La sabina albar de Chirivel y la Isla de San Andrés, nuevos monumentos naturales

Ideal. 10-09-03

E. P./ALMERÍA

La isla de San Andrés, en Carboneras, y la sabina albar de Chirivel, se encuentran entre la docena de nuevos monumentos naturales cuya declaración aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta. Cinco de estos monumentos naturales han sido declarados atendiendo a su singularidad geológica: las Cárcavas de Marchal y los Infiernos, de Loja (Granada); el Cañón de las Buitreras, en los municipios malagueños de Cortes de la Frontera, Benarrabá y Benalauría; las Dunas de Artola, en Marbella, y la Falla de la Sierra de Chamorro, en Cuevas de San Marcos (Málaga).

En otros cinco confluyen distintos valores ecológicos y culturales: la Isla de San Andrés, en Carboneras (Almería); la Punta del Boquerón, en San Fernando (Cádiz); El Piélago de Linares (Jaén), el Cerro del Hierro, situado en los municipios sevillanos de San Nicolás del Puerto y Constantina, y los Tajos de Mogarejo, en Montellano (Sevilla).

Los dos restantes son árboles que se protegen por su singular longevidad y dimensiones: una sabina albar situada en Chirivel (Almería) y un pino centenario en el Parador de Mazagón (Huelva).

Estudios previos

Entre los criterios exigidos para la declaración de un monumento natural destacan los de su extensión inferior a 10 hectáreas, buen estado de conservación, prioridad para el uso público, homogeneidad, reconocimiento por parte de los ciudadanos y corresponsabilidad de los interesados en la protección. En octubre de 2001, el Gobierno andaluz declaró los primeros 23 monumentos naturales, distribuidos entre las ocho provincias de la comunidad autónoma. Tres de ellos se gestionan mediante convenios entre la Junta y las corporaciones locales de donde están ubicados. Se trata de la Isla de Terreros, en Pulpí; los Corrales de Rota y el Chaparro de la Vega, en Coripe.

Con las declaraciones aprobadas, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la más extensa de la Península Ibérica, cuenta ya con 143 enclaves y territorios en régimen de protección legal, con una extensión superior a 1,6 millones de hectáreas.