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Éxito legal de WWF/Adena: España ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la Directiva de Impacto Ambiental Rita Rodríguez Madrid, 6 de septiembre de 2004.- Tres años después de que WWF/Adena presentara una Queja ante la Comisión Europea, ésta da la razón a la organización y lleva a España ante el Tribunal de Luxemburgo por apreciar que el anterior Gobierno incumplió su obligación de transponer correctamente al ordenamiento jurídico la Directiva 97/11/CE (Directiva relativa a la Evaluación de las Repercusiones de determinados Proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente), creando así indefensión para los ciudadanos y viciando el proceso de evaluación de impacto ambiental. La Queja de WWF/Adena se remonta al 23 de mayo de 2001. Como consecuencia de la misma, la Comisión envió en diciembre de 2001 carta de emplazamiento al Gobierno español. Tras sucesivos intercambios de información con las autoridades españolas y ante la falta de avances, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión emitió dictamen motivado, señalando las obligaciones incumplidas y dando un plazo para corregirlas. Ante la falta de respuesta, la Comisión ha llevado el caso ante el Tribunal de Luxemburgo, tal como WWF/Adena acaba de saber. En la Queja de WWF/Adena se denunciaba la incorrecta transposición de la Directiva 85/337/CEE (reformada por la Directiva 97/11/CE) en dos aspectos fundamentales, en los que la Comisión ha dado la razón a la organización: - La legislación española no obliga a publicar la resolución de autorización de la obra, ni el contenido de la decisión de concederla o no ni las condiciones que lleva a aparejadas, lo que infringe el artículo 9 de la Directiva. La consecuencia es que el público no tiene conocimiento de la decisión final respecto al proyecto, y no puede manifestar su opinión ni reclamar contra la decisión, causando una evidente indefensión. - Ha habido un incumplimiento de la Disposición transitoria única de la Directiva, al haberse retrasado en un año y medio la fecha desde la que los proyectos deben ser sometidos a evaluación, lo que ha permitido eximir a proyectos de las exigencias impuestas en la Directiva. “Estamos muy satisfechos con la decisión de la Comisión. La legislación de impacto ambiental es la única herramienta con la que cuentan los ciudadanos y el medio ambiente para protegerse de determinados proyectos, y durante años, como reconoce la Comisión, los procesos de evaluación de impacto ambiental en España no han contado con las suficientes garantías”, ha declarado Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena. “Ahora es urgente que el nuevo Gobierno cumpla con su compromiso público de adecuar esta legislación a los estándares europeos”. |