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Amnistía denuncia los malos tratos contra inmigrantes y la violencia contra las mujeres en España En su informe anual, Amnistía Internacional advierte que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aumenta hasta 13 días el periodo permitido de reclusión incomunicada es uno de los ejemplos más claros de tortura en España. El Informe Anual 2004 de Amnistía Internacional (AI), presentado ayer en todo el mundo, condena el incremento de las torturas en España, fundamentalmente contra inmigrantes, a causa del aumento del periodo de régimen de incomunicación de cinco a trece días. Asimismo, denuncia el asesinato por parte de ETA, en febrero de 2003, del policía municipal y militante socialista vasco Joseba Pagazaurtundua y el atentado cometido por Al Qaeda el pasado 11 de marzo en Madrid, que causó la muerte de 192 personas. En el capítulo del informe dedicado a nuestro país, el documento lamenta también el recorte de derechos para los extranjeros indocumentados, el aumento del racismo, las expulsiones y malos tratos a menores y el incremento de la violencia contra mujeres y la falta de acción de las autoridades para erradicarla. Amnistía también lamentó que en España se haya vivido la "tendencia mortal" de los grupos terroristas a atacar a la población civil, como se reflejó en los atentados del 11 de marzo, en el asesinato de Pagazaurtundua, miembro de Basta Ya, y en los dos atentados con bomba perpetrados el pasado mes de julio en Alicante y Benidorm, que causaron al menos 13 heridos, entre ellos varios turistas. Asimismo, el director de AI, Esteban Beltrán destacó la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos. Al respecto, lamentó que las autoridades españolas no hayan cumplido anteriores recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), entre las que se incluía el derecho de las personas detenidas en virtud de la Ley Antiterrorista a acceder a un abogado desde el primer momento de la detención. Aparte, según Beltrán, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, del pasado mes de octubre, aumentó el régimen de incomunicación de cinco a trece días. Durante ese periodo, señaló, el detenido puede permanecer "sin acceso a un abogado o a un médico de su elección", lo que convierte a este momento en el más crítico para la comisión de torturas y malos tratos. Beltrán quiso "dejar bien claro" que "la mayoría de los casos de torturas se refieren a inmigrantes, con un componente racista". Violencia contra las mujeres Amnistía Internacional lamenta también el incremento de la violencia contra las mujeres en España. Según cifras oficiales, señala, 98 mujeres murieron a consecuencia de violencia de género en 2003, 72 a manos de sus parejas, 10 a manos de otros familiares y 16 en otros incidentes relacionados con la violencia específica contra mujeres, como violaciones o prostitución. En concreto, se relata el caso de Ana María Fábregas, asesinada en junio a martillazos en el portal de su casa a manos de su marido, a pesar de que había presentado hasta 13 denuncias contra él por violencia. El Consejo General del Poder Judicial abrió en septiembre una investigación sobre la actuación de un juez que habría desatendido estas 13 denuncias. Esteban Beltrán denunció además que la actual Ley de Extranjería, "pactada por el PP y el PSOE", ni siquiera cumpla con un dictamen del Tribunal Constitucional de mayo de 2003 en el que se pide garantías para la asistencia letrada y gratuita para los inmigrantes en los casos en que sean víctimas de delito. También llamó la atención sobre las expulsiones de inmigrantes menores de edad, que violan la Convención sobre los Derechos del Niño y que se han visto agravadas por una instrucción del fiscal general del Estado, de octubre de 2003, que contenía criterios para la expulsión de menores extranjeros no acompañados de entre 16 y 18 años, criterios que no contemplan el examen individual de cada caso. El director de AI-España denunció también, tal como figura en el Informe, las denuncias sobre disparos temerarios efectuados por agentes de la Guardia Civil en respuesta a agresiones con piedras en zonas fronterizas entre España y Marruecos. En uno de los casos, señala el Informe, los disparos causaron una víctima mortal. Amnistía lamenta también las dificultades con que se encuentran los familiares de los desaparecidos durante el régimen de Francisco Franco para hallar las fosas comunes y aclarar lo sucedido en cada caso, debido tanto a la falta de fondos como a la de una política común y reconocida internacionalmente para localizar y acceder a los lugares de enterramiento y para exhumar los cadáveres. Las víctimas siguen "sin justicia, sin verdad, sin reparación y sin reconocimiento", afirmó Beltrán.
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