EL DERECHO A LA OPINIÓN DIVERGENTE EN TEMAS AMBIENTALES Y URBANÍSTICOS

Almediam. José Javier Matamala. 28-02-07

Como dice el refranero español “no todo el monte es orégano”,  ni somos exportadores de esta exquisita aromática más ligada a la gastronomía de nuestros vecinos italianos. Aunque todo parece ser orégano para los comensales del “cortijo andaluz”, donde casi todo vale, menos la destreza de mantener principios éticos y morales en materia de políticas ambientales y urbanísticas.

Este Estado de Derecho, adolece de una Ley de Financiación de Partidos Políticos, clara, contundente  y totalmente transparente, que llegue a la población y a su supuesta y denostada capacidad de juicio crítico. El cúmulo de barbaridades urbanísticas amparadas, en algunos casos, en los Planes Generales de Ordenación Urbana –PGOU-, emanados de multicolores municipios, el silencio o tardanza administrativa de los responsables autonómicos en sus respectivas actuaciones legales y legítimas establece la posibilidad de una financiación de miles de millones de euros a través de otro de los dichos del prolijo refranero español “ojo que no ve, corazón que no siente” –quizá legales, pero éticamente inmorales-.

Pero cuando la mirada crítica e independiente asoma a este escenario histriónico sin medida y sin fondo, los avezados comentaristas de lo “políticamente incorrecto” suelen verse sometidos a la querella, a la calumnia y a la persecución personal y laboral, cuando de lo que advierten son directas  irregularidades jurídicas dentro del ámbito del Derecho, de la observación y opinión particular amparadas por la Constitución española, los respectivos Estatutos de Autonomía y la legislación, tanto europea, como internacional.

Muchas y muchos están cansados del “quien calla otorga” y exponen abiertamente sus posiciones en materia de política ambiental. Otros cuestionan al Poder Judicial, no por su supuesta complicidad, sino por su arrogancia y falta de preparación en temas específicos, como medio ambiente y urbanismo. Si las leyes están para cumplirlas, no deja de sorprender la actitud de algunos jueces y fiscales.

“Judicializar” cualquier proceso no es un síntoma de salud democrática. Pero tampoco lo es la prepotencia de ciertas administraciones cuyo objetivo principal es acallar o soslayar la opinión divergente. Precisamente aquella que aporta los elementos para el debate político –que no jurídico-, y estrategias para solventar problemas ineludibles, así como alternativas eficaces.

La caza del librepensador

Se está cayendo en una inicua apreciación entre el disentimiento y la apuesta por fórmulas más eficaces. Quien osa opinar no es bienvenido, se le “apuntan cruces” y es “públicamente repudiado”. En un Gobierno como el Andaluz que lleva ejerciendo su poder durante casi 25 años, conocedor -como lo es- que ganará las próximas elecciones, este trato vejatorio a quienes no comulgan con “la disciplina de partido” y mantienen la libertad como credo es inconcebible. El librepensador, por definición, siempre defenderá y propondrá medidas alternativas. Es lamentable pensar en una “caza de brujas”, por opinar contrariamente al partido reinante, y es una de las causas principales de que muchas políticas sociales no avancen en su justa medida. Gobernar no es imponer criterios axiomáticos –eso lo realizaron espléndidamente los nazis y otros fascistas-, sino abrir frentes para la participación popular, engrandecer la Democracia –con mayúsculas- y, en materia medioambiental y urbanística, oír lo que gran parte de la población reclama.

De nada nos sirve un nuevo Estatuto de Autonomía, sin que aquellas leyes ya elaboradas no se apliquen de forma inmediata. La parte correspondiente a medio ambiente sigue siendo un cuento de hadas, aunque Cenicienta continúa quitándose los zapatos antes de la media noche. Un año ya del cuento de El Algarrobico y no nos cuenten más historias de telenovela. Un ejercicio ineficaz en el mantenimiento de humedales de importancia internacional como las Albuferas de Adra y la cuenca del Río Adra, Charcones de Entinas, Cañada de las Norias –Balsa del Sapo “para despistar”…-, desembocadura de Rambla Morales, río Aguas, río Antas y río Almanzora. Desentendimiento del Salar de Los Canos como humedal protegido por la Normativa Hábitat, al igual que las Salinas de Terreros. Dejación de funciones en la conservación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía –RENPA- como el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar donde se “descalifica” una Vía Pecuaria, llamada Cañada Real de la Costa y se vende al mejor postor. El Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas, donde la extracción de yesos, no sólo ha derrumbado cuevas de valor incalculable, sino que se están agotando los recursos hídricos para el sostenimiento de las mismas. El emblemático Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar donde todos, menos la administración responsable, observa un crecimiento de la superficie invernada, de la urbana y del uso de artes pesqueras ilegales; donde la desembocadura de la Rambla de Morales es una auténtica vergüenza. El Paraje Natural de Sierra Alhamilla donde se han permitido en Lugares de Interés Comunitario los desmontes más importantes dentro de la Unión Europea. Podríamos seguir, pero esta editorial no pretende aburrir al lector.

En el ámbito de los PGOUs, la administración competente parece que aún no tiene claro lo que significa el POTA –y sus flagrantes incumplimientos en el ámbito almeriense- , las responsabilidades que conlleva el mismo y su aplicación. Es increíble que el responsable de Obras Públicas –OP- manifestara ayer, ante la visita de expertos de la CE, que las viviendas ilegales en el Almanzora oscilan entre 5.000 o 6.000; parangonando el tema es como si un responsable sanitario dijera que los casos de meningitis cumplieran la misma ratio. Esto no es de recibo, serio o justificable de ninguna de las maneras. OP  es la primera que tiene que dar ejemplo en este sentido, porque en caso contrario se ha perdido el Norte. Los PGOUs de algunos municipios incumplen claramente el eufemismo de desarrollo sostenible, que no es ni más ni menos que la capacidad de dotación de infraestructuras, ante el lugar más árido del Continente Europeo… y si alguien propone hacer más campos de golf, incluso se lo piensan.

Muy señores míos: el librepensador ejercita el más común de los sentidos, estudia y analiza concienzudamente cada una de las cuestiones que plantea como inviables; apuesta por el desarrollo de las poblaciones, sus empresas e instalaciones, siempre que no causen un daño superior al de su beneficio ciudadano. Pormenoriza cuales pueden ser éstos y propone alternativas viables.

Pero para ustedes un librepensador es, simplemente un escollo en el camino, alguien a quien abatir en el intento de expresarse públicamente, alguien contra quien querellarse en los Tribunales de Justicia, alguien incómodo… craso error en todos los sentidos. Porque quienes conocemos la idiosincrasia, los valores étnicos y biogeográficos de Almería, deberíamos ser, en cualquier caso, una fuente de conocimiento y de consulta, y jamás un trofeo de caza.

Este artículo está dedicado a Pilar Rodríguez e Jose Ignacio Domínguez, letrados con una larga carrera profesional que se ven cuestionados por otros supuestos compañeros y ante la opinión pública, por defender altruistamente lo que han entendido justo y necesario.

José Javier Matamala García

Editor de Almediam: http://www.almediam.org