|
Otros factores que potencian la desertización. Uno de los factores que influyen directamente en el aumento de la erosión, dentro del marco de las repoblaciones forestales, son las roturaciones de los terrenos en pendiente con maquinaria pesada, que producen una irreparable destrucción del suelo. Los aterrazamientos resultantes ofrecen un blanco perfecto sobre todo para la erosión hídrica. Esta práctica es frecuente en la actualidad y común también dentro del medio agrario, lo cual no deja de ser sorprendente si partimos de la base de que España mantiene una oferta agrícola excedentaria dentro de la Unión Europea.
En cualquier caso, la solución a este problema podría pasar por la limitación de las áreas de cultivo y repoblaciones forestales en las citadas condiciones y por la repoblación manual, respetando franjas de vegetación preexistentes para reducir al máximo la erosión. La quema de rastrojos y matorrales, prohibida en la mayor parte de los países comunitarios, es otro de los nefastos hábitos de esta España en llamas. Práctica habitual en los campos almerienses, continua utilizándose con el objeto de limpiar y preparar la tierra para nuevos cultivos. Entre otros efectos negativos que produce esta actividad destacan su contribución directa al empobrecimiento del suelo y al efecto invernadero; es causa de un importante número de incendios forestales, sobre todo en época estival; produce una gran mortandad de fauna de pequeño tamaño y microscópica y favorece la erosión al provocar la denudación del suelo. Actualmente esta práctica está regulada durante los meses estivales en algunas comunidades autónomas como la andaluza. Sin embargo, es una medida parcial, poco rigurosa y difícilmente controlable. Parece más coherente desarrollar otro tipo de alternativas como la recogida de estos desechos orgánicos y su traslado a plantas de tratamiento de residuos agrícolas para su transformación en abonos orgánicos. El agua es un bien escaso en las zonas áridas, donde su presencia delimita las áreas de actividad humana. En este tipo de hábitats, donde el equilibrio ecológico es muy frágil, una inadecuada explotación de sus recursos suele ir acompañada de la destrucción del mismo y, por ende, del aumento de los procesos erosivos. Según recientes estudios encargados por el Parlamento Europeo a la Universidad Politécnica de Valencia, la explotación de los recursos hídricos en algunas provincias del Sudeste español como Almería, Murcia y ciertas zonas de Alicante, llega a superar hasta el 150 % de su capacidad, muy por encima del resto de las explotaciones de acuíferos en Europa.
El problema es especialmente grave si se tiene en cuenta que la explotación de los recursos hídricos va directamente relacionada con la agricultura y con el aumento de la población, sobre todo cuando este tiene carácter estacional. En este sentido los agricultores que no tengan agua con la suficiente calidad para regar sus cultivos, no tendrán otra opción que la de abandonarlos desapareciendo entonces la única barrera, aunque artificial, contra el inexorable proceso de desertización. Las políticas que pretenden solucionar estos problemas a través del desarrollo de trasvases desde otras cuencas hidrográficas más ricas son cuanto menos inquietantes. La mayoría de los ecólogos españoles coinciden al afirmar que los daños que estos macro proyectos causarán en el medio ambiente, pueden superar con creces los supuestos beneficios económicos y sociales que se persiguen a corto plazo. El avance del Plan Nacional de Regadíos prevé la ejecución de 157.034 nuevas hectáreas de regadíos en los próximos 10 años. Ante estas previsiones cabe preguntarse cuál es el sentido de semejante ampliación cuando todavía no se ha podido asegurar el futuro de muchos de los cultivos que ocupan la superficie de regadío, dentro del contexto comunitario. Por otro lado, cabe destacar los ciclos de evolución y declive de los entornos económicos, especialmente graves cuando la agricultura es un sector primario y la evolución europea occidental va por los derroteros del sector terciario. El aprovechamiento de los recursos hídricos en Almería ha pasado, a lo largo de los últimos años, por una profunda y necesaria racionalización de los mismos. Sin embargo, lo que aún queda por racionalizar es el destino del recurso, es decir, hacia dónde van a orientarse los niveles finitos del agua, atendiendo a parámetros tan críticos como la necesidad, la productividad y la sostenibilidad, lo cual es una tarea tremendamente compleja. Entre otras medidas que podrían contribuir positivamente a eludir la sobreexplotación actual de este recurso, cabría destacar ciertas acciones como evitar el aumento innecesario de las superficies cultivadas, adecuar las redes obsoletas, evitar la exposición directa al sol de balsas y canalizaciones disminuyendo así la elevada evapotranspiración que se produce, reorganizar la explotación del suelo adecuándolo a su potencialidad real y, en definitiva, realizar un aprovechamiento más coherente de los recursos naturales. Paradójicamente, el abandono del medio rural y de las actividades agrícolas tradicionales, sin ser sustituidas por otros usos positivos del suelo, favorece la pérdida de tierra fértil, una mayor incidencia de los procesos erosivos y el desencadenamiento final de procesos de desertización. El suelo no es un recurso finito como el agua, pero sí es limitado, con la diferencia que sí se sabe, desde el primer momento, de cuanto se dispone y en que condiciones. Según Eduardo de Miguel Beascoechea, responsable del Área de Agricultura en el Fondo del Patrimonio Natural Europeo, la actual política de abandono de tierras de cultivo que favorecen las directrices de la Política Agraria Comunitaria (PAC), está produciendo un fenómeno de gran repercusión social y ambiental. La población activa agraria ha disminuido del 27% al 8% en los últimos 20 años y se han dejado de cultivar medio millón de hectáreas. El abandono de las explotaciones extensivas tradicionales, el abuso de los cultivos arbóreos de secano, como el olivo y el almendro, directamente relacionados con los fenómenos de erosión grave, están bajo el auspicio de la PAC contribuyendo directamente al avance del desierto en regiones como Almería caracterizadas por la gran fragilidad de los ecosistemas que la integran. Otra de las sobreexplotaciones clásicas de estos secarrales es la ganadera. Como auténticos “cortacésped”, el hambriento y voraz ganado aprovecha cualquier brote vegetal en estos áridos paisajes, provocando una progresiva denudación del suelo que, incapaz de regenerarse cuando la presión predadora supera a sus ciclos biológicos, queda a expensas de los implacables procesos erosivos.
Parece necesario establecer las bases para realizar un control realmente efectivo, sobre la cabaña ganadera, especialmente dentro de ambientes áridos donde la presencia abusiva de algunas especies, sobre todo de cabras, es un factor potencialmente negativo para la conservación de la cubierta vegetal y el mantenimiento del suelo y en ningún caso potenciar su incremento como así lo proponen ciertas tendencias dentro de la U.E. Algunas prácticas tradicionales como la recolección de plantas aromáticas, frecuente en los eriales españoles, constituye otro de los factores desestabilizadores de estos hábitats. Cuando la recolección de ciertas especies de romero, y sobre todo de tomillo, pasa de un uso familiar enmarcado dentro de un contexto económico de subsistencia a fines claramente industriales, se produce un desajuste entre el aprovechamiento y la conservación de los recursos. La Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con la propia Ley de Montes pueden ser efectivas en el control de estas actividades, aunque deben contemplar su actuación sobre zonas rurales deprimidas donde este tipo de aprovechamientos suele contribuir al mantenimiento económico familiar. La proliferación de vehículos todoterreno, también denominados 4 x 4, es un fenómeno intrínseco a las últimas décadas. Actualmente más de 200.000 unidades corresponden a este tipo de automóviles, un 2% del parque móvil nacional. En un plazo relativamente corto, se ha pasado del omnipresente “seilla” a los potentes “todoterrenos” capaces de llegar a casi cualquier sitio, de forma que pocos rincones de este cuero herido permanecen aún exentos de las huellas de sus anchos neumáticos y del rugido ensordecedor de sus muchos caballos... de vapor. Situación similar ocurre con las motos de trial que superan con creces el “carácter depredador” de los vehículos a cuatro ruedas. Afortunadamente la mayoría de estos vehículos nacen y mueren en el seno de las grandes ciudades, como atributos de un extraño concepto de las apariencias sociales. Sin embargo, un porcentaje importante merodea en los montes españoles; algunos de forma organizada y bajo condiciones que garantizan un impacto ambiental mínimo. Otros, descontrolados y al arbitrio de sus osados jinetes que parecen querer demostrar sus casi ilimitadas capacidades de pernada sobre la naturaleza, pese al olor de embragues quemados. España, país montañoso por excelencia, mantiene cientos de miles de kilómetros en caminos forestales, pistas rurales, caminos de montaña, rayas de montería y complejos deportivos de alta montaña. Cicatrices que no contribuyen a evitar los procesos erosivos, si no más bien a aumentar las áreas desgarradas. Es necesario establecer un marco de medidas legales capaces de frenar ciertas modas o tendencias sociales, que no por momentáneas son menos dañinas. El control efectivo de la circulación fuera de las pistas expresamente indicadas, la prohibición del acceso a zonas potencialmente peligrosas durante el estío por ser víctimas propiciatorias de los incendios forestales, la austeridad y cautela a la hora de establecer nuevos caminos forestales, el respeto de esas grandes olvidadas que son las vías pecuarias, son algunas medidas, sin duda nada populistas, pero necesarias si se pretende establecer una política preventiva adecuada. |