Tribunal impide cambios de Bush a leyes ambientales

La propuesta del Presidente levantaba restricciones a las empresas

La Opinión digital. 25-12-03

WASHINGTON, D.C., (AP).— Un tribunal federal obstaculizó ayer unos cambios a las normas ambientales propuestos por el gobierno del presidente George W. Bush que permitirían a las empresas hacer reparaciones sin instalar nuevos controles contra la contaminación.

El fallo responde a las acciones judiciales de las autoridades de varios estados, que habían alegado ante el tribunal que los cambios deseados por el gobierno perjudicarían el medio ambiente y la salud colectiva.

Las modificaciones, que iban a ser implementadas a partir de hoy por la Oficina del Medio Ambiente (EPA), harían más fácil a las plantas de electricidad, refinerías y otras industrias hacer reparaciones bajo el manto de “mantenimiento de rutina”, esquivando así nuevos controles contra la contaminación.

Un panel de tres jueces del Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia emitió el fallo que impide aplicar los cambios hasta que se resuelvan las quejas judiciales presentadas por las autoridades estatales y municipales.

Tal proceso llevará seguramente varios meses.

La decisión del tribunal federal bloquea, al menos temporalmente, una de las mayores decisiones ambientales del gobierno de Bush. Los jueces dijeron que los demandantes “demostraron el daño irreparable y la probabilidad de éxito” de su caso, que requiere que se impida la vigencia de las normas cuestionadas.

La EPA propuso la regla en diciembre, el entonces administrador interino la firmó en agosto y debía completarse en octubre para entrar en vigencia esta semana.

Las demandas fueron presentadas por los secretarios de justicia de 12 estados: Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nuevo México, New Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, además de representantes legales de las ciudades de Nueva York, Washington, San Francisco, New Haven y varias otras de Connecticut.

No hubo reacción inmediata por parte de funcionarios de la EPA.

La entidad opinó que la regla no producirá cambios significativos en las emisiones y que preservará las protecciones para la salud pública requeridas por ley.

Grupos ambientales y de salud también cuestionaron la regla ante la justicia.