Los Verdes denuncian el descontrol urbanístico, sanitario y fiscal de las antenas de telefonía móvil

EFE/SEVILLA. 23-06-06

El diputado en el Congreso de Los Verdes (LV) Francisco Garrido denunció el "descontrol" urbanístico y fiscal en la instalación de antenas de telefonía móvil, y exigió modificar la Ley de Telecomunicación para evitar también la "absoluta desprotección" sanitaria de los ciudadanos.

El portavoz de LV, denunció en una rueda de prensa en Sevilla la situación de "irregularidad y de descontrol" por parte de la administración pública de la proliferación de las antenas de telefonía móvil, que, según dijo, ha registrado una "expansión brutal".

Después de cuantificar en más de 35.000 las nuevas antenas que se instalarán en los próximos meses en España, Garrido alertó sobre la "absoluta desprotección" de los ciudadanos y el "riesgo y alarma" social que está creando por el "impacto de esta nueva forma de contaminación".

Ante la celebración mañana del Día Mundial de lucha contra la contaminación electromagnética, criticó el "vacío" legal que hay en esta materia y, para paliarlo, Los Verdes planteará distintas propuestas en el Congreso para regular estas antenas, previa modificación de las leyes de Telecomunicación y de Contaminación Atmosférica.

La regulación que defiende LV debe estar basada en la reducción de la potencia de las antenas, la moratoria de esta tecnología, ante el "desconocimiento" de su impacto en la salud, o la realización de estudios epidemiológicos que evalúen "seriamente" los riesgos.

Junto a estas medidas, Garrido exigió que las empresas de telefonía tengan un contrato de seguro que regule su posible responsabilidad en la instalación de la antenas y que en los contratos entre las empresas y comunidades de propietarios se incluyan cláusulas de las operadoras que las hagan responsables de la ausencia absoluta de daños sobre la salud por esta tecnología.

"Ninguna compañía de seguros asegura estas antenas y si no lo hacen es porque tienen información de que no hay seguridad sobre la inocuidad de estas instalaciones", afirmó.

Como ejemplo del "descontrol", el director general de Educación Ambiental de la Junta de Andalucía, Francisco Oñate, miembro de LV, se centró en el caso de la ciudad de Sevilla y el "posible fraude fiscal" que está generando la instalación de estas antenas.

Tras señalar que ha solicitado una investigación a la Agencia Tributaria, el dirigente ecologista explicó que, según el Ministerio de Industria, en Sevilla hay un censo aproximado de más de 750 antenas de telefonía móvil.

"Si estimamos que el beneficio medio de la comunidades de vecinos que han permitido la instalación es de unos 18.000 euros anuales, estamos hablando de tres millones de euros al año en concepto de IVA e IRPF", indicó.

De esta cuenta, dedujo que Hacienda "estaría dejando de ingresar por estos conceptos unos 12 millones de euros", ingresos -aclaró- que "corresponde hacer" tanto a las compañías como a las comunidades de vecinos.

Al problema fiscal, Oñate añadió el hecho de que de las 750 antenas de la capital hispalense, que requieren de licencia municipal para su instalación, sólo 228 disponen del pertinente permiso que otorga la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

 

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