Tres departamentos del Gobierno andaluz no encuentran solución a la regulación de los campos de golf desde que en el año 2000 se pusieron manos a la obra para redactar un decreto que complete la vaga normativa existente en la materia.

El enfrentamiento mantenido entre los departamentos de Obras Públicas, Turismo y Medio Ambiente a cuenta de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo –escenificado el pasado día 26 en el Pleno del Parlamento, con el frustrado intento de aprobación a última hora de varias enmiendas al texto– no es sino la consecuencia de la falta de criterio a la hora de resolver la ecuación crecimiento económico versus protección ambiental.
Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por esta redacción han confirmado la existencia de graves diferencias en su seno a cuenta del futuro de los campos de golf y del decreto que los regulará, sobre el que se han redactado ya, al menos, tres borradores, ninguno de ellos definitivo. En todos ellos se sostiene, en líneas generales, que un desarrollo sostenible pasa por desvincular los nuevos campos de golf de proyectos de construcción de grandes urbanizaciones para delimitar los usos estrictamente deportivos de los puramente inmobiliarios.

Así, mientras en el primer borrador se indicaba que por cada hectárea de campo debía haber, como máximo, una vivienda o plaza hotelera, de tal manera por campo existieran en torno a 60 u 80 plazas, en el último esa cifra se multiplica por tres, hasta 200, una cantidad que para los promotores es insuficiente por su baja rentabilidad, ya que les obligaría prácticamente a rebajar a una quinta parte las previsiones de edificación que manejan en los más de 130 proyectos pendientes de una definición normativa exacta.

La oposición de los promotores a esta redacción del decreto es compartida por la Consejería de Turismo y Deporte, que rechaza de plano las limitaciones que se pretenden establecer desde los departamentos de Obras Públicas y Medio Ambiente. Otra Consejería, la de Economía y Hacienda, con su titular al frente, José Antonio Griñán, pretende ahora tomar cartas en el asunto ante el temor de que se ponga en riesgo una de las estrellas de la industria turística: según los empresarios del sector del golf, éste genera cada año entre 1.500 y 2.000 millones de euros en ingresos.

La normativa andaluza sobre los campos de golf se recoge de forma muy precaria en la Ley de Protección Medioambiental, de 1994, en un epígrafe dentro de un anexo, que no prevé, por ejemplo, la existencia de un registro de campos de golf o que no requiere informe ambiental a los proyectos ubicados en suelo urbano.

Pese a que tanto Izquierda Unida como Los Verdes han reclamado la aprobación de una moratoria para la construcción de campos de golf por considerar que sus necesidades de agua son incompatibles con el medio ambiente, más aún en periodos de sequía como el actual, en la práctica, la ausencia del decreto actúa como tal debido a que los promotores han optado por esperar para conocer si sus previsiones se confirman o se vienen abajo.

Los empresarios también están condicionados por la obligada remodelación que tienen que experimentar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) para su adecuación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) antes de enero de 2007, por la ausencia de muchos de los Planes subregionales de Ordenación del Territorio –tan sólo se han aprobado cinco del total de 19 previstos en la comunidad autónoma– y por el retraso en la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), actualmente, en periodo de alegaciones.

El pasado viernes, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, reiteró en comisiónn parlamentaria su voluntad de sacar adelante el decreto sobre campos de golf, aunque no puso fecha para su aprobación. En réplica, el diputado de Izquierda Unida Ignacio García se preguntó con ironía si la Consejería de Turismo "va a gestionar parte del suelo".

La preocupación por las reformas legales pendientes es compartida por Los Verdes, que quieren abrir un debate con sus socios del PSOE sobre la modificación de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que en la actualidad prevé la reserva del 51 por ciento del suelo a hoteles y del 20 por ciento a VPO en los proyectos turísticos, y la aprobación del decreto de golf. Ambos partidos han fijado una reunión de su llamado comité de enlace para el próximo día 10, en Sevilla.