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COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO Comunicado de Prensa. 22-10-06 LA COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO DENUNCIA QUE "ESPAÑA ES MARBELLA" EXIGE QUE SE DESTAPEN TODAS LAS "MARBELLAS" DEL ESTADO ESPAÑOL Y QUE SE ROMPA EL PACTO DE SILENCIO SOBRE CORRUPCIÓN. DENUNCIA LA PRECARIEDAD DEMOCRÁTICA SIN PRECEDENTES Y LOS ABUSOS SISTEMÁTICOS DEL CIUDADANO Bajo el lema MARBELLA ES ESPAÑA, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) celebró ayer en Marbella su tercera asamblea estatal. La coordinadora integra a más de 600 colectivos de todo el Estado Español en la lucha contra la especulación urbanística, constituida el pasado 1 de Abril en Murcia. En la Asamble participaron 40 integrantes de asociaciones y plataformas de 5 comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia y Aragón). Durante la asamblea, que se prolongó desde las 10'00 de la mañana hasta las 8'00 de la tarde, se dió luz verde al calendario de actividades hasta mayo de 2007, que incluye varias campañas estatales y movilizaciones ciudadanas que se darán a conocer en futuros comunicados. Tras al asamblea se presentó el libro "El tsunami urbanizador español y mundial" de Ramón Fernandez Durán. A medio día los participantes llevaron acabo una protesta simbólica frente al ayuntamiento con el lema MARBELLA ES ESPAÑA - STOP DESTRUCCIÓN, desplegando pancartas gigantes, algunas de 25 metros. La Coordinadora ha escogido el enclave de Marbella para su tercera asamblea por el valor simbólico de un lugar que no es la excepción, sino el paradigma de la situación de, corrupción generalizada, desorden territorial, precariedad democrática y estado de excepción en política urbanística de España. La coordinadora exige que se destapen todas las "Marbellas" en todo el estado Español y que el pacto anunciado ayer por los partidos políticos para frenar la corrupción no se convierta en nuevo pacto de silencio. La CCDT denuncia la manera en que la cuestión urbanística implica a todas las furzas políticas y la forma en que se está instrumentalizando políticamente desde todas las facciones implicadas en la misma. Exige a su vez que las medidas llevadas a cabo en Marbella se extiendan a todos los ayuntamientos y comunidades autónomas que promueven el urbanismo desaforado y la corrupción, con la retirada de competencias urbanísticas como medida de castigo. La CCDT denuncia el desorden territorial sin precedentes y la destrucción salvaje e irreversible del territorio y del patrimonio que se provueve con el urbanismo desaforado. Denuncia también la estafa generalizada promovida desde la industria inmobiliaria y turística, y la demagogia de la gran mentira desarrollista enarbolada por la administración, que enmascara la destrucción efectuada por los procesos especulativos vinculados al dinero negro, las mafias nacionales e internacionales y las grandes flujos del capital global, que atentan sistemáticamente contra los intereses de los ciudadanos. Se trata de un desarrollo claramente anticonstitucional: Artículo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Frente a esta situación sin precedentes, de dimensión estatal, tras décadas de crecimiento urbanístico salvaje y con una previsión de crecimiento para los próximos 15 años que triplica el de las décadas anteriores, los ciudadanos de todo el estado se coordinan para exigir una ordenación del territorio y una ley básica de coordinación de las comunidades autónomas en política territorial frente al desorden territorial sin precedentes; una derogación de la ley de suelo estatal, que es una normativa ultraliberal que convierte todo el suelo no especialmente protegido en urbanizable; así como una moratoria de los proyectos de urbanización, en un contexto en el que hay millones de viviendas vacías, proponiendo un crecimiento hacia adentro de las ciudadades. Exigimos, sobre todo, la puesta en práctica inmediata de mecanismos legales efectivos de participación ciudadana en la planificación urbanística y territorial. La CCDT hace un llamamiento a asociaciones y plataformas de todo el Estado a unirse a la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, con el fin de crear una red estatal que pueda hacer frente a un problema de dimensiones sin precedentes que afecta a todos los ciudadanos. La Coordinadora es una entidad en la que no tiene cabida partidos políticos. La web de la Coordinadora es www.nosevende.org ADJUNTAMOS EL TEXTO PROVISIONAL DEL MANIFIESTO Contacto: Jaime del Val: Tel: 687 558 436 Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio Portavoces: Jaime del Val - 687 558 436 Francisco Amorós: 678 278 073 MANIFIESTO DE LA COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO. LOS CIUDADANOS DEL ESTADO ESPAÑOL SE UNEN CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA El sábado 1 de abril de 2006 se ha constituido en Murcia la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, una plataforma y federación estatal que nace con el apoyo de las más de 300 asociaciones que están integradas en las plataformas regionales contra la especulación urbanística existentes en Andalucía, Murcia y Madrid, así como asociaciones y plataformas de la Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, que representan a los más variados sectores de la ciudadanía, que reúnen la experiencia de años de lucha y que denuncian la siguiente situación: Nos encontramos ante un hecho histórico: nunca en la historia europea se había producido una ocupación del suelo tan extrema por sus dimensiones y su impacto como la que tiene lugar actualmente en todo el territorio español. Se trata del mayor expolio social, medioambiental y cultural de la historia europea. España está sometida a un desorden territorial sin precedentes, es el pais desarrollado que peor gestiona su territorio, con una ausencia total de cultura del territorio y un estado de excepción en política urbanística que se basa en el beneficio económico desmesurado y cortoplacista de quienes promueven la construcción. Podemos decir que España es Marbella: Marbella es el paradigma de la situación que afecta a todo el territorio y de la precariedad democrática del pais. Las distintas administraciones autonómicas, en lugar de actuar regulando y recortando los crecimientos desmesurados de cada municipio tienden a legitimarlos, careciendo el territorio de una ordenación mínima que permita una sostenibilidad medioambiental, una estructuración social y una administración global de los recursos. Tal como desvelan numerosos informes oficiales (en particular mencionamos el Informe de Cambios de Ocupación del Suelo del OSE de 2006) en España se consume más cemento y se construye más que en el Reino Unido, Francia y Alemania juntos y la mitad que en EEUU. En 2005 se construyeron en España más de 800.000 viviendas y en 2006 se prevé superar las 850.000, desde 2000 se han construido 4 millones de casas. Actualmente, según nuestros cálculos, en España se está recalificando suelo para más de 20 millones de viviendas que duplicarían el parque inmobiliario español, de las que más de 10 millones podrían construirse en los próximos 15 años. Hay a su vez una precariedad generalizada de recursos, en particular del AGUA, que hacen inviables la mayor parte de los desarrollos previstos. El problema afecta a todo el territorio, damos a continuación algunas cifras de previsión de desarrollo de zonas especialmente castigadas: la Comunidad de Madrid (más de dos millones de viviendas previstas), La Comunidad Valenciana (más de un millón), Murcia (más de 800.000), Almería (cerca de dos millones), Málaga (más de un millón), la costa gallega (650.000), sin olvidar el resto de comunidades autónomas, de la costa, el interior y la islas. Por todo ello concluimos que: La cuestión urbanística es uno de los problemas más graves del Estado Español: -uno de los mayores problemas sociales: El actual crecimiento urbanístico profundiza las diferencias en la estructura social, acentuando viejas y nuevas desigualdades. El modelo inmobiliario español extrema la división económica y social del espacio, favoreciendo los procesos de segregación y produciendo una desestructuración territorial que, finalmente, se traduce en un empeoramiento ostensible de las condiciones de vida. España es uno de los países con más viviendas vacías y donde más viviendas se construyen por habitante y sin embargo es también un de los países donde la vivienda es más inaccesible: desde 1997 los precios de la vivienda se han duplicado; la espiral especulativa infla artificialmente el precio de la vivienda hasta hacerla inaccesible para enormes sectores de la población al tiempo que empeoran las condiciones de vida al saturarse las infraestructuras y masificarse el territorio. El crecimiento propuesto no puede justificarse en términos de demanda de viviendas. La especulación urbanística ha convertido una parte importante del territorio español en un ámbito privilegiado de actuación de las mafias internacionales. Por otro lado, las características urbanísticas de muchos de los nuevos desarrollos, auténticas ciudades fantasma de segunda residencia faltos de equipamientos y servicios, favorecen la aparición de nuevas formas de inseguridad ciudadana, cada vez más frecuentemente combatida con inquietantes políticas de seguridad que buscan convertir a cada vecino en un policía. Se generan modelos urbanos antisociales, con la proliferación de enormes ciudades-urbanización, con un modelo de elevado consumo de recursos, que al tiempo que destruyen el paisaje y el medio natural generan tejidos urbanos desmembrados y hacen desaparecer el espacio público, dejando como única alterativa los centros comerciales y de ocio y el consumo privado. El ciudadano es víctima sistemática de esta situación, encontrándose en una posición de creciente precariedad ante los abusos urbanísticos y las estafas. El comprador de viviendas se encuentra afectado por una situación de estafa generalizada ya que, como demuestra el informe de la Asociación de Usuarios Bancarios Ausbanc de 2005, el 98% de la publicidad de la industria inmobiliaria es engañosa. A estos hay que añadir los abusos relacionados con expropiaciones forzosas y recalificaciones. Podemos hablar de millones de víctimas de los abusos urbanísticos en España. Los derechos ciudadanos a la participación en la planificación territorial y urbanística son sistemáticamente lesionados al ponerse dificultades de toda índole y promoverse un clima de desinformación generalizada en el que la propia administración practica una demagogia desarrollista según la cual este modelo insostenible y destructivo de crecimiento beneficiaría a todos, lo que induce a que la gravedad de la cuestión no sea reconocida actualmente por la sociedad. Se promueven las grandes infraestructuras que posibilitan la especulación del territorio (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, puertos), a menudo con subvenciones millonarias de la UE, mientras se acrecienta un estado de precariedad generalizada en todas las infraestructuras básicas y los servicios que el ciudadano necesita. -uno de los mayores problemas medioambientales: el territorio está sometido desde hace décadas a un proceso de urbanización salvaje que ha destruido enormes sectores de forma irreversible, en particular la casi totalidad de la costa y el entorno de las grandes urbes, y cada vez más otros sectores del interior. El Urbanismo desaforado es motor constante de destrucción de especies vegetales y animales protegidas, así como de yacimientos geológicos protegidos. El actual crecimiento se caracteriza por una explotación intensiva del territorio, recalificando enormes superficies de terreno para uso residencial, con un alto consumo energético y con la proliferación de modelos insostenibles, como el campo de golf, que conllevan un elevado consumo de recursos. -uno de los mayores problemas culturales: se están destruyendo valores y señas de identidad fundamentales de la cultura: el paisaje, la cultura local y el entorno natural, que son remplazados por el hormigón y el modelo estandarizado, insostenible y globalizado de una cultura de masas ultraliberal basada en el beneficio económico cortoplacista. El desarrollo urbanístico es acaso la mayor fuente expolio cultural de España, al destruirse sistemáticamente yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, además de propio paisaje. El caso reciente de la ciudad visigoda de Toledo es solo la punta del iceberg. En el Levante Almeriense, por ejemplo, hay más de 500 yacimientos arqueológicos amenazados por la construcción. -uno de los mayores problemas económicos: al estar hipercentrada en el desarrollo urbanístico la economía española está gravemente desequilibrada, con las consecuencias de un incremento de la inflación, una reducción de la productividad, una detracción de capitales y recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores, con los riesgos enormes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con la imposibilidad material de alimentar la economía del país de esta fuente a largo plazo y con el crecimiento desmesurado de la economía sumergida que representa, según el ministerio de Hacienda, el 20% del PIB español, con el 26% de los billetes de 500€ de la zona euro circulando en España. La década de crecimiento del mercado inmobiliario español ha tirado del empleo y el consumo pero los expertos temen que el mercado se encamine hacia un aterrizaje brusco que podría repercutir en el resto de la economía nacional, el 20% de los cuatro millones de nuevos puestos de trabajo que se han creado en el país han sido en el sector de la construcción, que es uno de los más importantes en España ya que representa más del 10% de la producción económica del país. La desaparición de la agricultura y la ganadería y de otras formas de industria y comercio local, elimina las fuentes alternativas y la diversificación de la productividad, poniendo el territorio únicamente al servicio de la especulación del suelo. Se trata de un modelo de crecimiento que está afectando ya a la propia industria turística: el informe de Exceltur de 2005 sobre el impacto del desarrollo urbanístico en la industria turística demuestra que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, ya que destruye los valores del territorio y fomenta una masificación sin precedentes. -uno de los mayores problemas políticos: según el tribunal de cuentas una tercera parte de la financiación de los partidos políticos es ilegal y procede principalmente de la especulación urbanística, esto convierte a la cuestión urbanística en la cuestión que más amplia y profundamente implica a todas las fuerzas políticas mayoritarias en la corrupción. El estado de corrupción generalizada -ejemplificado en el paradigma de Marbella- de las administraciones municipales y autonómicas, así como de sectores del poder judicial, la banca y la industria inmobiliaria, entre otros, encuentran en el urbanismo su principal o su único eje y representa la mayor agresión que se ha producido a nuestra democracia, socavando sus valores hasta límites inaceptables en un estado de derecho y planteando un deterioro sin precedentes de las instituciones democráticas. A su vez el arraigo sin precedentes de las mafias internacionales en el territorio español es uno de los mayores desafíos políticos de la historia de la democracia, en particular si tenemos en cuenta que según el Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga existe un pacto entre sectores de la administración y las mafias internacionales para que estas blanqueen impunemente su dinero en España, con la condición, suspuestamente, de que no cometan crímenes en nuestro territorio y colaboren en la lucha antiterrorista. El modelo de crecimiento descrito es claramente anticonstitucional, al promoverse la especulación desenfrenada del suelo, atentando sistemáticamente contra el interés general, al tiempo que se dificulta al ciudadano el acceso a una vivienda digna: Artículo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Frente a esta corrupción generalizada y a una situación de indefensión, los ciudadanos unimos recursos y voces para articular mecanismos de denuncia legal y social que pongan freno a esta situación. Esta Coordinadora, que se constituye al mismo tiempo como federación estatal, está compuesta por ciudadanos, asociaciones y plataformas de todo el espectro social y de todo el territorio (urbano, rural, litoral e insular). En esta coordinadora, no tienen cabida empresas, partidos políticos ni sindicatos mayoritarios, que han demostrado una vez tras otra que son tanto beneficiarios como legitimadores de lo que queremos combatir. Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exigimos al estado español, a los gobiernos autonómicos, al a Unión Europea y las demás instancias internacionales: 1. la aplicación de las leyes existentes destinadas al control del desarrollo urbanístico, la defensa del medioambiente y la lucha contra la especulación del suelo, que se vulneran sistemáticamente, la articulación de mecanismos legales que pongan en práctica el artículo 47 de la constitución y persigan expresamente la especulación, el cumplimiento de las directivas europeas de medio ambiente, 2. la creación de fiscalías específicas para la cuestión urbanística y la creación de una ley rápida, como en el caso de la ley de género, que permita la actuación ágil de la ley en los abusos urbanísticos y medioambientales. 3. la derogación de la ley de suelo estatal actual, una normativa ultraliberal importada de EEUU en la que todo el suelo es por definición urbanizable, y el retorno al modelo europeo de ley de suelo en el que este es por definición protegido. 4. crecimiento cero de nuevas viviendas en todas las zonas ya saturadas y crecimiento hacia adentro de las ciudades, utilizando el enorme contingente de vivienda vacía y con una regeneración coherente de los cascos urbanos que así lo necesiten; 5. moratorias en los distintos ámbitos de la planificación urbanística municipal, en particular donde no estén garantizados los recursos básicos como el agua y en particular moratorias en la construcción de campos de golf y resorts; y la retirada de competencias urbanísticas como medida de castigo y con el fin de imponer un control a aquellos ayuntamientos y autonomías que promuevan un desarrollo extremadamente insostenible y contrario al interés general. 6. la puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes, que deberían conllevar recortes masivos en la mayoría de los desarrollos previstos por los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Parciales y las modificaciones de Normas Subsidiarias municipales. 7. la puesta en práctica de modelos de desarrollo y de una cultura del territorio que respeten y refuercen los valores sociales, medioambientales y culturales del territorio español y cada una de sus partes. 8. la eliminación de las figuras del convenio urbanístico y del agente urbanizador. 9. la puesta en práctica de alternativas económicas y de un modelo de transición a esas alternativas que permitan abandonar la construcción como principal fuente de riqueza. 10. una transformación en la financiación europea que se destina a menudo a grandes infraestructuras y proyectos que favorecen la especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible, mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano, que se encuentra en una situación de precariedad creciente. 11. la puesta en práctica de mecanismos de información y participación ciudadana reales, la integración de la coordinadora y los otros organismos representantes de la ciudadanía en los órganos consultivos de cada proceso de la planificación territorial y la puesta en práctica de mecanismos de denuncia efectivos de las infracciones administrativas en que la administración incurre sistemáticamente lesionando el derecho ciudadano a la participación. 12. la puesta en práctica urgente de soluciones urgentes para la proliferación y el asentamiento de las mafias internacionales en España, que conduzcan a su erradicación. 13. la derogación de la actual ley de expropiación y la elaboración de una nueva ley que impida los abusos que actualmente se cometen por vía de la expropiación forzosa. 14. la articulación y puesta en práctica de normativas estrictas y medidas de vigilancia contra la publicidad engañosa y la publicidad ilegal, que obliguen a un seguimiento de cada proyecto que se publicite en el mercado en el ámbito nacional, internacional e internet y el endurecimiento de los procedimientos de obtención de permisos para la colocación de vallas y banderolas publicitarias. la elaboración de una nueva ley de financiación municipal que otorgue a los ayuntamientos nuevas fuentes de financiación La coordinadora en defensa del territorio asegura que Marbella es la "punta del iceberg" de la situación urbanística de España ESTRELLA DIGITAL/EP/MARBELLA. 21-10-06 Considera que quizás la corrupción no se esté produciendo en un grado extremo, pero podría ser que si porque no hay una información suficiente. El portavoz de la Coordinadora ciudadana en defensa del territorio, Jaime del Val, aseguró hoy que la situación urbanística que se está viviendo en Marbella (Málaga) "es sólo la punta de un iceberg gigantesco" de lo que ocurre en el resto de España, por lo que exigió que las medidas tomadas en la ciudad marbellí, en concreto la retirada de competencias, "se lleven a cabo en otros lugares".La coordinadora, que aglutina a 600 grupos al estar integradas varias plataformas autonómicas, celebra hoy en la ciudad marbellí una asamblea estatal bajo el lema 'Marbella es España', aunque, según dijo el portavoz, "también podríamos decir que España es Marbella". Así, señaló que Marbella "no es la excepción, sino el paradigma y el ejemplo de la situación de especulación que existe en todo el territorio nacional" e insistió, en declaraciones a Europa Press, en que "lo que está sucediendo aquí está ocurriendo también en el resto de España, quizás no en un grado tan extremo o quizás si, porque no hay una información suficiente". Por tanto, afirmó que desde el colectivo reivindican la retirada de las competencias urbanísticas "como medida de castigo" a todos aquellos municipios "e incluso comunidades autónomas" que estén desarrollando una política "de urbanismo desaforado, contraria a la Constitución", al entender, según precisó, "que esta especulación va contra los ciudadanos". Del Val señaló que por lo que está saliendo a la luz "hay zonas, donde no se sospechaba, en las que esta situación tiene unas magnitudes extraordinarias, como son Castilla La Mancha y Castilla y León" y apuntó que "hay cifras muy contundentes" de previsión de viviendas, "como 800.000 en Murcia, unas 650.000 en la costa gallega, más de un millón en la Comunidad Valenciana o los más de dos millones a los que se podría llegar en Madrid". Aunque no todo este crecimiento del parque inmobiliario supone la existencia de situaciones de corrupción urbanística, el portavoz de la Coordinadora precisó que "una gran parte sí", al explicar que "la lógica dice que en cualquier zona ya saturada de viviendas, el crecimiento debe ser cero, que es lo que nosotros reivindicamos también". "Puede haber alguna zona donde exista una demanda real de vivienda por parte de los ciudadanos, pero, realmente, todo lo demás está obedeciendo a una dinámica especulativa", aseveró Del Val, quien reiteró la necesidad de llegar a un crecimiento cero "porque no hay nada que justifique este tipo de desarrollo masivo de millones de viviendas como hay previstas".
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