Histórico informe insta a que se lleven a cabo reformas de gobernabilidad para detener el deterioro del medio ambiente mundial

Portal del Medioambiente. 14-07-03

PNUMA

A través del informe se invita a los gobiernos a que incluyan al público en la toma de decisiones que afectan los ecosistemas, y a que integren los efectos ambientales en la adopción de decisiones económicas. Asimismo se identifica el acceso del público a la información proveniente de los gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales como un precursor necesario para lograr un mejor desempeño ambiental. En el informe se arguye que una mayor transparencia y rendición de cuentas puede contribuir a una gestión más justa y efectiva de los recursos naturales.

“Se han logrado grandes avances y éxitos en lo que se refiere a unir a diferentes sectores de la sociedad y a diversos grupos de interés en favor de una causa común: salvar el planeta Tierra”, afirmó Klaus Toepfer, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) durante el lanzamiento de World Resources Report 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, Voice, and Power. “Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y los ciudadanos están más conscientes de lo que se requiere hacer y ciertamente están actuando. Pero, como lo muestra la evidencia sobre el continuo deterioro y colapso de muchos de los sistemas que sostienen la vida del planeta, esto no es suficiente y se requiere una acción más enfocada y concertada”.

Estadísticas extraídas de World Resources 2002-2004 muestran una dependencia generalizada del ser humano de aquellos ecosistemas que mantienen la vida de la Tierra y que se encuentran en franco deterioro. Una de cada seis personas depende del pescado para obtener las proteínas que necesita, aun cuando el 75% de las pesquerías del mundo ha sufrido sobrepesca o ha sido explotado hasta su límite biológico. De cada 100 personas, cerca de 41 viven en cuencas hidrográficas que sufren de tensión hídrica. Casi 350 millones de personas dependen directamente de los bosques para su supervivencia, aun cuando la superficie boscosa ha disminuido en un 46% desde los tiempos anteriores a la agricultura. Aproximadamente la mitad de la población del mundo vive con menos de US$2 al día.

“Las comunidades pobres son particularmente vulnerables a una deficiente gobernabilidad ambiental, dado que éstas dependen más de los recursos naturales para asegurar sus ingresos y subsistencia”, declaró la doctora Kristalina Georgieva, directora del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial. “[Asimismo] tienen menores probabilidades de poseer los derechos de propiedad que les confieren control legal sobre esos recursos”.

En World Resources 2002-2004 se afirma que la mejor manera de forzar a los gobiernos a actuar es potenciando a los ciudadanos para que así lo exijan mediante un mayor acceso a la información, participación y justicia en la toma de decisiones relativas al medio ambiente. Cuando aquéllos quienes están en favor del medio ambiente y de los pobres tienen un lugar en la mesa de discusiones, las decisiones que de allí resultan tienen mayores posibilidades de promover la sostenibilidad ecológica, la equidad social y una resolución de conflictos duradera.

“La democratización de los procesos decisorios es una de las vías más expeditas para adoptar mejores decisiones ambientales”, afirmó Jonathan Lash, presidente del Instituto de Recursos Mundiales (WRI). “Asimismo funciona como una palanca poderosa para una mejor gobernabilidad en general, dado que la gente está dispuesta a comprometer a sus gobiernos en decisiones que tienen que ver directamente con su salud y bienestar”.

Un estudio de nueve países realizado a través de The Access Initiative, un esfuerzo colaborativo de WRI y 24 grupos de la sociedad civil, indica que si bien es cierto que se ha progresado en lo que hace a promover la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones ambientales, todavía queda mucho por hacer para mejorar tanto la legislación como la práctica.

El PNUD, el PNUMA el Banco Mundial y WRI se han comprometido a mejorar la gobernabilidad ambiental a través de la Alianza por el Principio 10, en colaboración con la Unión Europea, la Unión Mundial para la Conservación, los gobiernos del Reino Unido, Chile, Hungría, Italia, México, Suecia y Uganda, y con organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Esta coalición recibe su nombre de aquella sección de la Declaración de Río donde se hace un llamado para aumentar la participación pública en la adopción de decisiones que afectan el medio ambiente.

World Resources 2002-2004 informa sobre cómo están respondiendo las corporaciones a las exigencias que se les hacen de que sean más transparentes y rindan cuentas en un contexto de globalización económica. También documenta el número creciente de organizaciones de la sociedad civil y su papel cada vez más amplio en lo que se refiere a enfrentar los desafíos ambientales, tanto en el ámbito local como mundial. En el informe se afirma que mejorar el acceso público a la información y a la toma de decisiones es una forma de garantizar que se integren plenamente las consideraciones ambientales y sociales a las políticas de desarrollo económico.

“Para el PNUD, el desarrollo humano y el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio dependen de una gobernabilidad justa y efectiva. Uno de los pilares centrales del trabajo del PNUD es fortalecer las voces de la sociedad civil, particularmente las de los pobres y marginados, en los procesos que dan forma a las políticas que tienen impacto en el medio ambiente y en sus fuentes de sustento” afirmó Mark Malloch Brown, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

World Resources 2002-20004: Decisions for the Earth es la décima edición de una serie de informes bienales sobre temas atinentes al medio ambiente y al desarrollo global que se inició en 1984. A partir de 1988 ha sido publicada conjuntamente por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).