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La consejera de Medio Ambiente responde en el Parlamento andaluz la pregunta efectuada por la tala masiva de Baza J.A.R.S. La parlamentaria popular Carolina González Vigo dijo el jueves en el pleno del Parlamento andaluz que la tala de Baza "revela el fracaso" de una gestión que, aseguró, permitió "vulnerar la legalidad desde el silencio cómplice de los máximos representantes medioambientales en Granada". Durante su intervención, González, que se interesó por las medidas "políticas" que piensa adoptar la Consejería de Medioambiente tras la sentencia dictada por la Audiencia de Granada por la tala masiva de árboles en el Parque Natural Sierra de Baza, dijo que, "al menos tres delegados de medioambiente en la provincia deberían dar cuenta de su responsabilidad", según informó el PP en un comunicado. La diputada popular indicó que Manuel Chirosa, delegado de Medioambiente en Granada cuando, subrayó, "comenzó a fraguarse este delito" y hoy Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural, redujo en un informe la tala a 9.5 hectáreas "cuando se ha demostrado que fueron arrasadas 42.5 hectáreas, más de 7.600 metros de ribera y se acabó con 13.000 árboles". González señaló también como responsable a Rafael Salcedo, delegado tras Chirosa e imputado en el caso, por mantener en el cargo al entonces director del espacio protegido, José María Irurita, al que la Audiencia ha condenado a 7 años de inhabilitación y uno de prisión por los delitos de prevaricación y contra el medioambiente. La diputada popular destacó que "la propia sentencia afirma que el análisis de la conducta" de Salcedo "se desplaza al terreno político". Consideró también como responsable al actual delegado de medioambiente, Gerardo Sánchez, porque "nombró al hoy condenado Irurita jefe del departamento de Conservación de la Naturaleza "y tampoco ha evitado la matanza de ciervos en el Parque Natural de la Sierra de Baza". Así, González pidió a la Consejera de Medioambiente, Fuensanta Coves, "una reacción política al atentado ecológico de la tala de Baza", después de que las "responsabilidades penales hayan quedado dirimidas". Según la misma fuente, Coves respondió que la condena por prevaricación y delito medioambiental, dictada contra Irurita "no conlleva responsabilidad política" alguna y, añade la nota, justificó "la impunidad" en este aspecto del atentado ecológico con la frase "hay otros que cometen delitos". El Partido Popular de Andalucía ha hecho constar su descontento con la respuesta y ha dejado anticipado que continuará exigiendo las responsabilidades públicas y política que considera se han producido por este grave atentado ecológico en el que paradójicamente aparece como implicada la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la que es condenada como responsable civil subsidiaria en la sentencia a la restauración de los lugares afectados por la masiva e ilegal tala. Cuando esta Consejería es la que tiene confiada por los andaluces la salvaguarda, tutela y protección del patrimonio natural de la comunidad.
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