Las emisiones de los gases en Andalucía aumentaron un 46%, el triple de lo que permite el Protocolo de Kioto

Andalucía24Horas. 08-09-2003

El verano de 2003 pasará a la historia de Europa, España y Andalucía como un anticipo de lo que puede suponer el cambio climático global, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia, miles de muertos por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, y una prolongada sequía de más de cuatro meses que termina bruscamente con tormentas, el fenómeno de la gota fría e inundaciones, con graves daños a la agricultura y las infraestructuras.

Según el gobierno han muerto 104 personas directamente a causa de la ola de calor, pero la cifra real es muy superior, y no menos de 6.000 personas fallecieron en España en el verano de 2003 a causa de la ola de calor. El gobierno del PP está retrasando y ocultando los datos de las muertes reales por la ola de calor, para evitar un debate como el generado en Francia.

Los daños a la agricultura, según las organizaciones del sector (UPA, COAG y ASAJA), ascienden a cerca de mil millones de euros. Las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales han sido igualmente cuantiosas, y el consumo de electricidad creció un 14,5% en agosto a causa del mayor uso de las instalaciones de aire acondicionado.

El cambio climático es una realidad, que obliga a adoptar políticas serias para reducir las emisiones y minimizar sus consecuencias. El coste de no actuar será muy superior al de las inversiones necesarias para reducir las emisiones de gases de invernadero y prevenir los efectos.

Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 38% entre 1990 y 2002, y en Andalucía un 46%.

Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), cabría esperar una política más beligerante por parte de la Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir una cierta indiferencia, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más.

Esta situación es especialmente grave dada la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas mediterráneos debida a la baja tasa de renovación del suelo y del agua en gran parte de la región. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas costeras y en los bosques.

En Andalucía, a diferencia de lo que hace el PP, la Junta ha creado un grupo de trabajo para cumplir el Protocolo de Kioto, como consecuencia de las negociaciones entre el PSOE y Los Verdes de Andalucía.

El aumento de las emisiones en el año 2002 fue muy grande en España, debido al aumento del consumo de energía primaria y al mal año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica fue un 44% inferior a la del año 2001, y consecuentemente las centrales de carbón funcionaron más horas (el consumo de carbón aumentó un 12% respecto al año 2001).

El consumo de energía primaria aumentó un 3,3%, y las emisiones de CO2.por usos energéticos crecieron un 5,38% en 2002. Las emisiones de los seis gases y para todos los usos, aumentaron en un 4,54% en el año 2002, respecto al año 2001 en España, y en un 2,4% en Andalucía, debido a la menor presencia de centrales termoeléctricas de carbón en Andalucía, a pesar de Carboneras en Almería, que Endesa quiere ampliar.

El gobierno español, como demuestra el aumento de las emisiones, no tiene ningún plan serio para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010.

Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 38,06% en España entre 1990 (año base) y 2002, cifra que duplica con creces al 15% al que se ha comprometido el gobierno de España en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por considerarlo excesivo.

En Andalucía el aumento asciende al 46,18%, y triplica lo permitido con el Protocolo de Kioto.

Se ha criticado, con toda la razón, a Estados Unidos por su negativa a ratificar el Protocolo de Kioto y por el aumento de las emisiones, y sin embargo en Estados Unidos las emisiones han aumentado un 16% entre 1990 y 2002, mucho menos que en España y en Andalucía, mientras que en Alemania se han reducido en un 19%. España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones, y Andalucía es una de las regiones donde más han aumentado las emisiones.

La política del PP en España se caracteriza por la total hipocresía: ratifica el protocolo de Kioto, y luego hace todo lo posible para que las emisiones sigan aumentando. El PP de Aznar sabe que se pedirán responsabilidades a quién gobierne entre 2008 y 2012, y para entonces que les quiten lo gobernado. La deplorable política de la George W. Bush por los menos es consecuente.

¿Cómo espera cumplir el gobierno español los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto, ratificado en el año 2001 en el Congreso de los Diputados? ¿Qué hará para reducir las emisiones actuales en un 23%? El borrador de la llamada “Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto” no pasa de un catálogo de buenas intenciones, en un texto largo y farragoso, sin políticas reales ni presupuestos, y desde luego no refleja lo que dice su título.

Con el escenario actual, el gobierno incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el periodo 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 60% a las del año base. España podría ser sancionada por la Unión Europea, a causa de las políticas actuales del gobierno del PP, y en cualquier caso el coste de comprar derechos de emisión puede ser muy alto.

El consumo de energía primaria en España ha pasado de 90,6 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 132,16 Mtep en el año 2002 (un 46% de aumento), año en el que la dependencia energética alcanzó el 77%, a pesar de que en la producción nacional se incluye por razones metodológicas muy discutibles la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990.

El documento del Ministerio de Economía titulado Planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 estima que el consumo de energía primaria será de 168 Mtep en el año 2010, con un crecimiento anual del 2,99% para el periodo 2000-2010. El consumo de carbón disminuiría de 21,6 Mtep en el año 2000 (17,3% del consumo de energía primaria) a 11,4 Mtep en 2010 (6,8%), el de petróleo pasaría de 64,7 Mtep en 2000 (51,7%) a 81.8 Mtep en 2010 (48,6%), el gas natural de 15,2 Mtep (13%) a 37,8 Mtep (22,5%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 16,2 Mtep a 16,6 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 13% en 2000 al 9,9% en 2010), las energías renovables deberían alcanzar el 12% previsto en el año 2010, algo bastante dudoso con el desarrollo actual, pues sólo la eólica va a buen ritmo (en teoría se pasaría de 7 Mtep en 2000 a 20,2 Mtep en 2010), y el resto corresponde al saldo de la electricidad.

Si se cumplen las previsiones del gobierno las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarán un 64% entre 1990 y 2010, en el escenario más favorable, lo que hace matemáticamente imposible que el gobierno cumpla el Protocolo de Kioto. La misma proyección prevé que el consumo final pase de 90,3 Mtep en el año 2000 a 127 Mtep en el año 2010, con un crecimiento anual del 3,48%, superior al del PIB previsto (2,8% de aumento anual del 2000 a 2005 y 3,1% de 2005 a 2010).

El Plan del gobierno va en contra de todos los compromisos adquiridos con la Unión Europea y con el propio Congreso de los Diputados, que ratificó en el año 2002 el Protocolo de Kioto, que limita el aumento de los gases de invernadero al 15% para el periodo que va de 1990 al 2008-2012. ¿Cómo se puede presentar un Plan con un aumento del CO2 del 64%?

El borrador de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 sólo considera una reducción de la intensidad energética primaria (energía necesaria por unidad de PIB) en 2012 con respecto a 2004 del 7,2%, con lo que el consumo de energía se reducirá del 3,5% al 2,8% de crecimiento anual hasta 2012, para un crecimiento del PIB del 3% de media durante dicho período.

Las medidas planteadas en la Estrategia supondrán un ahorro de energía en 2012 de 15.574 ktep (kilotoneladas equivalentes de petróleo), lo que representa una reducción del 8,6% respecto al escenario tendencial en ausencia de la Estrategia. El ahorro de energía primaria acumulado en el periodo será de 69.950 ktep y el CO2 no emitido se elevará a 190 millones de toneladas. Las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas ascenderán a 42 millones de toneladas al año, el 10,5% de las emisiones del año 2002, cifra totalmente insuficiente.

No es de extrañar que las grandes empresas españolas (cementeras, refinerías, papeleras y acerías) estimen en más de 1.000 millones de euros anuales el coste de comprar derechos de emisión a partir de 2005 (el 20% de sus beneficios brutos), cuando entrará en vigor la nueva directiva comunitaria que regula el mercado de derechos sobre emisiones de gases de invernadero.

Y tampoco cabe albergar grandes esperanzas en cuanto a los sumideros, pues con el Plan Forestal del gobierno en el mejor de los casos se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030.

Con el escenario previsto, deberíamos comprar cada año derechos de emisión por 130 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, que nos costarían de 1.430 millones de euros (en el mejor de los casos, para un precio de 11 euros por tonelada de CO2) a 4.160 millones de euros (en el escenario más probable de 32 euros por tonelada de CO2).

El mismo gobierno del PP que escatima las primas a las energías renovables y a la cogeneración, y no invierte en eficiencia energética, nos conduce a un escenario de más consumo energético, más contaminación, más insostenibilidad, más dependencia energética, más déficit de la balanza de pagos, menos competitividad, menos empleo, y para colmo tendremos que comprar los derechos de emisión a otros países, por no haber hecho los deberes, gastando lo que deberíamos haber invertido aquí en eficiencia y en energías renovables.

Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones de los países industrializados. Estados Unidos, con el 36,4% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I, es el mayor emisor. Pero a pesar de George W. Bush el Protocolo será ratificado, pues ya lo han ratificado la Unión Europea (24,0% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I) y Japón (8,5%), y sólo falta la ratificación de Rusia (17,4%) para que entre en vigor.

La evolución de las emisiones de gases de invernadero es el mejor indicador del compromiso de un gobierno con el medio ambiente. Los datos aquí presentados no dejan lugar a dudas.

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España y Andalucía

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España entre 1990 y 2002, sin incluir los sumideros, han aumentado un 42,27%, pasando de 227 millones de toneladas en 1990 (año base) a 323,5 millones de toneladas en 2002. (Ver Tabla 1). En 2002 representaron el 80,85% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. En Andalucía las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentaron en un 49,8%, y representan el 81% del total.