El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) pretende recalificar 2,5 millones de m2 de suelo no urbanizable fiRmando convenio con promotores inmobiliarios

Portal del Medioambiente. 30-09-04

Ecologistas en Acción Cádiz

El Ayuntamiento de El Puerto, gobernado por Independientes Portuenses y el PSOE, está tramitando 22 convenios urbanísticos para recalificar 2.596.000 m2 de terrenos no urbanizables, de ellos, medio millón de m2 están clasificados como “No Urbanizables Especialmente Protegidos por su Interés Forestal”, es decir, se intenta urbanizar la mayor parte de pinares, retamares y sabinares privados que quedan en la localidad. A cambio de estas recalificaciones los promotores-especuladores ofrecen al Ayuntamiento 10.029.382 €. En El Puerto se puede recalificar un metro cuadrado de terreno pagándole al Ayuntamiento 3,86 € (642 de las antiguas pesetas). Una docena escasa de promotores inmobiliarios y de familias de abolengo pretenden condicionar y dictar el planeamiento urbanístico por medio de contratos con el Ayuntamiento. La fiebre especulativa no queda ahí, el Ayuntamiento está procediendo a la venta de pinares públicos para recalificarlos, como ha sucedido con la Sierra de San Cristóbal, vendida a la empresa JALE, y ha presionado para que la Diputación venda el pinar del camping de Valdelagrana a Urbis. Estos 22 convenios urbanísticos pretenden consolidar unos crecimientos de enormes proporciones de suelos urbanizables, totalmente injustificados y que tendrían importantes consecuencias ambientales y territoriales. El Ayuntamiento está convirtiendo a El Puerto en un gran mercado salvaje del suelo, recalificando terrenos y reservándose los usos más especulativos posibles a cambio de dinero. Todo menos planificar en aras del intereses generales.

La práctica totalidad de estos convenios corresponden a alegaciones realizadas por los promotores al Plan General Municipal de Ordenación, actualmente en fase de revisión,”. O sea, a aquellos promotores que proponen contraprestaciones económicas al Ayuntamiento, se le incluyen sus Alegaciones dentro del PGMO, los que no pagamos –Ecologistas en Acción fue la entidad que presentó mayor número de Alegaciones al PGMO- , no se nos contestas ni se aceptan nuestras propuestas, a pesar de que nuestras Alegaciones sólo responden al interés general. El Ayuntamiento pretende aplicar la política de hechos consumados recalificando estos terrenos al margen del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del PGMO que está realizando actualmente la Consejería de Medio Ambiente, hecho totalmente ilegal, y que exige una rápida intervención de la Junta de Andalucía.

En El Puerto se sigue aplicando la nefasta política de asociar desarrollo con crecimiento urbanístico y nuevas recalificaciones, opción totalmente inviable e insostenible a medio y largo plazo. Cuando desde el Gobierno Central y la Junta de Andalucía se proclama la necesidad de modificar la política urbanística del litoral, reduciendo la expansión de urbanizaciones residenciales, apostando por un turismo de alojamiento y evitando la colmatación de construcciones, en El Puerto, con el apoyo del PSOE, se hace todo lo contrario: se recalifican los suelos no urbanizables que quedan, se aumentan edificabilidades, se sustituyen suelos hoteleros por residenciales, se disminuyen las cesiones para zonas verdes y equipamientos públicos, y se elimina la obligación de construir viviendas sociales; todo a cambio de dinero. Paradójicamente el Ayuntamiento de El Puerto es uno de los que ha firmado un Acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente para elaborar la Agenda 21 Local de Desarrollo Sostenible. La aprobación de estos Convenios supondría una hipoteca que impediría cualquier medida posterior en la línea del desarrollo sostenible.

Las propuestas incluidas en los convenios conllevaría inevitablemente la destrucción de la práctica totalidad de los terrenos forestales existentes en la margen derecha de la carretera de Fuentebravía. Algunas de estas fincas han sido taladas o incendiadas intencionadamente y tienen sanción firme de la Consejería de Medio Ambiente con obligación de repoblarlas. Ahora, el Ayuntamiento intenta recalificarlas. En El Puerto se premian las infracciones urbanísticas y medioambientales. Aquí no hay límites, como lo demuestra que uno de los convenios contemple la recalificación de una finca, colindante con las Dunas de San Antón, clasificada actualmente como Sistema General de Espacios Libres, esto es, destinada a parque público, propiedad de un conocido promotor urbanístico, a la sazón presidente del Racing portuense (el gilismo de nuevo). Además, la mayor parte de estos terrenos corresponden a zonas de hábitat del camaleón, cuya destrucción se contempla como delito en el Código Penal.

Ecologistas en Acción ha presentado un conjunto de Alegaciones en las que se exige al Ayuntamiento la retirada de todos los convenios urbanísticos, por entender que conculcan la legalidad vigente, consagran un modelo de desarrollo insostenible, son atentatorios al interés general y ocasionarían graves impactos al valioso patrimonio natural y paisajístico del municipio de El Puerto de Santa María.

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