EL
DERECHO A LA OPINIÓN DIVERGENTE EN TEMAS AMBIENTALES Y URBANÍSTICOS
Almediam. José Javier
Matamala. 28-02-07
Como dice el refranero español “no
todo el monte es orégano”, ni somos exportadores de esta exquisita
aromática más ligada a la gastronomía de nuestros vecinos italianos. Aunque
todo parece ser orégano para los comensales del “cortijo andaluz”, donde
casi todo vale, menos la destreza de mantener principios éticos y morales en
materia de políticas ambientales y urbanísticas.
Este Estado de Derecho, adolece de una
Ley de Financiación de Partidos Políticos, clara, contundente y totalmente
transparente, que llegue a la población y a su supuesta y denostada
capacidad de juicio crítico. El cúmulo de barbaridades urbanísticas
amparadas, en algunos casos, en los Planes Generales de Ordenación Urbana –PGOU-,
emanados de multicolores municipios, el silencio o tardanza administrativa
de los responsables autonómicos en sus respectivas actuaciones legales y
legítimas establece la posibilidad de una financiación de miles de millones
de euros a través de otro de los dichos del prolijo refranero español “ojo
que no ve, corazón que no siente” –quizá legales, pero éticamente
inmorales-.
Pero cuando la mirada crítica e
independiente asoma a este escenario histriónico sin medida y sin fondo, los
avezados comentaristas de lo “políticamente incorrecto” suelen verse
sometidos a la querella, a la calumnia y a la persecución personal y
laboral, cuando de lo que advierten son directas irregularidades jurídicas
dentro del ámbito del Derecho, de la observación y opinión particular
amparadas por la Constitución española, los respectivos Estatutos de
Autonomía y la legislación, tanto europea, como internacional.
Muchas y muchos están cansados del
“quien calla otorga” y exponen abiertamente sus posiciones en materia de
política ambiental. Otros cuestionan al Poder Judicial, no por su supuesta
complicidad, sino por su arrogancia y falta de preparación en temas
específicos, como medio ambiente y urbanismo. Si las leyes están para
cumplirlas, no deja de sorprender la actitud de algunos jueces y fiscales.
“Judicializar” cualquier proceso no es
un síntoma de salud democrática. Pero tampoco lo es la prepotencia de
ciertas administraciones cuyo objetivo principal es acallar o soslayar la
opinión divergente. Precisamente aquella que aporta los elementos para el
debate político –que no jurídico-, y estrategias para solventar problemas
ineludibles, así como alternativas eficaces.
La caza del librepensador
Se está cayendo en una inicua
apreciación entre el disentimiento y la apuesta por fórmulas más eficaces.
Quien osa opinar no es bienvenido, se le “apuntan cruces” y es “públicamente
repudiado”. En un Gobierno como el Andaluz que lleva ejerciendo su poder
durante casi 25 años, conocedor -como lo es- que ganará las próximas
elecciones, este trato vejatorio a quienes no comulgan con “la disciplina de
partido” y mantienen la libertad como credo es inconcebible. El
librepensador, por definición, siempre defenderá y propondrá medidas
alternativas. Es lamentable pensar en una “caza de brujas”, por opinar
contrariamente al partido reinante, y es una de las causas principales de
que muchas políticas sociales no avancen en su justa medida. Gobernar no es
imponer criterios axiomáticos –eso lo realizaron espléndidamente los nazis y
otros fascistas-, sino abrir frentes para la participación popular,
engrandecer la Democracia –con mayúsculas- y, en materia medioambiental y
urbanística, oír lo que gran parte de la población reclama.
De nada nos sirve un nuevo Estatuto de
Autonomía, sin que aquellas leyes ya elaboradas no se apliquen de forma
inmediata. La parte correspondiente a medio ambiente sigue siendo un cuento
de hadas, aunque Cenicienta continúa quitándose los zapatos antes de la
media noche. Un año ya del cuento de El Algarrobico y no nos cuenten más
historias de telenovela. Un ejercicio ineficaz en el mantenimiento de
humedales de importancia internacional como las Albuferas de Adra y la
cuenca del Río Adra, Charcones de Entinas, Cañada de las Norias –Balsa del
Sapo “para despistar”…-, desembocadura de Rambla Morales, río Aguas, río
Antas y río Almanzora. Desentendimiento del Salar de Los Canos como humedal
protegido por la Normativa Hábitat, al igual que las Salinas de Terreros.
Dejación de funciones en la conservación de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía –RENPA- como el Paraje Natural de Punta
Entinas-Sabinar donde se “descalifica” una Vía Pecuaria, llamada Cañada Real
de la Costa y se vende al mejor postor. El Paraje Natural del Karst en Yesos
de Sorbas, donde la extracción de yesos, no sólo ha derrumbado cuevas de
valor incalculable, sino que se están agotando los recursos hídricos para el
sostenimiento de las mismas. El emblemático Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar donde todos, menos la administración responsable, observa un
crecimiento de la superficie invernada, de la urbana y del uso de artes
pesqueras ilegales; donde la desembocadura de la Rambla de Morales es una
auténtica vergüenza. El Paraje Natural de Sierra Alhamilla donde se han
permitido en Lugares de Interés Comunitario los desmontes más importantes
dentro de la Unión Europea. Podríamos seguir, pero esta editorial no
pretende aburrir al lector.
En el ámbito de los PGOUs, la
administración competente parece que aún no tiene claro lo que significa el
POTA –y sus flagrantes incumplimientos en el ámbito almeriense- , las
responsabilidades que conlleva el mismo y su aplicación. Es increíble que el
responsable de Obras Públicas –OP- manifestara ayer, ante la visita de
expertos de la CE, que las viviendas ilegales en el Almanzora oscilan entre
5.000 o 6.000; parangonando el tema es como si un responsable sanitario
dijera que los casos de meningitis cumplieran la misma ratio. Esto no es de
recibo, serio o justificable de ninguna de las maneras. OP es la primera
que tiene que dar ejemplo en este sentido, porque en caso contrario se ha
perdido el Norte. Los PGOUs de algunos municipios incumplen claramente el
eufemismo de desarrollo sostenible, que no es ni más ni menos que la
capacidad de dotación de infraestructuras, ante el lugar más árido del
Continente Europeo… y si alguien propone hacer más campos de golf, incluso
se lo piensan.
Muy señores míos: el librepensador
ejercita el más común de los sentidos, estudia y analiza concienzudamente
cada una de las cuestiones que plantea como inviables; apuesta por el
desarrollo de las poblaciones, sus empresas e instalaciones, siempre que no
causen un daño superior al de su beneficio ciudadano. Pormenoriza cuales
pueden ser éstos y propone alternativas viables.
Pero para ustedes un librepensador es,
simplemente un escollo en el camino, alguien a quien abatir en el intento de
expresarse públicamente, alguien contra quien querellarse en los Tribunales
de Justicia, alguien incómodo… craso error en todos los sentidos. Porque
quienes conocemos la idiosincrasia, los valores étnicos y biogeográficos de
Almería, deberíamos ser, en cualquier caso, una fuente de conocimiento y de
consulta, y jamás un trofeo de caza.
Este artículo está dedicado a Pilar
Rodríguez e Jose Ignacio Domínguez, letrados con una larga carrera
profesional que se ven cuestionados por otros supuestos compañeros y ante la
opinión pública, por defender altruistamente lo que han entendido justo y
necesario.
José Javier Matamala García
Editor de Almediam:
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