El acoso psicológico a los funcionarios podrá acarrear en Andalucía el despido del agresor

Sandra Fernández / Sevilla. www.Ideal.es . 13-01-03

La Consejería de Justicia y Administración Pública tipificará como infracción muy grave el acoso moral y psicológico que sufran los trabajadores de la Administración autonómica.

Con esta medida, la Consejería pretende evitar que se produzcan este tipo de situaciones y las graves consecuencias y secuelas que suele provocar en los empleados públicos que son víctimas de este acoso, conocido como mobbing .

El anteproyecto de la futura Ley de Función Pública contempla en su artículo 39 las sanciones que serán susceptibles de imponer cuando la Administración detecte estos casos.

Así, los responsables de este tipo de acoso podrán ser condenados a un cambio forzoso de puesto de trabajo que implique un traslado de lugar de residencia; también podrán ser suspendidos de empleo y sueldo por un periodo superior a los tres años, y la sanción máxima prevista será la separación definitiva del servicio.

La normativa incluye 16 faltas tipificadas como muy graves, entre las que se encuentran el abandono de servicio, la realización de una actividad incompatible con sus funciones, la infidelidad a la Constitución o la discriminación por raza o sexo.

El director general de la Función Pública, Vicente Vigil-Escalera, asegura que no tienen conocimiento de que funcionarios de la administración andaluza hayan sufrido este fenómeno, aunque sí reconoce que llegan 'quejas' sobre el trato entre unos trabajadores con otros, «que nunca han terminado en denuncias».

Las sanciones se establecerán -según el anteproyecto- atendiendo a la gravedad del hecho y serán medidas teniendo en cuenta la intencionalidad del autor, su reincidencia, la naturaleza de los daños y la perturbación del servicio.

Investigación

De este modo, y cuando se efectúe una denuncia por mobbing , la administración, a través del servicio de inspección de personal, abrirá una investigación para conocer en profundidad los hechos.

Si existe un caso concreto, es decir, varias quejas por el trato de un misma persona, se extenderá entonces un expediente disciplinario con el objetivo de detectarlo e investigarlo.

Justicia y Administración Pública ha solicitado al resto de las consejerías y departamento del Gobierno andaluz que presten atención especial a la prevención de estos casos y que ofrezcan un tratamiento adecuado para la erradicación de los mismos.

Con esta iniciativa, la Junta da respuesta a la petición realizada desde el Defensor del Pueblo andaluz, que instaba al Gobierno autonómico a atender los casos de acoso moral y psicológico en la Administración como un riesgo emergente, por lo que exigí la promulgación de medidas legislativas para la tipificación de estos casos como infracciones administrativas.

Aunque, por el momento, la incorporación en la futura ley de tipificar como infracción grave el acoso moral y psicológico a los funcionarios no ha contado con la opinión ni el beneplácito de los sindicatos, Vigil-Escalera se muestra convencido en que no encontrará ningún obstáculo.