Almería: el final de la gran cosecha

Especial: Informe de la Huerta de Almería

INTEGRAL número 272

Texto: Helena Migueiz y Cristian Añó

La "huerta de Europa". Así llaman a la extensión de invernaderos que brilla en el litoral de Almería. Pero su brillo se está apagando. Los problemas se acumulan y la herencia contaminada está saliendo a flote.

En los años 50, los antiguos alpujarreños almerienses por fin aprendieron el modo de arrancarle a la reseca estepa del Poniente tres cosechas al año. Con estacas y plásticos armaron cuatro invernaderos, que hoy se cuentan por miles. La tierra se cubrió con arena sustraída de las playas, única forma posible de aprovechar las salobres aguas de los acuíferos, manantiales subterráneos de los que bebe la provincia. El clima, el sol y el viento amables del sur, hicieron el resto.

Hoy la huerta de Europa crece bajo un laberinto de plásticos y Almería ha dejado de ser la tierra mísera que fuera antes de los invernaderos, una árida estepa mediterránea de artos y arbustos bajo cuyo paraguas de sombra se refugiaba la vida. Casi nada queda de la estepa ni de los artos; del endémico parral sólo se adivina la silueta en la estructura de los invernaderos más viejos. Un verdadero milagro económico, sin duda, pero con un coste medioambiental impagable. El mar de plástico se ha bebido los acuíferos y devorado las playas para alimentar el suelo de sus invernaderos; ha ocupado ramblas y cauces; ha subido por los montes a más de 400 m de altura y enterrado toneladas de plásticos y residuos orgánicos, que siguen supurando pesticidas y abonos bajo la tierra.

Miles de toneladas de residuos al año.

Los cultivos bajo plástico forman un fructífero polígono industrial que, además consume vorazmente recursos naturales y expulsa residuos. La concentración de más de 26.000 de estas pequeñas fábricas agrarias significa una catástrofe ecológica, como lo sería cualquier complejo fabril de similares dimensiones. La diferencia es que, a una actividad agrícola, se le presume inocente de cualquier delito medioambiental y la herida abierta en lo profundo de la tierra, en los acuíferos, es difícil de ver. Paco Toledano, coordinador provincial de Ecologistas en Acción en Almería, me enseña parte de lo que no se ve. Me lleva a ver las Albuferas de Adra, dos lagunas que confluyen en el delta del río Adra, declaradas reserva natural. "Aquí habrá ahora 2.000 hectáreas de invernaderos –los veo formar un collar asfixiante alrededor de las lagunas-. Éstas son las aguas más eutrofizadas –pobres en oxígeno– de la Península Ibérica pero, en cambio, anidan en ellas más patos Malvasía –una especie en peligro de extinción– que en cualquier otro lugar de Europa. Es que así es la naturaleza, lo que mata a una especie beneficia a otra".

Contradicciones de la naturaleza y de esta tierra contradictoria donde un sargento de la brigada de paracaidistas se alista a las filas más combativas del ecologismo local, abandona el ejército y ahora trabaja en el puerto de Adra. La siguiente parada es en el vertedero de ese municipio. Lo que veo, en la cabecera de una pequeña rambla, es un monumento faraónico a los residuos, rodeado de pequeñas charcas de agua negra y pestilente. "En Adra había unos veinte vertederos ilegales hasta que el ayuntamiento decidió, provisionalmente, concentrarlos en éste". Lo provisorio se hizo definitivo y hoy una manguera tiene que ir bombeando los lixiviados que produce esta montaña de basura. "El ayuntamiento de Adra lo ha solucionado así; el otro, enterrándolos. El alcalde de La Mojonera, por ejemplo, fue uno de los instigadores de la llamada Noche de San Juan del año pasado. Sólo el municipio de El Ejido se opuso a pegarle fuego a su residuos y es el único que ha puesto en marcha un proyecto medio decente para gestionarlos. Los ayuntamientos están tan desbordados por la situación que la Junta de Andalucía se vio obligada a empezar el año 2001 desembolsando 1.000 millones de ptas en la organización de una operación de limpieza de urgencia bautizada como Barrido Cero.

Sin mucha hambre, paro a comer en Puebla de Vícar: me espera hora y media de coche hasta Laujar de Andarax, el primer municipio de Almería que ha prohibido la construcción de invernaderos en su jurisdicción. Me dirijo a la cantina de Vicasol, una de las grandes plantas envasadoras de la zona, por indicación de una mujer en bata roja que me cruzo en la calcinante carretera general. Desgrano el rosario de letreros: suministros agrícolas, plásticos, rafias e hilos; piensos y semillas, mutuas y cajas rurales... Vicasol es una de las grandes cooperativas agrícolas de la zona, un verdadero enjambre de mujeres en bata roja o azul.

La encrucijada de 16.000 agricultores

Justo Sánchez aún recuerda que su única preocupación era no hundirse en las arenas movedizas del invernadero: "la plaga que se te metía y no arrancabas ni una sandía de la mata, el viento que se te llevaba plásticos y alambres y tú tenías que pagar igual la hipoteca". Hace 9 años, una dermatitis aguda y dos hospitalizaciones graves le obligaron a salir de El Ejido. "Decidimos que nuestra vida ya no estaba allí. Vendimos lo que teníamos, 22 años de trabajo, para empezar de cero. Ahí aprendí que la vida no es dinero". Hoy, Justo tiene viñedos de producción ecológica y es concejal del ayuntamiento de Laujar de Andarax, en las Alpujarras almerienses, donde nació, por dos veces. "Los agricultores hemos hecho barbaridades con los productos químicos. Pero lo más grave es que nadie nos avisó. No te lo bebas, decían, pero estábamos fumigando cada 3 ó 4 días y tú tienes que estar dentro: tú fumigando y atrás la familia recogiendo. Todas estas burradas se pagan, tarde o temprano. Europa ha pegado muchos palos. La suerte ha sido esa. Ahora se echan menos agroquímicos, la gente utiliza productos más ecológicos, las cooperativas se meten en producción integrada... Con Marruecos produciendo como le da la gana y a precios de risa, como hacíamos nosotros hace 15 años, no nos engañemos, para poder seguir viviendo ahí abajo hay que apostar por la calidad. Pero dile a alguien que cogía 100 toneladas que coja 40, que no se pueden sacar 60 quilos de una mata de tomate... El agricultor está aguantando allí lo que no sabe nadie. Mueve mucho dinero pero saca para vivir, y desde que tiene que pagar jornales, menos aún. Vive muy angustiado, que si entra el virus o el tomate de Marruecos. Y si tiene suerte, porque eso es una lotería, y gana dinero, mañana se engolosina y lo pierde. Quien quiera que lo viva".

El agua como factor limitante

Otra de las paradojas de Almería es ser una de las provincias más áridas de toda España y vivir de una agricultura de regadío. La mayor reserva de agua de la zona está bajo tierra, en los acuíferos subterráneos, a los que se llega perforando pozos cada vez más profundos a causa del agotamiento y salinización de los niveles más superficiales. Una hectárea de invernadero necesita una media de 5.500 m3 de agua al año. Al riesgo de agotamiento y contaminación de los limitados recursos hídricos de Almería hay que sumarle otro peligro, apuntado por Jesús López Gálvez en las Jornadas sobre Agua y Sostenibilidad en el modelo productivo almeriense organizadas por la red Nueva Cultura del Agua de Andalucía el pasado mes de mayo en Almería. Gálvez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Almería, anuncia: "Es de temer una tendencia hacia una explotación del agua excesivamente liberal. Resulta evidente la tendencia del Estado a declinar el ejercicio de sus responsabilidades, que va delegando en comunidades de regantes invertebradas y técnicamente poco asistidas".

En Roquetas de Mar, el Benidorm almeriense, tengo que encontrarme con Juan Romero, presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, una de las más importantes de Almería. Sol y Arena gestiona y distribuye el agua de 6.000 hectáreas de riego en el Poniente. Romero es ex tesorero de los Verdes de Andalucía, ex militante ecologista, antiguo compañero de Paco Toledano, que lo acusa de "pasarse al enemigo": las Comunidades de Regantes, y algunas de las grandes asociaciones agrarias a las que se vinculan, son consideradas verdaderos lobbys de poder local. Todas las predicciones apuntaban lo contrario pero Juan se presenta, a pesar de todo, a pesar de tener que ir haciendo él mismo la ronda porque sus 15 trabajadores están en huelga y alguien tiene que abrir las llaves de paso. Y declara, tan abiertamente como me confiesa que es suscriptor de la revista, y cito textualmente: "que aquí la ley va por un lado y la realidad por otra". Más que sorprenderme la declaración me sorprende escucharla de su boca, pero así es esta realidad de Almería: insalvable desde otra lógica que no sea la suya propia. "Desde que en 1984 se declaró sobreexplotado el acuífero de esta zona -habla de Campo de Dalías- las hectáreas de invernadero se han duplicado; ya son más de 24.000, a pesar de la prohibición de la Junta de hacer más sondeos y de aumentar el caudal de riego. A partir de que esto empezó a ser rentable, la iniciativa privada a tirado del carro. Y la iniciativa privada ha ido muy por delante de cualquier planificación de la administración. Aquí no se ha planificado nada. Para empezar, no hay coraje político para llevar a cabo esa medida y aplicarla, ni por parte de las Comunidades, que nos plegamos a la voluntad del agricultor, ni por parte de la Junta de Usuarios de los Acuíferos del Poniente, ni por la de la Confederación Hidrográfica del Sur, órgano competente en el tema del agua".

La presión sobre los espacios naturales

Diez de la mañana del jueves, Estación de autobuses de Almería. Aprovechando la visita de la diputada de los Verdes en el parlamento andaluz, Inmaculada Gálvez, y del portavoz de los Verdes en Andalucía, Francisco Garrido, Ecologistas en Acción organiza un paseo por el último desmonte denunciado. Los promotores de este desmonte, el mayor de toda Andalucía, son, qué contrasentido, COAG (con 5.500 afiliados, la asociación agrícola mayoritaria de la provincia) y la Universidad de Almería. La zona se conoce como Sierra Alhamilla, junto al aeropuerto, y está catalogada como suelo forestal y propuesta como LIC (lugar de interés comunitario). José Cabello, portavoz de la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata, dos miembros más de los Verdes de Sevilla y yo nos sumamos a la comitiva.

El paisaje al que llegamos es dantesco: 380 hectáreas de monte convertidas en 380 campos de fútbol de tierra. Sólo la alambrada del vecino campo de entrenamiento militar parece haber puesto freno a las máquinas. El portavoz y la diputada de los Verdes acusan a la Delegación de Medio Ambiente de mantener una actitud absolutamente pasiva antes estos hechos. "Habría que paralizar las obras, precintar las máquinas... Si yo fuera delegada, lo haría. De denuncias y recursos estamos ya hasta el moño. Aquí lo que falta es voluntad política para parar esto". José Cabello, portavoz de la Asociación de los Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, parece más curado de espantos, con 68 invernaderos contabilizados dentro del Parque. "Aunque, oficialmente, sólo se reconocen 12. La buena noticia es que hace unos días, derribaron los dos primeros". Una excepción que confirma la regla, puntualiza Paco Toledano, nuestro anfitrión de Ecologistas en Acción: "por lo general, cuando las autoridades van a precintar las máquinas o a derribar el invernadero un piquete de vecinos, muchas veces convocado por el alcalde del pueblo, impide que se lleve a cabo".

Un esperado plan de ordenación territorial

El diagnóstico de José Chamizo, el Defensor del Pueblo Andaluz, respecto de la agricultura intensiva es que padece de "una dispersión y falta de normativa tanto de ámbito nacional, autonómico y local, así como una dificultad derivada de la coexistencia de las diferentes competencias de los distintos organismos públicos implicados en el tema". Este sector agrícola se ha desarrollado rápida y caóticamente, sin apenas intervención del Estado, ni para lo bueno ni para lo malo. Ostenta, por ejemplo, el récord de ser la agricultura menos subvencionada de España. Esta desasistencia ha favorecido, en parte, el desorden y descontrol de su crecimiento, sin planos actualizados de las conducciones de agua, sin censos fiables del número de invernaderos ni de su ubicación, con el suelo agrícola, el urbano y el forestal conviviendo sin fronteras claras. Cualquier intento de regular la situación choca con un sector que emplea al 49% de la población activa de la provincia y aporta al PIB provincial cerca del 30% de su valor, según cálculos de la más importante entidad bancaria de Almería, Cajamar. La agricultura intensiva se ha convertido en una industria de polígonos descontrolados sin el equipamiento mínimo que requieren como tales: asfaltado de calles, dotación regulada de electricidad o agua...

Los agricultores, sus asociaciones, ecologistas y verdes se ponen de acuerdo, por una vez, para exigir la aprobación de unos planes de ordenación subregionales y comarcales que pongan orden y concierto en el mar de plástico. La respuesta del delegado de la Consejería de Obras Públicas de Almería, Francisco Espinosa, es que "el Poniente almeriense está a punto de contar con un plan en el que se contemplen los usos y prohibiciones del suelo con una limitación expresa a los desmontes en las estribaciones en la Sierra de Gador". ¿Por qué se ha esperado tanto? El delegado se excusa: "las dificultades estriban en alcanzar amplias zonas de convergencia y consenso entre todos los municipios para evitar tensiones e incumplimientos sistemáticos de los planes. Los municipios son quienes tienen, en última instancia, la potestad de conceder los permisos, autorizaciones y licencias y, en consecuencia, quienes tienen la potestad disciplinaria y sancionadora".

Almería no acoge

La precariedad laboral en el campo almeriense es otro claro exponente del descontrol administrativo y un polvorín a punto de estallar dada la altísima concentración de trabajadores inmigrantes (casi la mitad en situación irregular) existente en el Poniente. Según el responsable de inmigración de la delegación de CCOO en Almería, Emilio Asensio, sólo existen 6 inspectores para controlar el cumplimiento de la legislación laboral, no sólo en los invernaderos (un sector de alto riesgo por la manipulación de sustancias tan tóxicas como los agroquímicos) sino en el resto de empresas de la provincia. El inmigrante vive de un empleo precario, por lo eventual y discontinuo, y eso le impide cualquier tipo de arraigo y le impone unas condiciones de vida indignas. De ahí la falta de integración y el conflicto social que contribuyeron a los sucesos de El Ejido en febrero del 2000.

En El Ejido casi el 20% de la población es extranjera y, sin embargo, sólo existe una asociación de ayuda al inmigrante, Mujeres Progresistas. No es fortuito que esta asociación fuera creada en 1988 para defender los derechos de la mujer almeriense en una sociedad donde la autoexplotación ha sido, durante años, un medio de vida. En esta asociación, sólo trabaja una persona: Mercedes García. Mercedes es profesora de Educación Física, 50 años, casada y con dos hijos. En su rostro se refleja el cansancio que está a punto de llevarla a hacer las maletas y empezar de nuevo en otra parte. "El ayuntamiento me tiene asfixiada, a mí y a mi familia. Me embargan la cuenta por una multa de aparcamiento, me cortan el teléfono... Se está creando una psicosis de inseguridad y miedo a costa de los inmigrantes, alimentada por la televisión local, que es la del señor Enciso -Juan Enciso, alcalde de El Ejido-, y por la ignorancia y la incultura. Aquí no hay filtros democráticos, ni oposición política, ni sociedad civil organizada, ni nada. Cada cual se toma la justicia por su mano y las administraciones hacen la vista gorda".

Un dato que permite calibrar esta insolidaridad social es que el 80% de los inmigrantes viven en infraviviendas, en los cortijos abandonados de las fincas, dando lugar a lo que Mario Gaviria y David Baringo denominan en su informe el ghetto difuso. Los inmigrantes viven y trabajan lejos del núcleo urbano, sin contacto con la población, dispersos entre los invernaderos. "Como si fueran maquinaria agrícola", ilustra Mercedes. No existe ninguna política de viviendas sociales ni por parte de la Junta ni de los ayuntamientos. Sólo algunas asociaciones agrarias como COAG hace tímidos esfuerzos por aliviar el tema del alojamiento con un programa piloto de viviendas para trabajadores del campo. Para María Encarna Hualva, portavoz de UGT Almería, el tema laboral es sangrante: "todos los inmigrantes indocumentados tienen trabajo; los documentados no lo tienen. No se contrata, no se asegura, se paga mal". A falta de estadísticas oficiales, basta irse al INEM y sacar las cuentas entre el número de contratos y el de invernaderos en activo.

Un modelo alimentario poco saludable

Una de las denuncias más sentidas del Sindicato Obrero del Campo en Almería es que la aplicación de productos agroquímicos en los invernaderos se hace sin las mínimas medidas de prevención recomendadas en los envases y en los cursos de manipulación de fitosanitarios, obligatorios si uno quiere solicitar algún tipo de subvención pública. Los trajes de goma y las mascarillas se quedan colgados y se llenan de polvo en el invernadero. "Si el patrón no les compra ni un par de guantes de goma -ilustra su portavoz, Gabriel Ataya– como les va a dar un traje". Hasta la entrada en el mercado común europeo, incluso los propios agricultores almerienses admiten que se hizo un uso abusivo de los fitosanitarios en los invernaderos, atentando contra la salud del manipulador y del consumidor. Los avances en la lucha biológica han reducido la aplicación de sustancias químicas, que son ahora menos tóxicas y persistentes que en el pasado, para que dejen el mínimo rastro en los alimentos y en nuestra salud.

Lo preocupante, según Nicolás Olea, médico investigador del Hospital Clínico de Granada, es que más de la mitad de las sustancias químicas permitidas no se han investigado adecuadamente. Los estudios realizados hasta ahora no contemplan ni su efecto a largo plazo (más allá de 15 años) ni su actividad combinada, en tanto que sustancias bioacumulables en las grasas y líquidos del cuerpo. Algunos compuestos químicos como el endosulfán, utilizado aún en la agricultura española o alemana, limitan la actividad hormonal y alteran el sistema endocrino. Se les conoce como disruptores endocrinos y, según los estudios realizados por Olea entre la población de Granada y Almería, pueden ser causantes de malformaciones genitales en los niños y cáncer de mama. "Estamos convencidos que si tiene que ocurrir algo ocurrirá aquí antes que en ningún otro sitio -prevé Olea-. Pero ¿que es lo que tiene que ocurrir? Nosotros tenemos nuestra hipótesis pero estamos abiertos a cualquier sugerencia de aquellos que, al parecer, saben más que nosotros, como los fabricantes de fitosanitarios". Es un área de investigación médica que aún genera más preguntas que respuestas por la dificultad de aislar las causas de las disfunciones detectadas y por la resistencia de la industria química por asumir responsabilidades sin una evidencia científica irrefutable. "La UE decidió incluir el principio de precaución ante ciertas situaciones de incertidumbre relativas a la salud humana y actuar preventivamente. Hasta ese momento el énfasis se hacía en la demostración a posteriori del daño, demostración que llega demasiado tarde, ya que las consecuencias pueden ser irreversibles". Para el equipo de Olea la exposición a sustancias químicas con actividad hormonal es un problema grave por dos razones: "la universalidad del fenómeno y el hecho de que se trata de una exposición muchas veces inadvertida".

El mercado global puede hacer rico al agricultor almeriense en una campaña y endeudarlo en la siguiente; la entrada de un país más al sur que el sur de España puede hacer que la Gran Distribución dé la espalda a Almería. Frente a esto, las asociaciones agrarias exigen unión entre los productores y que el Estado defienda mejor sus intereses en Bruselas. El modelo productivo de la agricultura intensiva da muestras, sino de agotamiento, al menos de haber cerrado una etapa. Observar los LMR y ajustarse al concepto de calidad de las grandes distribuidoras multinacionales son la huida hacia adelante del sector. Ecologistas y expertos como Nicolás Olea, piensan que así sólo se atajan los síntomas más visibles de un modelo alimentario que prima la cantidad sobre la calidad, el beneficio sobre la salud. "En definitiva –concluye Olea– parece que estamos cada vez más cerca de demostrar una asociación entre el estilo de vida, lo que hacemos, lo que comemos, a lo que estamos expuestos en el medio ambiente y el riesgo de padecer ciertas enfermedades como cáncer de mama ¿Qué hacer? Actuar preventivamente modificando la dieta y los hábitos, optando por alimentos más saludables y un estilo de vida más natural".

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Almería en cifras

La huerta de Europa es un cultivo bajo plástico de 70 x 15 km donde se concentra la mayor producción de hortalizas del mundo: la cosecha anual, unos tres mil millones de quilos, tapizaría una autopista de Madrid a Barcelona. Son casi 30.000 hectáreas de invernaderos repartidas entre 16.000 pequeños propietarios agrícolas. La mayor parte de los invernaderos (si los pusiéramos todos en línea llegarían de Almería a Berlín) se concentran en nueve municipios del litoral almeriense (El Ejido, Adra, Roquetas de Mar, Vícar, Níjar, Berja y La Mojonera). En algunos casos, como el de La Mojonera, más del 60% del municipio está cubierto por invernaderos. De las 192.000 personas censadas como población activa en 1999 por el EPA (Estudio de Población Activa), 115.000 están empleadas en la agricultura y sus industrias afines. Descontados los alrededor de 20.000 inmigrantes en situación irregular que trabajan como jornaleros, casi el 50% de la población almeriense que trabaja vive de los invernaderos.

(Datos extraídos del estudio Almería madura, Almería podrida de Mario Gaviria y David Baringo. Universidad Pública de Navarra. Primera versión provisional febrero del 2001)

Producción intensiva de residuos

El problema que plantea el tratamiento de los residuos en la agricultura intensiva almeriense es su ingente cantidad, su diversidad y toxicidad. Se generan, al año, 1.000.000 toneladas de restos orgánicos, con trazas de pesticidas y abonos; 30.000 toneladas de plásticos y 6.000 más de residuos diversos. Los restos vegetales son un auténtico foco de propagación de plagas y una fuente de lixiviados, altamente contaminantes para el suelo y los acuíferos, que van introduciéndose en la cadena trófica: terminamos comiéndonoslos, por ejemplo, a través del ganado que pasta en campos sembrados de restos de cosecha. El plástico, al no ser biodegradable, tiene que reciclarse y su tratamiento se complica por el hecho de incluir restos de fitosanitarios, que lo convierten en un residuo tóxico.

Producción anual por hectárea de los principales residuos en invernadero:

   Biomasa residual

29,1 tn

   Plásticos para cubiertas

1,05 tn

   Envases de fitosanitarios

66 envases

   Lixiviados

0,3 tn de agua y agroquímicos

   Sustratos

6-10 tn (lana de roca y perlita)

Fuente: Encuentro Medioambiental Almeriense. Grupo Ecologista Mediterráneo.

Planta de recogida y transferencia de residuos

El municipio de El Ejido, con unas 12.000 hectáreas de invernaderos (casi el 50% del total) produce unas 350.000 toneladas de residuos orgánicos al año. Tal vez por eso, el ayuntamiento de este municipio fue pionero en la aplicación de un Plan de Higiene Rural, iniciado en 1992, considerado por los ecologistas como el más responsable con el tratamiento de los residuos. La creación de una planta de recogida y transferencia de residuos agrícolas fue su culminación. La planta, que da servicio a toda la provincia, tiene una capacidad de tratamiento de 50.000 toneladas anuales, sólo el 5% del millón de restos vegetales producidos en el Poniente. Existen algunas plantas más de compostaje de restos vegetales (como Agrimartín) y centros de reciclaje de plásticos: Egmasa, con capacidad para 5.000 tn anuales, o Ibacplast, que producen grazna para uso industrial. Pero sigue siendo insuficiente porque cada vez hay más invernaderos y, por consiguiente, más residuos.

Los agricultores, a través de sus asociaciones, las administraciones y los ecologistas están enzarzados en una batalla dialéctica para ver quien paga la gestión de los residuos. Polémica que ha saltado a las portadas de la prensa local cuando la gestión de la planta de El Ejido fue licitada a una empresa privada, TECMED. Para el agricultor, tiene que ser un servicio público totalmente gratuito; los ecologistas consideran que quien contamina paga y que soluciones como la incineración, por la que apuestan organizaciones agrarias como COAG, son inaceptables. Los municipios no pueden asumir el coste de los centros de tratamiento ni de propuestas más ambiciosas, como las plantas de biomasa (existe una en la central térmica de Carboneras, auspiciada por Endesa, y otra en proyecto, en la que participan organizaciones del sector como Coexpahl). El peligro de las plantas de biomasa, alertan los ecologistas, es que no se controlen debidamente las emisiones del proceso de combustión y no sean más que plantas incineradoras encubiertas.

Fuente: Los residuos agrícolas en el Poniente Almeriense. Almería. GEM 1999.

Balance de un invernadero

En los últimos quince años la productividad por hectárea (el 50 % de las explotaciones tienen una dimensión inferior a una h) se ha duplicado mientras que la rentabilidad ha disminuido por termino medio de un 16% a un 2,1%. En diez años montar un invernadero ha pasado de costar 16.000.000 a 40.000.000 millones de ptas. El suelo, que se vendía hace 40 años a 2 ptas/m2, hoy vale unas 3.000 ptas/m2, el más caro de España (el más barato es el suelo de secano de Aragón, 38 ptas/m2). COAG, el sindicato mayoritario de empresarios agrícolas en Almería, calcula que cada agricultor debe una media de 20 millones de ptas al banco. En un año bueno el agricultor puede sacar un máximo de ocho millones de beneficio.

Descenso de la rentabilidad: tasas internas de rendimiento en invernaderos en Andalucía:

Campaña

90/91

93/94

98/99

   Inversión

18.150.000

24.850.000

40.000.000

   Gastos corriente

2.920.000

3.410.000

4.250.000

   Ingresos

6.050.000

7.000.000

6.720.000

   TIR

16,5%

3,3%

2,1%

Fuente: El sistema productivo almeriense y los condicionamientos hidrológicos. Francisco J. Ferraro García (director). Biblioteca Civitas Economía y Empresa. 2000.

El invernadero inteligente

La era del invernadero inteligente ha llegado al Poniente almeriense: los llamados cultivos hidropónicos se realizan en invernaderos de plástico rígido y herméticamente cerrados, que en la actualidad suponen el 15% del cultivo bajo plástico (entre 3.500 y 4.500 hectáreas). Los suelos enarenados se sustituyen por barras de lana de roca o perlita, sustratos artificiales que acogen la planta y son alimentados gota a gota por una mezcla de agua y nutrientes controlados por ordenador. Supone el mantenimiento de la planta en las condiciones idóneas para crecer y/o producir las 24 h. del día durante los 365 días del año. Este salto tecnológico ha significado un avance en cuanto a calidad (control de plagas, disminución en el consumo de fitosanitarios y agua de riego) pero, también, un fuerte incremento de la inversión necesaria.

Almería intenta adivinar su futuro en el espejo del invernadero holandés, su competidor histórico, junto a Israel; y es, a su vez, el espejo donde se miran Latinoamérica, China o el norte de África. De 1975 a nuestros días la producción media por hectárea se ha duplicado gracias a estos avances tecnológicos que fuerzan el ciclo natural de la planta provocando, desde las filas ecologistas, la asimilación del tomate de la agricultura intensiva al pollo de granja. La mayor parte de la tecnología es importada, holandesa, como las semillas híbridas, resistentes a los patógenos más comunes y que producen hortalizas de rápido crecimiento y larga vida para que lleguen inmaculadas al puerto de Rotterdam o La Haya.

La industria auxiliar

La monumental extensión de los cultivos bajo plástico alimenta una variopinta industria auxiliar: 77 empresas de semillas, 36 instaladoras de sistemas de riego, 35 empresas de transporte y logística (Almería tiene, en proporción, la flota de camiones más numerosa del mundo), 33 asociaciones empresariales y profesionales, 32 fabricantes de productos agroquímicos, 31 plantas de envases y embalajes y 28 constructoras de invernaderos. Más de 200 cooperativas y alhóndigas se encargan de canalizar la producción que, en su mitad, se envía fuera de España: Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda absorben el 80% de las exportaciones. El valor estimado de la producción total alcanza los 2.450 millones de euros anuales.

(Datos extraídos del estudio Almería madura, Almería podrida de Mario Gaviria y David Baringo. Universidad Pública de Navarra. Primera versión provisional febrero del 2001)

Contaminación de acuíferos

Desde el año 1984, el acuífero de Campo de Dalias (uno de los mayores del Poniente) está declarado sobreexplotado: la extracción de agua excesiva impide la recarga de sus niveles y eso obliga a perforar a mayor profundidad. Los pozos, que antes no llegaban a los 80 m, ahora descienden a 800 y ya se están haciendo prospecciones a 2.000 m. Existen más de 1.200 perforaciones (pozos) en sectores muy afectados por la intrusión marina (aguas salinizadas). Además de estar sobreexplotados, algunos niveles de los acuíferos de Almería presentan contaminación por nitratos: 240 mg/l frente a los 50 mg/l permitidos por la UE según fuentes del Grupo Ecologista Mediterráneo. Según estudios recogidos por Ecologistas en Acción, se han encontrado restos de endosulfán alfa, beta y sulfato en un rango de 0.5 a 540 ng/l en los niveles superficiales de los acuíferos de Almería.

Los acuíferos, no sólo proporcionan agua de riego sino que también abastecen el consumo de agua urbano. Medidas como la introducción del cultivo hidropónico, que funciona con sistemas recirculantes, reduce el impacto contaminante sobre los acuíferos al reaprovechar el agua sobrante de los cultivos en cada riego.

La gestión del agua

El 80% de la superficie regada recibe el agua de las Comunidades de Regantes, en su mayoría corporaciones de derecho público en las que se agrupan los agricultores y que se inscriben en la Confederación Hidrográfica del Sur, el órgano provincial competente en materia de agua.

El agua representa actualmente el 2,9 % de los costes anuales en un invernadero. Se calcula que cada invernadero necesita entre 5.000 y 6.000 m3 por hectárea. Los actuales sistemas de riego informatizados consiguen un ahorro de agua y fertilizante de hasta el 35%. No obstante, el déficit hídrico de Almería se sitúa en 400 millones de m3. Frente a ello, las expectativas de agua creadas por la propia Administración con el Plan Hidrológico Nacional y las futuras plantas desaladoras como la de Carboneras (con un coste de 13.000 millones de ptas, será la segunda más grande del mundo) están propiciando el aumento de la superficie de regadío, la especulación del suelo y la escalada de los precios del agua: de las 35/40 ptas que cuesta el m3 ahora, se pasaría a pagar de 60 a 100 ptas por m3 de agua desalada (desalobrizada o depurada) y no menos de 130 ptas por m3 del agua del trasvase. "Pocos podrían con esos costes –afirma Leandro del Moral, experto de la Universidad de Sevilla– sin una reducción de beneficios que pondría en crisis el modelo productivo, a menos que parte se subvencione". Ante las controversias que suscita el tema, quizás la única conclusión posible es la apuntada por Jesús López Gálvez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Almería: "Las nuevas tendencias de gestionar la abundancia con trasvases y desaladoras nos lleva a no preocuparnos por la situación de deterioro de los acuíferos de Almería. Una vez más, el productivismo tecnológico que desequilibra a largo plazo los ciclos naturales y la propia supervivencia humana se está imponiendo".

Fuente: Estudio alternativo a la evaluación ambiental estratégica del ministerio sobre el PHN. Fundación Nueva Cultura del Agua

Desmontes: una violenta transformación del paisaje

Desde 1997, se han tramitado un total de 171 expedientes sancionadores por actuaciones de roturación y desmonte de terreno forestal. Aunque hay más denuncias en fase de actuaciones previas a la incoación. El Ministerio de Medio Ambiente ha constatado, mediante imagen por satélite, cerca de 2.453 h inexistentes, es decir de las que no se tiene registro oficial ninguno. Según los ecologistas, hay que considerar ilegales todas las hectáreas invernadas (unas 18.000) desde 1984, año en que la Junta de Andalucía declaró sobreexplotado el acuífero de Dalías y prohibió la creación de nuevas superficies de regadío en la zona.

A pesar de ese decreto ley, la propia Junta de Andalucía estima que anualmente se incrementa en 1.500 hectáreas la superficie de regadío en el Poniente almeriense. Los invernaderos hoy ocupan zonas vecinas como el Campo de Níjar y su dinámica expansiva, lejos de detenerse, avanza jaleada por las expectativas de agua realizadas hasta por el propio ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Muchos de estos nuevos cultivos bajo plástico se instalan en las laderas de la sierra de Gádor (a 400 metros, los más altos de toda España) o dentro de los límites del Parque Natural de Cabo de Gata. Roturar y nivelar el terreno para hacer un invernadero conlleva una violenta transformación del paisaje: un desmonte puede llegar a desplazar 100.000 m3 de tierra, los montes desaparecen y se destruye la vegetación y la fauna autóctonas.

Fuente: Desmontes y roturaciones: situación en Andalucía. Comisión agroforestal Ecologistas en Acción Almería.

El papel del jornalero inmigrante

Entre 40.000 y 50.000 inmigrantes, un 10% de la población, viven en Almería. La mayoría son hombres solteros, entre 20 y 40 años, 20.000 de ellos en situación irregular. Empezaron a llegar, masivamente, entre 1990 y 1995, cuando los niños y las mujeres del Poniente dejaron de trabajar bajo los plásticos, unos para ir regularmente a la escuela; otras para emplearse en la plantas envasadoras (15.000 mujeres almerienses trabajan en ellas).

Los invernaderos, levantados con el duro trabajo de toda la familia, pasaron a depender de la mano de obra inmigrante, marroquí en un 80%. Ha sido un cambio significativo tanto a nivel sociocultural (en algunos municipios la población inmigrante supone casi un 20% del total) como a nivel económico: la mano de obra representa el 42% de los costes anuales de producción de un invernadero (2.300.000 ptas menos de beneficio al año). Cálculos como éste hacen que el antropólogo Francisco Checa afirme que los únicos costes que el agricultor puede controlar a la baja para seguir teniendo margen de beneficio son los jornales (Checa, Almería, ciudad cortijo). Algo similar a lo que los grupos ecologistas denuncian respecto a las responsabilidades medioambientales: ante la imposibilidad de recortar los costes de producción, el agricultor protesta y presiona por el precio público del agua o de la gestión de residuos.

(Datos extraídos del estudio Almería madura, Almería podrida de Mario Gaviria y David Baringo. Universidad Pública de Navarra. Primera versión provisional febrero del 2001

Control sanitario y LMR

La cosecha de la primavera del 2001 se arruinó por culpa de las plagas, una amenaza continuada para la agricultura de Almería: el clima benévolo, la humedad y el calor constante del invernadero, más el caldo de cultivo de miles de toneladas de residuos vegetales, suponen el paraíso terrenal para la mosca blanca, el pulgón o la araña roja. En el 2001, se perdieron 50.000 millones de ptas aunque se administraron, como cada año, 0,2 tn de fitosanitarios y 2,3 de fertilizantes por hectárea bajo plástico. Un gasto de 700.000 ptas anuales por hectárea que, sumadas, suponen el 20% de la inversión en fitosanitarios de toda España. A pesar de ello, o quizás por ello, el control sanitario es ahora muy estricto: el mercado europeo así lo exige y los agricultores lo han asumido como requisito indispensable para ser competitivos. Una partida de pimientos devuelta por dar positivo en esta versión agrícola del control antidopaje hunde toda la campaña.

Los LMR (Límites Máximos de Residuos) fueron establecidos por la Comunidad Europea y aplicados en España desde el año 1994 para controlar los restos químicos presentes en los vegetales. Se miden en miligramos por quilo y establecen los niveles máximos aceptables para la salud humana. Según Vicente Aparicio, jefe del departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, estos niveles se establecen en función de las dietas tipo de cada región comunitaria. Esta falta de armonización ha sido responsable, en parte, de alguno de los últimos episodios de partidas almerienses devueltas por Alemania. Los LMR tienen su origen en una lista de productos químicos permitidos, que debían ser reducidos de 834 a 300 en el 2003. Más de la mitad de esas sustancias están todavía por analizar.

Producción integrada y ecológica

En 1998 había en toda Almería dos empresas agrícolas, Arysol y Copronhnijar, dedicadas a la producción integrada: entre ambas no sumaban ni 80 hectáreas de superficie. Estas técnicas de producción requieren una alta especialización y un gran apoyo técnico puesto que se basan en un continuado seguimiento del desarrollo de la planta, recurriendo a la fauna auxiliar como método preventivo de sanidad vegetal. Es la llamada lucha biológica, basada en depredadores naturales de las plagas que no son nocivos para las cosechas y en la reducción del uso de productos agroquímicos. Arysol desistió de su empeño en el 2000 y se ha sumado a las 36 empresas que producen en Almería bajo algún certificado de calidad.

Los sellos de calidad (AENOR o EUREP-GAP, el certificado impuesto por las grandes distribuidoras como Carrefour) controlan el uso de fitosanitarios pero no son tan restrictivos como los límites impuestos en la producción integrada. La producción ecológica en el Poniente almeriense es anecdótica: para ver un almendro ecológico hay que hacer 150 kilómetros hacia el norte de la provincia. Y es controvertida: para quien entiende el concepto de ecológico en un sentido íntegro y amplio, no puede ser ecológica una agricultura bajo plástico que fuerza a tal extremo el ciclo natural de la planta. Es, además, una opción difícil, casi ingenua, asumida a título personal: un invernadero ecológico entre miles de invernaderos protegidos con armas químicas es, para las plagas, como un restaurante con bufete libre. Sin contar que bebe de los mismos acuíferos y respira la misma brisa que el resto.