en el suelo, en los vegetales y en el propio tejido animal”. Los que tienen una mayor probabilidad de afectación por este tipo de patologías son aquellas personas que están en contacto directo con los venenos, aunque queda por analizar cual es el factor de riesgo real sobre las poblaciones aledañas y sobre los propios consumidores de los productos. Aunque existen algunos estudios de autores como Martínez Vidal y Soler Márquez, que coinciden en la necesidad de realizar un seguimiento exhaustivo, tanto médico, como medioambiental, la realidad es que no se están efectuando de forma sistemática estudios epidemiológicos completos y serios, indispensables para evaluar correctamente el alcance y proporción de este problema.

Asimismo, el uso de los organoclorados puede causar importantes pérdidas en las propias cosechas, aparición de formas resistentes al producto, destrucción de especies predadoras y aparición de nuevas plagas que escapan al control de las mismas y alteraciones irreversibles en los ecosistemas donde son utilizados, incluyendo a las aguas subterráneas. Otros productos de uso frecuente son los organofosforados y los carbamatos; altamente tóxicos, presentan la ventaja de degradarse más rápidamente que los anteriores.

Los residuos de vegetales tratados con estos productos presentan una elevada toxicidad y los mismos riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente. Algunas prácticas prohibidas, como la  alimentación del ganado con residuos vegetales, constituyen un atentado directo contra la salud pública y se desarrollan con total impunidad en estas comarcas, como puede comprobarse al recorrerlas. Cabe destacar el esfuerzo realizado por las distintas Administraciones implicadas por controlar y regular el ingente volumen de materiales de deshecho que derivan de esta actividad. A modo de ejemplo, podemos señalar que tan solo en el Poniente Almeriense se generan más de 450.000 toneladas anuales de residuos vegetales, lo que equivaldría a la basura producida por un núcleo de población que contase con un 1.200.000 habitantes.

La creación de un vertedero mancomunado en la Cañada de Onáyar, inaugurado en 1996 es uno de los logros más recientes en esta línea de actuaciones, aunque contrasta con la caótica gestión que se está realizando desde el consorcio creado a tal fina y que va a provocar la clausura prematura del vertedero. Asimismo, parece paradójico que la Junta de Andalucía no tuviera en cuenta la existencia tan evidente de este tipo de residuos a la hora de redactar la Ley de Protección Ambiental, de la que quedan expresamente marginados, y que regula los tratamientos y procesos de eliminación y depósito de los residuos tóxicos y peligrosos en el ámbito autonómico. La concentración en este punto de miles de toneladas de residuos vegetales no tratados está aliviando, de momento, a esta Comarca de la existencia de vertederos incontrolados, que han sido mayoritariamente clausurados. Las medidas de seguridad aplicadas en el vertedero, como el sellado inicial del mismo, no eximen de la responsabilidad de un seguimiento posterior a su clausura. Las sustancias acuosas producto del lixiviado de estos residuos constituirían una amenaza biológica de primera magnitud, en el hipotético caso de una filtración al exterior. Aunque parece improbable que esto ocurra, resulta alarmante la existencia del  “Plan de Defensa Integral frente a las Avenidas del Campo de Dalías” , redactado por Confederación Hidrográfica y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye a la Cañada de Onáyar como lugar de encuentro en la canalización artificial de diversas ramblas, que partirían desde aquí hasta el mar ... .

En cualquier caso, el futuro para la eliminación de este tipo de residuos no puede concluir en ir llenando y tapando boquetes más o menos acondicionados. La magnitud del problema merece un tratamiento específico a medio plazo, mucho más oneroso, pero también mucho más seguro, como es el que ofertan las plantas de transferencia. En este momento está proyectada la construcción de cuatro infraestructuras de este tipo en la provincia de Almería. En una planta de transferencia, acondicionada especialmente para este tipo de deshechos, los residuos vegetales tras su tratamiento podrían convertirse finalmente en abono orgánico y, sus lixiviados, en agua para riego.

La extracción de áridos y la degradación del litoral 

La artificialidad del cultivo bajo plástico implica, en la mayoría de los casos, la construcción de un suelo específico, constituido por arcilla, estiércol y arena. Esta situación ha provocado, durante las ultimas décadas, el nacimiento de un nuevo y lucrativo sector: el aprovechamiento de áridos. Las proporciones de este tipo de actividad son enormes; como ejemplo ilustrativo valga el de la “Cañada de las Norias” (El Ejido) donde, desde 1980, se han extraído aproximadamente 15 millones de metros cúbicos de arcilla, dando lugar casualmente a la creación de un  aguazal de singulares características, que no deja de ser la excepción que confirma la regla.

El impacto ambiental que producen este tipo de explotaciones es tremendo; el daño sufrido en las playas, dunas y ecosistemas de litoral almeriense es algo evidente, sobre todo para aquellos que las visitamos hace no más de veinte años. Si algo caracteriza a este tipo de actividades es su falta de control y aparente impunidad. En un gran porcentaje carecen de licencia de Minas, autorización municipal, informe de impacto ambiental, etc. que, como explotaciones a cielo abierto, tienen la obligación de poseer. Asimismo, los planes de restauración, que deben realizarse antes de dar por clausurada la explotación,  suelen brillar por su ausencia o cuando se realizan no parecerse, ni en la forma, ni en el contenido a lo expuesto en los expedientes. Esta situación es incluso más grave cuando se realiza en algunos Espacios Naturales Protegidos, existiendo otras alternativas como, los denominados “cultivos hidropónicos” (lana de roca), y otros lugares de menor valor ecológico. Ante lo expuesto, parece evidente que es necesario establecer y desarrollar una normativa más restrictiva o, simplemente, aplicar de forma rigurosa la ya existente.

Reflexiones sobre un incierto futuro

La sobreexplotación y contaminación de los acuíferos es un hecho evidente y anunciado. En 1984 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prohibió la construcción de más superficie de  invernadero en el Campo de Dalías, en previsión de lo que entonces eran fundadas hipótesis, aunque los resultados de esta resolución están a la vista de todos. En un entorno subdesértico, como corresponde al litoral almeriense, caracterizado por escasas precipitaciones que cuando se producen son, normalmente de carácter torrencial, por prolongados períodos de sequía y por una tremenda austeridad en sus escasos cursos fluviales, el aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos se ha convertido en la panacea y “patente de corso” para ajardinar el desierto. Sin embargo, este “milagro” presenta signos, cada vez más evidentes (salinización y perdidas de pozos, mayor profundidad de los sondeos, contaminación y disminución del volumen de las aguas continentales, etc.), que anuncian un futuro incierto e inquietante en una provincia ya acostumbrada a los desastres socio-económicos y ambientales como es Almería. Del “siglo minero” (XIX) hemos pasado al “siglo del invernadero” (XX) y repetir la historia es fácil, sobre todo cuando no se analizan los errores cometidos anteriormente, como la mala gestión de los recursos naturales, la perdida de una visión a medio y largo plazo del mercado en pro de un beneficio inmediato y la focalización de la economía provincial en un solo sector.

La situación actual del Campo de Níjar es un claro ejemplo de lo que puede suceder en gran parte del litoral almeriense: el agotamiento de los acuíferos por su sobreexplotación y la exigencia a esa “Caja de Pandora” llamada Administración de soluciones urgentes e inmediatas. Los “magos”, se prestan raudos a esgrimir sus varitas; unos hablan de costosísimas políticas de transvases de gran impacto ambiental y altamente conflictivas en períodos de sequía (recuerdese el contencioso entre las Comunidades de Castilla - La Mancha y Murcia); algunas no dejan de ser cómicas como la propuesta de conexión entre los Embalses de Cuevas y Benínar, que es algo así como comunicar dos vasos, uno medio lleno y otro medio vacío. Otros abogan por las desalinizadoras, ese prodigioso invento que nos permite beber el agua del mar a un precio desorbitado y que suelen ser aprovechadas por algunas generosas multinacionales para camuflar centrales térmicas que, de otra forma estarían tácitamente restringidas.

La falta de planificación y el establecimiento de colonos al más puro estilo del” Far-West” ha sido la tónica habitual durante las últimas décadas en estas comarcas. Parece evidente la necesidad de plantear una política territorial seria, responsable, solidaria, restrictiva y fundamentada sólidamente en argumentos científicos y socioeconómicos, si no queremos perder a la gallina de los huevos de oro que, en este caso, viene avalada por más de 150.000 millones de pesetas en beneficios anuales. De nada sirve rasgarse las vestiduras, en un acto más de comicidad que de responsabilidad política, cuando The Wall Street Journal el pasado 18 de febrero titulaba así uno de sus artículos: “La bonanza de El Ejido podrá estar en peligro”; resulta alarmante la reacción de indiferencia que producen este tipo de declaraciones, cuando son realizadas por alguno de nuestros excelentes investigadores y analistas provinciales. En este mismo artículo D. Manuel Maldonado, concejal del ayuntamiento de El Ejido, afirmaba: “... ¿dónde más en España puede una familia, con solo dos hectáreas de tierra, ser propietaria de una casa de 50 millones de pesetas, un apartamento en la playa de 20 millones, y dos coches, además de disfrutar de vacaciones de tres meses al año?” ; sin lugar a dudas una excelente definición y defensa de lo que es la “cultura del dinero”, donde el fin siempre justifica los medios. La calidad de vida no puede medirse solo en la capacidad para consumir, sino en la calidad de lo consumido; de nada sirve poseer 100 casas de 100 millones de pesetas, cuando se carece de las infraestructuras más elementales en los núcleos urbanos, que hagan más confortable y placentera la estancia de sus habitantes y que contribuyan arraigar a sus poblaciones. 

La idea de que el crecimiento exponencial y sin pausa de la agricultura extratemprana contribuye directamente a un enriquecimiento económico progresivo es un error. La saturación del mercado europeo está produciendo un abaratamiento en los precios de origen, que conlleva a una escalada progresiva del volumen productivo para contrarrestar el déficit; es la "pescadilla que se muerde la cola". Para romper este círculo es necesario, por un lado, limitar la creación de más superficie bajo plástico y, por otro, asegurar los actuales mercados de exportación, aumentando principalmente la calidad y vehiculizando los ajenos a la U. E. a través de los ya existentes en nuestro país, en vez de buscar una confrontación directa que no tendrá resultados positivos a medio y largo plazo.     

Los argumentos expuestos en este artículo no habrán sido del agrado de todos; en cualquier caso, no se trata de agradar, si no de informar a partir de datos lo suficientemente analizados y contrastados. Ojalá hayamos errado en nuestras conclusiones y predicciones; en caso contrario, el más probable, nos gustaría acabar con una frase de Joaquín Araujo: “No hay más bella lucha que aquella que se emprende contra lo irremediable”.