El hotel de El Algarrobico será demolido totalmente

EL MUNDO/ALMERIA/ MARISOL TERAN. 02-12-05

La empresa promotora Azata señala que los informes técnicos indican que no es posible una demolición parcial del equipamiento de Carboneras.

El hotel que promueve la empresa Azata del Sol en Carboneras desaparecerá por complejo. Así lo advirtió ayer la sociedad, que aseguró que el proyecto sólo puede seguir en pie si se respeta en su integridad. La demolición de una sola pieza -como representaría la expropiación parcial anunciada desde el Ministerio de Medio Ambiente- supondrá su destrucción total.

El portavoz de la firma, Antonio Baena, destacó que es posible cualquier «amputación» de esta estructura, que está formada por 22 pisos y más de 400 habitaciones.

«Cualquier trozo que se le quite al hotel destruye la totalidad. Si quito un trocito de abajo a 400 habitaciones, se me cae el andamio entero porque de la estructura que soporta el edificio no se le puede quitar un trozo», aseguró el representante de Azata, quien sostuvo que hay informes técnicos que avalan esta declaración, según informó Europa Press.

La advertencia no supone por parte de la promotora una renuncia a esta instalación, cuya puesta en marcha ha anunciado para el próximo mes de febrero. Por el contrario, Baena anunció que defenderá el hotel «no sólo porque es legal, sino porque forma parte de un desarrollo urbanístico aprobado y es soporte de un desarrollo turístico».

Azata ya ha adelantado que está dispuesta a acudir a todas las reuniones a las que sea citada, pero su posición no será la de negociar una fórmula de expropiación o demolición. Su apuesta es el mantenimiento del hotel en su integridad.

La promotora está convocada a un encuentro en Madrid para después del puente festivo de la semana próxima. A la reunión con el Ministerio de Medio Ambiente asistirán representantes de las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente de la Junta. De hecho, la consejera Fuensanta Coves sostuvo ayer que la convocatoria tiene como objetivo presentar a Azata las «propuestas ya claras» que el Gobierno autonómico quiere ofrecer a la empresa.

No se descarta la participación de la plataforma que el alcalde de Carboneras, el socialista Cristobal Fernández, ha impulsado en la localidad para defender el hotel. La intervención de esta asociación que el Ayuntamiento califica como «ciudadana» cuenta con el respaldo de Coves, pero también de la constructora.

La consejera adelantó que la asistencia del grupo «será una petición que el Ministerio de Medio Ambiente aceptará porque cuanta más gente lleguemos a un acuerdo, mucho mejor». 

La responsable de la Junta insistió además en la defensa de una solución «pactada». En sus declaraciones públicas, la Administración andaluza no contempla, sin embargo, que el pacto alcance a las organizaciones ecologistas, que se ha movilizado insistentemente por la demolición total del hotel por considerarlo ilegal al invadir tanto la franja costera protegida por la ley como por vulnerar, supuestamente, la normativa reguladora de los usos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En este sentido, Fuensanta Coves siguió con sus ataques a los conservacionistas y rechazó nuevamente los argumentos de éstos que advierten de que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales prevalece sobre las normas locales y, por lo tanto, los permisos y planes del hotel no se ajustan a la legalidad.

Greenpeace exigió ayer a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, al director del Parque Natural, al Ayuntamiento de Carboneras y al Registro de la Propiedad de Vera que «cumplan la legislación vigente y paralicen de forma inmediata las obras del hotel», que siguen en marcha pese al anuncio de expropiación realizado desde el Gobierno.

«Con la ley en la mano, las obras de El Algarrobico no pueden continuar ni un minuto más. Las administraciones están obligadas a cumplir la legalidad vigente», señaló la responsable de la campaña de Costas de la organización ecologista, María José Caballero.

Coves responsabiliza al Gobierno por no actuar en 17 años

ALMERIA.-«Esta situación estaría resuelta si se hubiese realizado el deslinde». Esta acusación contra el Gobierno no la plantean los colectivos ecologistas, sino la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Fuensanta Coves, que ayer recordó que la Ley de Costas fue aprobada por el Ejecutivo de Felipe González en 1988 y no se ha puesto en práctica todavía en Carboneras ni en la mitad del litoral de la provincia.

En su línea de los últimos meses de derivar responsabilidades al Gobierno central, Coves indicó que la expropiación del hotel «la paga, evidentemente, el Ministerio de Medio Ambiente», al que dirigió críticas por no haber acordado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en los 17 años que lleva en vigor la Ley de Costas.

La responsable de Medio Ambiente de la Junta repitió además su defensa de la legalidad de esta operación urbanística. «La declaración de cualquier espacio protegido no significa abolir derechos adquiridos con anterioridad. Se tienen que respetar los derechos de la propiedad, si es que lo hay. Esa zona siempre fue urbanizable, desde el año 1988, antes de la declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y de la ampliación del mismo.

Fuensanta Coves aprovechó ayer para salir en defensa de su delegado en Almería, Juan José Luque, frente a las advertencias por no cooperar con el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo. En este sentido, la consejera aseguró que «siempre ha habido una magnífica colaboración entre el defensor del Pueblo y la Consejería» y adelantó que, «si hay algún documento que falta, se le enviará con carácter inmediato».

La actuación de Luque se encuentra en entredicho -hasta el punto de que se arriesga a ser declarado persona «hostil»- porque no ha remitido la información que se le ha requerido desde la oficina de Chamizo en relación con dos promociones urbanísticas en suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y que han sido denunciadas desde el movimiento ecologista.