Gutiérrez indicó que la "inmensa" mayoría de los municipios que tienen avanzado su planeamiento son localidades de relevancia territorial, a las que ya le afectaba la medida de reservar el 30 por ciento del suelo para vivienda protegida, en base a la Ley de Ordenación Urbanística, aprobada en el año 2002.

La consejera aseguró que "son muy pocos los municipios de menos de 20.000 habitantes que han visto revisada sus norma" con anterioridad a la nueva ley, con lo que considera que su entrada en vigor no supondrá un retraso para el planeamiento.

Según dijo, tampoco supondrá ningún impedimento para su entrada en vigor la próxima Proposición de Ley que se llevará al Parlamento a propuesta del PSOE-A para modificar la recién creada Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

"Lo que hace la Proposición de Ley es suprimir una interpretación del suelo turístico, concepto que no estaba incorporado aún a nuestro ordenamiento de planeamiento, porque era un concepto nuevo que se incorpora a la Ley de Ordenación Urbanística que aprobó el Parlamento en 2002", explicó.

Por lo que, Gutiérrez aseguró que aunque se suprime la mencionada interpretación, que supuso la apertura de un tenso debate con las empresarios de la construcción, esta modificación "no afecta al resto de la ley".

Gutiérrez agregó que el objetivo fundamental de la nueva ley es la obligación de reservar el 30 por ciento del suelo para vivienda protegida, "cuando en la Ley de Ordenación Urbanística se hacía únicamente en los municipios grandes, mientras que ahora se extiende a todos los municipios".

"Se hace porque, en este momento en el que se construye más que nunca, es más difícil acceder a una vivienda para muchos jóvenes", apuntó la consejera, que recordó que en Andalucía hay más de dos millones de jóvenes entre 20 y 35 años, y 1,2 millones de ellos estarían dispuestos a independizarse y no pueden por la dificultad de accesibilidad como consecuencia del precio del mercado de la vivienda.

Gutiérrez dijo que es una medida que debe incorporarse a todo el planeamiento urbanístico, a todos los planes de ordenación urbana de cada ciudad, para permitir que haya un crecimiento "sano" de las ciudades y "se contemple como principal objetivo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, facilitar una vivienda digna a los ciudadanos".

Agregó que otro de los temas que trata la ley es el la disciplina urbanística. "Incorpora muchos mecanismos propuestos por los ayuntamientos para que no se consoliden situaciones y construcciones ilegales que van en contra del plan urbanístico de cada ciudad".

Además se crea el cuerpo de inspección de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, para colaborar con los ayuntamientos en esta materia.

Asimismo, la nueva ley incorpora un mecanismo "excepcional" para los casos en que sea el ayuntamiento el que incurra en graves incumplimientos de la legalidad que afecten directamente a las competencias urbanísticas de la comunidad.

"Cuando es el ayuntamiento el que da licencias que son ilegales de acuerdo con el plan vigente en cada momento, existe la posibilidad de retirar esas competencias", sentenció.