Almería Medio Ambiente

Alcaldes presionados

AL final vamos a tener que agradecer que exista el presunto hotel Algarrobico para que, gracias a la polémica por su desproporcionada construcción, la sociedad conozca las luchas económicas que subyacen bajo las intervenciones urbanísticas en nuestro territorio. Comienza un año, antesala de unas elecciones locales en 2007, con el debate de la nueva ley del Gobierno y la Administración Local en el Parlamento. Se da por hecho que el llamado familiarmente 'estatuto de autonomía' de los ayuntamientos está ya en las mesas de todos los promotores y constructores con grandes intereses en el desarrollo de la costa del Levante y, quizá por esto, la velocidad en la construcción y en la recalificación de terrenos es tan asombrosa para los profanos.

También es importante que una de las principales novedades de la Ley, que sustituirá a la de Bases de Régimen Local, que data de 1985 y ha sido reformada varias veces desde entonces, es la rebaja del papel de las Diputaciones Provinciales, que se convierten en 'gobiernos instrumentales' con competencias 'funcionales' respecto a las competencias materiales de los municipios. A los ayuntamientos, que tendrán servicios obligatorios y competencias locales (urbanismo, patrimonio y turismo, entre otras), se les añade un tercer grupo de 21 materias en las que las leyes del Estado y las CC AA deberán reservar ciertos espacios a los municipios y que comprenden, entre otras, medio ambiente, inmigración, sanidad, seguridad ciudadana, telecomunicaciones, vivienda y empleo. El proyecto añade otras dos novedades. La primera es una 'cláusula general de competencia' por la que 'el municipio tiene competencia en todas las materias que sean de interés local y que no estén atribuidas por la legislación al Estado o a las Comunidades Autónomas'. La segunda es que cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen competencias o encarguen de su gestión a los municipios, tendrán que acompañarlas de la dotación o el incremento de medios económicos para desempeñarlas.

Por tanto, esta ley va a traer una nueva forma de entender la gestión municipal y, sobre todo, el capítulo de ingresos de los municipios. Si, como parece, el suelo y la construcción sobre ese suelo va a estar más controlado, se puede entender que la Federación Andaluza de Promotores, Fadeco Promotores, se declarara en noviembre contraria a cualquier tipo de intervencionismo de las administraciones públicas en materia urbanística «de un modo general», según matizaron.

Quizá también por esto, el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, declaraba el pasado 8 de diciembre en Málaga que en España se vive actualmente un desarrollismo como el de los años 70. El máximo responsable de los arquitectos dijo que es bueno que se abra un debate social sobre los límites del crecimiento urbanístico, porque se ha llegado a una situación en la que el territorio está colmatado y sufriendo una masificación importante. Luego calificó de 'horror' la construcción programada en la Comunidad Valenciana y advirtió de las muestras de masificación en Andalucía.

Y con esta situación es fácil imaginar las presiones que durante el año 2006 van a sufrir los alcaldes de las zonas potencialmente urbanizables con campitos de golf y pareados por doquier. No me gustaría estar en sus pellejos.