Los Gobiernos de Brasil y Colombia buscan en Venezuela
energía barata y salida al Mar Caribe
Portal del Medioambiente. 30-09-04
Lusbi Portillo
Sociedad Homo et Natura
Además de petróleo por las aguas del Lago de Maracaibo y el Golfo de
Venezuela se comenzará a mediano plazo a exportar anualmente más de 36
millones de toneladas de carbón, se construirán dos plantas carboeléctricas
y todo un complejo sistema binacional de infraestructuras multiemodales
minero portuario viales, todo ello capaz de estructural y dinamizar una
típica economía de enclave minero exportadora.
El Gobierno parte del supuesto falso que de la renta obtenida por la venta
de estos rubros se alcanzará el desarrollo y los estándares de vida
obtenidos por los países del primer mundo. Entre más barriles de petróleo o
toneladas métricas de carbón salgan del subsuelo, el Zulia será más rico, y
de esta dinámica rentista así mismo se fortalecerán los diversos modos
culturales de entender en Venezuela la zulianidad.
En distintas épocas de la historia del Zulia, fueron el pozo de petróleo
Barroso, la Petroquímica y las minas de carbón Paso Diablo y Mina Norte el
anuncio del fin de la exclusión social y de la llegada del esperado
bienestar. Pero más recientemente se volvió a afirmar, con el traslado de
Carbozulia de PDVSA a Corpozulia, que el carbón ahora sí sería la palanca
del desarrollo, muy en especial de los olvidados municipios de la Subregión
Guajira, en donde uno de ellos, Páez, fue privilegiado al ser incluido en
unas de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (Zedes) decretadas
por el actual Gobierno.
Con la mayor demagogia e irresponsabilidad histórica se viene profundizando
desde el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez toda una parafernalia
logística internacional minero portuario vial en función de transformar el
Zulia en una compleja plataforma mundial energética de salida al exterior de
combustibles fósiles y de movimientos de mercancías dinamizadas por las
multinacionales y los capitales exportadores criollos, colombianos y
brasileños enmarcados en la estrategia de Washington a través de los
Tratados de Libre Comercio, del Plan Puebla Panamá o la IIRSA.
Gracias al Presidente Álvaro Uribe, ahora el pueblo venezolano supo, que por
la Guajira colombiana, el gas de la Plataforma Deltana saldrá a través de un
enorme gasducto a general electricidad en el sureste de los Estados Unidos,
así como en las industrias y hogares atendidos a través del tendido
eléctrico que se desprende desde la frontera de Panamá hasta México, o que a
través de un oleoducto se suministrará desde el Pacífico colombiano petróleo
venezolano a China. Así mismo, la ubicación de la Vía Alterna al Puente
sobre el Lago y Puerto América, conocida en tiempo de Carlos Andrés Pérez
como Paseo Litoral del Lago o Puerto Venezuela, servirán más que a los
venezolanos, a las multinacionales asentadas en el país vecino, así como a
los capitales exportadores colombianos para movilizar, desde los acuerdo
obtenidos a través del Tratado de Libre Comercio, sus productos a Estados
Unidos y a Europa.
Desde las propuestas empresariales y financieras impulsadas por medio de la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y del Plan
Puebla Panamá (PPP), el noreste colombiano y su Guajira quedará vinculado al
sureste de Estados Unidos por medio de esta Vía Alterna al Puente sobre el
Lago y Puerto América, de la misma manera el Norte de Santander queda
conectado con Puerto América y en consecuencia con esta misma región
estadounidense pero a través de vías multimodales fluviales, lacustre,
ferroviaria o carreteras desde Cúcuta-La Fría-Encontrado-Machiques-Maracaibo-Puerto
América o desde Cúcuta-La Fría-El Vigía-La Ceiba-Lago de Maracaibo-Puerto
América, o por los dragados de los ríos Catatumbo y Zulia y sus puertos
gabarreros del Sur del Lago, Encontrado y Santa Rosa, o por la construcción
del puente binacional Unión en el río La Grita para sacar más carbón
colombiano por el Lago de Maracaibo. O en todo caso como lo Anuncia la
Corporación Andina de Fomento (CAF) por la carretera Carrasquero-Playa
Bonita-La Yolanda-San Juan del Cesar.
Todo lo anterior expresado es recogido en los planes nacionales del Gobierno
venezolano a través del denominado Eje de Desarrollo Occidental, siguiendo
las pautas regionales de desarrollo del Eje de Integración Andino de la
IIRSA. Pero este Eje de Desarrollo también se vincula a Brasil a través del
Eje de Desarrollo Orinoco-Apure, por el cual, podría salir el carbón que la
industria brasilera necesita para seguir motivando su galopante expansión en
América, Estados Unidos y Europa. Pero también podría salir por Puerto
América, en ambos casos se afirmaría que el Gobierno nacional no sólo ha
metido a Colombia en aguas interiores y en el Golfo de Venezuela, sino a
Brasil, trastocando así todo el legado histórico del concepto de soberanía
sobre el cual se ha levantado los valores patrios y la moral del Ejército
venezolano, sólo que a hora, en época de globalización, una parte de este
Ejército anda también haciendo negocios binacionales.
Brasil entra a Venezuela a través del Eje de Desarrollo Oriental siguiendo
las pautas de Eje de Integración Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam de la IIRSA
y sale al Mar Caribe y al Océano Atlántico a través de un puerto de aguas
profundas a construirse en el estado Sucre. Este Eje de Integración también
se denomina Eje del Escudo Guayanés que abarca la región oriental de
Venezuela, el arco norte de Brasil, y la totalidad de Guyana y Surinam. Este
Eje de Desarrollo que corre paralelo al Occidental se interconecta con el
Eje de Desarrollo Orinoco-Apure-Guasdualito dentro de la visión de la IIRSA
para conformar así el fin de la enorme hidrovía que cruzará toda América del
Sur denominada Eje de Integración Río de La Plata-Amazona-Orinoco; con esta
superautopista fluvial se perdería el Amazona y se transformarían estos
Gobiernos en los mayores depredadores de la humanidad.
Informa la CAF en agosto de este año que la importancia y las actividades
económicas del Eje se concentran en “la extracción y procesamiento de
madera, minerales, pesca y agricultura”, así como en gran potencial
hidroeléctrico “que excede sus propias necesidades, dando grandes
oportunidades a la integración energética”.
Brasil invierte capital y esfuerzos técnicos y humanos principalmente en
aquellas áreas que benefician su capital exportador criollo o trasnacional
asentado en sus suelos. Invierten y acuerdan con Chávez en aquellas obras
que les proporcionen energía barata a sus industrias y ciudadelas, así como
salida vial hacia el Mar Caribe y el Océano Atlántico, por ello aplaude,
otorga prestamos y aportes para construir los puentes necesario sobre el río
Orinoco, los tendidos eléctricos o la línea de fibras ópticas que conecte a
Caracas con el norte de Brasil; también se contempla sistemas de soporte de
la navegación por el río Orinoco, mejoras al puerto de Guanta, la vía férrea
que conecte al puerto de Guanta con Puerto Ordaz, el proyecto hidroeléctrico
de Tocota, sobre el río Caroní, que conjuntamente con las plantas Gurí y
Macagua generarán 17 mil 670 MW, parte de las cuales abastece ya el noroeste
de brasileño o el carbón del Zulia contratado por la empresa Vale Do Rio
Doce/Corpozulia.
En este marco comercial se debe recordar, que al igual que Guyana para el
2000, las exportaciones de Venezuela fueron en un 91% de productos primarios
y el 9% de manufactura, no así el Brasil que exporta en manufactura el 40% y
un 60% de productos primarios y Surinam el 78% de manufactura y 22 de
productos primarios. Por ello la pregunta obligada ¿Por qué afectar nuestra
soberanía si nada tenemos que vender en Brasil, salvo algunos derivados del
petróleo?
El interés por el carbón no es algo nuevo a los empresarios exportadores
brasileños. Durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya un grupo
brasileño de Ríos de Janeiro se disponían a financiar la línea ferroviaria
Táchira-Lago de Maracaibo a cambio de carbón, que para aquel entonces el
costo del proyecto ascendía a unos 12.000 millones de pesetas. Según Eduardo
Santos, presidente para aquel entonces de Ferrocar (Instituto Autónomo de
los Ferrocarriles del Estado), hoy el Instituto Autónomo de Ferrocarriles
del Estado (IAFE) “a largo plazo, la propiedad de la línea pasará a manos
del Estado venezolano, una vez que éste haya devuelto a la sociedad
brasileña el importe de las inversiones realizadas. Esta devolución no se
efectuará, según los acuerdos firmados, conforme a una transacción
financiera, sino más bien en términos de materias primas, porque un
porcentaje del carbón transportado en cada viaje se destinará a la sociedad
brasileña. La devolución financiera de esta inversión no puede considerarse,
por lo tanto, como una deuda. Se calcula que el tiempo necesario para que se
produzca la devolución será de diez años”. Cabe hacer la otra pregunta
obligada ¿Si los acuerdos firmados entre Chávez y Lula en la Cumbre de
Manaos el 15 de septiembre de este año y el contrato que se anunció firmar
para en la ciudad de Maracaibo el lunes 27 de septiembre entre la empresa
Vale Do Rio Doce y Corpozulia superará las ventajas que se pautaron en
tiempos de Pérez?
Así mismo, existe el compromiso del Gobierno revolucionario con Colombia,
del 8 de agosto de 2003, en el marco del Primer Seminario de Prospección de
Proyectos de Integración Física Suramericana, que se llevó a cabo en Río de
Janeiro bajo el auspicio de la CAF y el estatal Banco Nacional de Desarrollo
de Brasil, de invertir cerca de 625 millones de dólares en el proyecto
integral Santo Domingo para reactivar una mina de carbón en el estado
Táchira y construir una planta carboeléctrica que podría exportar
electricidad al Norte de Santander, Colombia, como parte del esquema de
integración binacional.
Esta realidad depredadora y de malos negocios energético portuario viales
hoy se pretenden imponer bajo una racionalidad explicativa que obliga a los
pueblos a creer que toda esta parafernalia logística es normal y hasta
natural. Que el desarrollo se alcanzará ahora flexibilizando los conceptos
históricos de soberanía, de frontera y adaptando nuestras leyes a la ola
minimizadora de cualquier tipo de jurisprudencia nacionalista y de normas
proteccionistas necesarias en materia de impuestos y realidades aduánales.
También la IIRSA y el PPP contemplan los mismos preceptos que en materia del
ALCA o de un TLC este Gobierno revolucionario rechaza, sólo que estos
instrumentos lo hace desde escenarios distintos y de una prudente manera; en
donde los interese de amplios sectores del pueblo se neutralizan al adecuar
la normativa general de la Constitución a través de leyes y sus reglamentos,
o decretos concretos que ayudan a interpretar de una manera neoliberal los
hechos y acontecimientos sociales. Ahora bien, todos aquellos artículos de
leyes o Constitución que no pueden interpretarse de manera mercantilista son
sujetos a posteriores enmiendas. Una experiencia concreta se expresa hoy en
Venezuela a través de las nuevas Leyes de Mina o de Hidrocarburos, en donde
se les niega todo el poder a las comunidades y se les entrega a los
capitales multinacionales mineros a través de concesiones, o la soberanía
compartida con las corporaciones y el imperio en aras de poseer el petróleo
o el gas necesarias para mantener su agresiva hegemonía mundial; realidad
esta asumida cotidianamente por la alta gerencia de PDVSA y de Energía y
Minas en las cacareadas expresiones gubernamentales de que pase lo que pase
Venezuela seguirá siendo su suministrador confiable, burlando así la
soberanía popular y el control social sobre los hidrocarburos a cambio del
aumento del porcentaje de ayudas sociales, pero el grueso de las ganancias
siguen estando al servicio de un modelo de desarrollo impulsado por
capitales multinacionales y criollo exportador, llámese ahora venezolanos,
colombianos o brasileños.
Tanto la Constitución de 1999 como en el proyecto de la propuesta del
Gobierno de la Carta Social de las Américas a ser presentada ante la OEA
anuncian que el pueblo (“Sujeto Colectivo”), por el avance de “las nuevas
fronteras de los Derechos Sociales” es el “actor protagónico del ejercicio
de la democracia” (Art. 48) y por lo tanto ser reconocido “como actores
colectivos sujeto de derechos” (Art. 49) pero en ningún artículo se le
reconoce que su voz o su palabra es importante hasta el punto de ser
vinculante, se le reconoce el derecho colectivo a protestar ante “una
amenaza” (Art. 55), pero nunca a tener el poder en su palabra para paralizar
de manera definitiva en sus territorios proyectos o planes que “constituyan
una amenaza a sus recursos de biodiversidad, sus recursos naturales
tradicionales o a cualquier otro componente vital de su existencia
colectiva”, lo cual es una contradicción con lo primero señalado. Si es el
centro de la democracia y de las leyes su palabra debe ser entonces de
carácter vinculante cuando se planifique o se pretenda implementar un
proyecto en se territorio comunitario. Esta es la razón de fondo por la cual
no prospera el rechazo a los proyectos minero portuario viales ejercido ante
el Estado y el Gobierno revolucionario por parte de los pueblos indígenas en
el caso del Zulia o Imataca.
Los problemas históricos congénitos del capital expresados en el pensamiento
único, la exclusión, la tenencia de la tierra y la agresión ecológica los
pretenden resolver esta revolución a través de discursos televisivos
radiales, de misiones, jornadas y de un particular consenso de clase llamado
“capitalismo social”, sin tocar de esta manera los cimientos civilizatorios
donde se sustentan y expresan las teorías y las praxis tanto de la llamada
izquierda como de la derecha. Desde esta línea de hacer gobierno sólo se
llega a firmar en economía (el liberalismo económico productivo) lo que se
niega en el discurso político radial televisivo, y esto no es otra cosa que
congeniar con la lógica del capital y del imperialismo.
Democracia participativa es la búsqueda creadora de todos los días de
conseguir la manera de estimular escenarios concretos aquí y ahora
tendientes a que el pueblo tome el poder y el Gobierno, así como el asumir
en toda su fase la planificación cultural y socioeconómica del país; de lo
contrario no vale la pena hablar de revolución ya que no se haría otra cosa
distinta que hacer de este término una palabra hueca y de retrazar la
histórica toma del poder y el Gobierno por parte del pueblo. No se puede
desarrollar en términos endógenos un país si no se asume la idea del
desarrollo a partir de las necesidades y la participación protagónica real
del pueblo y del respeto ambiental y ecológico de sus espacios físicos y
culturales. Lo otro es obedecer a planificaciones que dan cuentas de otras
necesidades exógenas impuestas a este país por la división internacional del
trabajo.
“Dale poder al pueblo” y desarrollo endógeno no es que se planifique
alrededor de un pozo de petróleo, de gas, de una mina o de un cuartel del
Ejército algunos proyectos para mejorar la calidad de vida de esa población
en medio de tanta miseria e ignorancia estructural generalizada, sino de
invitarle a conversar de tu a tu para saber y entender si esto es lo que
ellos entienden por endógeno y es lo que quieren en su quehacer cotidiano, o
simplemente saber si lo que se planifica es lo que en verdad se debe hacer.
Y todo esto tiene que ver con la manera como se prepara el Gobierno a través
de Corpozulia/Carbozulia y los Ministerios de Planificación y Desarrollo y
Energía y Minas para romper sin medir consecuencias el músculo cultural y
social de más de 400 familias indígenas Wayúu asentadas en las cuencas de
los ríos Socuy, Maché y Cachirí del municipio Mara del estado Zulia, que por
cuenta propia, estas comunidades sin la ayuda del Gobierno, emprenden un
verdadero desarrollo endógeno dador de organización comunitaria y
societaria, de leche, queso, carne, maíz, ocumo, yuca, cacao, aguacate, ají,
agua, oxígeno y equilibrio climático. Pero el Gobierno revolucionario
comprometido ciegamente con los capitales multinacionales norteamericanos,
alemanes, ingleses, surafricanos, irlandeses, australianos, holandeses/arubanos,
italianos, y ahora brasileños se dispone para finales del 2005 comenzar a
desplazar a la fuerza a estas familias indígenas, así como campesinos y
hacendados, para cumplir con intereses exógenos de extraer de las cuencas de
estos ríos 22, 5 millones de toneladas métricas de carbón al año y toda la
parafernalia de infraestructura necesaria denominada por el Ministerio de
Planificación y Desarrollo Puerto América y el Eje de desarrollo Occidental
siguiendo los lineamientos de la IIRSA y el Plan Puebla Panamá.
En el programa “Aló Presidente” del domingo 26 de agosto de 2004 realizado
desde el Zulia, todo el país supo que nada de los llamados Núcleo de
Desarrollo Endógeno para el Zulia o Zonas Especiales de Desarrollo
Sustentable (Zedes) Guajira funciona, y esto no es sólo culpa del General
Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia o del profesor Orangel Paz, ahora
empleado de Corpozulia y encargado de la Zedes-Guajira, sino del concepto de
desarrollo que maneja los teóricos el Gobierno que han trasladado los dichos
núcleos a espacios de cuarteles o al lado de tuberías, pozos petroleros o de
gas, o de centros vitícolas donde tradicionalmente se apertrechan de insumo
las granjeros pudientes. La teoría y las buenas intenciones cívico/militar
sustituyen los hechos o la realidad concreta del devenir cotidiano e
histórico del pueblo, quizás a fuerza de millones de bolívares o de dólares,
del esfuerzo de algún líder local, o de ensaño y error uno que otro núcleo
tendrá algún resultado, pero todo indica que este invento desde las cúpulas
del Gobierno fracasará. La improvisación o las pugnas por el control del
dinero no permiten ver que en el Caño San Miguel o en las cuencas de los
ríos Guasare, Socuy, Maché y Cachirí hay experiencia de desarrollo propio y
comunitario que con la ayuda gubernamental se podría general el cúmulo de
felicidad de que tanto se habla.
De allí que el bolivarianismo más que la excusa para desarrollar una
estrategia silenciosa antiimperialista y ante capital en la búsqueda de un
planteamiento profundamente humanista que nos lleve a una nueva manera de
entender la felicidad, la democracia y el desarrollo, es más bien una forma
de estructurar una nueva manera de conciliación de clase y de convivir con
el imperio a puertas adentro.
Por esta razón, después del triunfo del “NO” el 15 de agosto la pregunta
formulada fue ¿Y ahora qué?, ¡Ya Chávez ganó!, para dónde irá esta
revolución según las tendencias que en ellas se mueven y las sustentan. Como
respuesta, la primera posibilidad es aquello de “hacer la revolución dentro
de la revolución” o simplemente de “profundizar la revolución”, la segunda
no es más que una nueva traición al pueblo en lucha. Profundizar las
tendencias que en el seno de la revolución se mueven en función de la
conciliación de clase por aquello de “Qué todos cabemos”, “Pasar la página,
perdonar y olvidar los que paso”, y alejar más aún al pueblo (“Sujeto
Colectivo”) de PDVSA y de la toma forma del poder concreto, negar la
participación del “Sujeto Colectivo” en todas las etapas de diseño,
ejecución, y seguimiento de proyectos de desarrollo previsto en los ámbitos
territoriales del “Sujeto Colectivo” soporte de la democracia y las leyes.