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Más corrupción La detención del alcalde de Andratx y del director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, ambos del Partido Popular, suma un nuevo eslabón a una cadena de escándalos económicos ligados al urbanismo que parece no tener fin. Las imputaciones de la fiscalía a los detenidos son de tal gravedad -presuntos delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y comisión de actos prohibidos a funcionarios públicos- que, sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia, el presidente de la Comunidad y del PP balear, Jaume Matas, estaba obligado a destituir a su director general y suspender de militancia al alcalde de la localidad turística. La trayectoria de este último, afiliado al PP hace un año y anteriormente alcalde con el PSOE y con Unió Mallorquina en esta misma legislatura, permite recordar que ninguna fuerza política puede considerarse a salvo de la corrupción o caer en la tentación de utilizar un escándalo que afecte a su rival como arma arrojadiza o recurso electoralista. La impresión generalizada de que el 'caso Marbella' no era más que la punta de un gran iceberg sumergido que poco a poco se iría descubriendo se va confirmando. El negocio especulativo ha sido de tal magnitud, y las tentaciones de los servidores públicos tan fuertes, que, aunque sea improcedente cualquier generalización, es preciso reconocer que el veneno se había filtrado por muchos más intersticios de lo imaginado. Frente a estos casos de delincuencia común, solapada bajo la política municipal, no hay otra respuesta que la acción contundente de la Justicia impulsada por la fiscalía. Pero es también necesario que los partidos se comprometan sinceramente en esta lucha, tanto por razones pedagógicas -la opinión pública tiene que visualizar la unanimidad institucional frente a los delincuentes- cuanto para impedir que la rivalidad sirva de burladero a oportunistas que ponen su lealtad ideológica al servicio de un lucro ilícito. Las reformas legales, comenzando por la ley del Suelo en tramitación, deberán propiciar mayores controles y prevenir las oportunidades de eludir la norma. Pero las corruptelas denunciadas, que desacreditan las instituciones y desactivan la conciencia fiscal de los ciudadanos, interpelan directamente a los partidos políticos. Los cuales no sólo tienen la obligación indeclinable de perfeccionar la ley para evitar y perseguir el delito; tienen también el deber de velar para que sus candidatos y sus representantes públicos cumplan escrupulosamente con esa misma legalidad y la hagan cumplir en el desempeño de sus funciones.
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