Una población que ha esperado, desesperado y se ha desesperanzado ante la tardanza de unos planes que parecía no iban a llegar nunca. Pero al fin, tras tanto tiempo perdido, tras tanta incertidumbre, estos PDS han comenzado a ver la luz. Tras la lluvia de millones que supuso el PDS de Doñana y su entorno, en el año 2001 se aprobaron los de dos Parques, hace poco más de un mes los de otros cuatro, y en la actualidad están en una fase muy avanzada de elaboración otros tres. Sobre la práctica totalidad de los restantes, salvo el del Estrecho de reciente creación y el de Sierra Nevada, se ha producido ya el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el cual se aprueba su formulación, o lo que es lo mismo, el inicio de su redacción.

No obstante estos planes constituyen una burla o, tal vez en el mejor de los casos, una mentira piadosa con la que se pretende alargar y edulcorar la agonía de la desesperanza que sufren los habitantes de estos Parques Naturales.

Por que estos PDS, más que planes, son simples declaraciones de intenciones, sin compromisos serios por parte de la Junta de Andalucía para llevar estas intenciones al terreno de su realización práctica. Son la crónica de un fracaso anunciado. El fracaso de las esperanzas de los habitantes de un mundo rural que lleva ya décadas sumido en el abismo de la periferia de un modelo de desarrollo tremendamente desigual.

He asistido a muchos debates presupuestarios, tal vez demasiados para lo que sería recomendable y saludable, y entre lo poco que he aprendido (son debates poco didácticos y pedagógicos), destacaría la aseveración de que "lo que no aparece en los presupuestos no existe". Creo que, aunque ésta es una afirmación demasiado rotunda, como regla general tiene un elevado grado de validez. Pues bien, los capítulos que en los PDS se dedican a estimar los presupuestos necesarios para su realización y a enumerar las fuentes de financiación son de risa, ridículos, patéticos. No se dedica ni una sola línea a la inversión global necesaria y, mucho menos, a las partidas a dedicar a cada una de las medidas y actuaciones que, de manera profusa, aparecen enumeradas en los Planes. Y, consecuentemente con lo anterior, tampoco se hace referencia a las diferentes fuentes de financiación que aportarían los recursos necesarios.

Para dotar de una mínima credibilidad a estos PDS sería, al menos, necesario estimar la inversión total necesaria, la de cada una de los programas, líneas de actuación y medidas, y la cuota de participación que correspondería en esa financiación a las diferentes administraciones y también a la iniciativa privada.

Y todo ello, aunque, en una coyuntura (que tiende a ser estructural) en la cual es más que probable la reducción de los fondos europeos a recibir por Andalucía, no se tenga la seguridad de que los recursos financieros disponibles vayan a ser suficientes para cubrir el total de esas inversiones estimadas como necesarias. Pero claro para poder establecer criterios de actuación y prioridades es preciso saber cual es la inversión que se necesita.

Podrá argumentarse que en realidad un elevado montante de las inversiones necesarias corresponderían a la iniciativa privada y que, por lo tanto, no procede su estimación. Pero este sería un argumento falaz, que no justificaría en ningún caso la no estimación de las inversiones públicas. Pues estas inversiones deben servir sobre todo para crear las estructuras y condiciones necesarias para facilitar e incentivar las inversiones privadas. De lo contrario las inversiones públicas pueden acabar destinándose casi exclusivamente a subvencionar a unas empresas que subsisten a duras penas, con lo que lo único que se conseguiría sería perpetuar un modelo de subdesarrollo que en la actualidad supone una pesada ancla para estas áreas sumidas en una ya más que asentada y nefasta cultura del subsidio y el clientelismo.

Por otra parte, a la hora de abordar la puesta en marcha de cualquier plan, especialmente en aquellos casos, como ocurre con los PDS, que tienen una gran complejidad (por la multiplicidad de campos en los que debe actuar y por la interrelación existente entre los mismos), es fundamental resolver previamente dos cuestiones:

1. Que es más importante y que menos de cara a ir consiguiendo los objetivos propuestos.

2. Que es lo que hay que hacer antes y que es lo que hay que hacer después. Esto no es lo mismo que lo anterior, pues a veces hay medidas menos importantes que es necesario realizar antes para posibilitar la puesta en marcha de las que si son más importantes.

En resumen, es necesario que cualquier plan contemple una priorización de sus objetivos, programas y líneas de actuación y un cronograma que los organice en el plano temporal. Pues bien, en los PDS no aparecen ni cronogramas ni se establecen esas prioridades en cuanto a la importancia de los programas y actuaciones a desarrollar.

Estos dos aspectos son, si cabe, más importantes cuando no existe una seguridad en la consecución de todos los fondos necesarios para la ejecución del plan, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Algo parecido ocurre con los indicadores destinados a evaluar el cumplimiento de los PDS. Son muchos, tal vez demasiados, con lo que se dificulta y encarece una evaluación rigurosa, y no se determina cuáles tienen una mayor o menor importancia de cara a esa evaluación. Algo por otra parte lógico y consecuente con la falta de priorización de los programas y líneas de actuación. Esto puede llevar a que ante la incapacidad para realizar esta evaluación se acabe "estimando" su cumplimiento con una clara e indeseable tendencia a la autocomplaciencia.