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Narbona ordena la expropiación inmediata de parte del hotel que se construye en el Cabo de Gata EL MUNDO/OLALLA CERNUDA/GUSTAVO CATALÁN DEUS. 21-11-05 El Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado el inicio inmediato de un expediente de expropiación de la parte del hotel que se construye sobre la zona de servidumbre de la playa del Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata. La iniciativa afecta desde la orilla de la playa hasta 100 metros de distancia, mientras la decisión sobre el resto del complejo depende de la Junta de Andalucía. La actuación del gabinete de Cristina Narbona tiene como finalidad proceder a la demolición de ese volumen de obra, que afecta a más de la mitad de la gigantesca edificación, entre otros la piscina, el hall de entrada y los primeros pisos del complejo. Según declaró el director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, la pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía, "que es quien tiene la responsabilidad de la paralización de las obras y debe hacerlo de forma inmediata". La organización considera que el paso dado por el Ministerio "es valiente", y supone un avance "en la dirección correcta", aunque señalan que es la Junta quien debe ahora "ser coherente con las medidas del Ministerio y poner freno al proyecto para finalmente derribar todo el edificio". El hotel cuenta con 22 plantas de altura en forma de pirámide truncada. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, en base a una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano. Al contar con licencia de obras municipal, la expropiación implicará el pago de una indemnización a la empresa promotora del hotel, que hubiera contado con más de 400 habitaciones. La actuación del Gobierno, que se inicia pese a que sus competencias son sólo en el dominio público (hasta donde llega el arenal, a 28 metros del agua), pretende parar una actuación ilegal privada en una zona protegida del litoral. A partir del expediente del Ministerio de Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía no le quedará otro remedio que actuar en la zona de servidumbre que es de su competencia, y que se extiende desde donde termina la arena de la playa hasta los 100 metros. La Administración andaluza siempre ha considerado que no podía ejercer su autoridad en este polémico proyecto. La organización Greenpeace, que la semana pasada ocupó de forma simbólica el edificio para denunciar su ilegalidad y pedir su derribo inmediato, presentó el pasado viernes dos denuncias contra la Junta de Andalucía y el Gobierno central, para que eviten que una obra "ilegal" consiga establecerse pese a estar fuera de la ley
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