-Igor
Parra: Buenos días, soy Igor Parra, coordinador andaluz de Ecologistas
en Acción dentro de la mesa confederal, a nivel nacional. Mi compañero es
José Ignacio Domínguez abogado de Ecologistas en Acción en la provincia de
Almería.
Ha
vuestra disposición hay unos manuales con el contenido esencial de lo que
vamos a explicar hoy. Dentro hay una nota de prensa, que lo acompaña…
Hace ya
tres años la Consejera de Medio ambiente, Doña Fuensanta Coves, en el
Parlamento Andaluz, declaró que existían varias decenas de expediente
sancionadores contra miembros de la COAG en Almería. Que en ese momento, el
año 2001, tenían orden de paralizar las obras de aproximadamente 440
hectáreas de suelo forestal y de Lugares de Interés Comunitario, situados en
la parte Norte del aeropuerto.
Tres
años después, no solamente no se ha paralizado y no se ha sancionado a
ninguna de estas personas, identificadas por la Junta de Andalucía y
mencionadas por la Consejera en el año 2001 en el Parlamento, sino que
además las obras se han consolidado, se siguen expandiendo y, ante este
estado de cosas, nos preguntamos ¿qué hace o quién evita que las decisiones
comunicadas en el Parlamento Andaluz, por una Consejera del Gobierno Andaluz
no se ejecuten? ¿qué intereses son tan poderosos para evitar y contradecir
en los hechos, que una declaración política de primer rango en Andalucía no
sea ejecutada?
Evidentemente esto no puede ser una omisión o un olvido cualquiera. Pensamos
que hay intereses poderosos que han permitido, no solamente sortear ese
anuncio que ha hecho la Consejera, sino continuar expandiendo los terrenos
que están siendo ocupados ilegalmente sobre suelo forestal y Lugares de
Interés Comunitario que han sido, contradictoriamente, identificados por los
propios servicios de medio ambiente de la Junta de Andalucía.
Por una
parte se dice que habrá sanciones y, por otra estas no llegan. Esperar tres
años a la ejecución de las mismas nos parece un plazo prudente. No hemos
querido tener un posicionamiento excesivamente inmediato… Para nosotros está
suficientemente claro cuales son los intereses que están tras los hechos…
Como
Ecologistas en Acción a nivel nacional y para el Movimiento Ecologista
europeo, estos desmontes ilegales son los mayores que hay actualmente en
Europa. Cualquier desmonte en la provincia de Almería es un hecho observable
por los que nos visitan… Ante estos hemos manifestado nuestra oposición,
pero lo que está pasando en Vega Cañada… donde se sigue aumentando la mancha
de cultivo, es una situación totalmente escandalosa y pone en tela de juicio
el valor que tiene, para el movimiento ecologista, la justicia en este país.
Hacemos
una reflexión muy crítica sobre el rol que esta teniendo en estos momentos
la justicia con respecto al medio ambiente en Andalucía. Porque ante
sentencias firmes de los tribunales andaluces, no hay ejecución de las
mismas, no hay respeto por la ley.
Nosotros, como ecologistas, desde la fundación de nuestro movimiento en el
año 98 hemos mantenido un estricto cumplimiento de la ley, y siempre hemos
pensado que era una línea de defensa operativa para el medio ambiente. Ante
casos como el del saqueo ambiental de Vega Cañada, evidentemente hay
elementos para pensar que la ley ya no es suficiente para proteger el medio
ambiente. Somos un movimiento pacifista y vamos a mantenernos dentro de esa
línea que nos caracteriza fundamentalmente.
Sin
embargo, esta situación actual nos hace plantearnos seriamente adoptar
estrategias como, por ejemplo, la de Greenpeace y otros movimientos
ecologista europeos porque vemos, lamentablemente, que la justicia en este
momento no es una línea de contención… En el caso de Almería… lo que estamos
viendo no tiene nombre. Es absolutamente indecente el comportamiento de las
autoridades ambientales que cierran los ojos y miran hacia otro lado en
momentos críticos para la conservación del medio ambiente en nuestra
comunidad.
El
mensaje que se está enviando a los especuladores ambientales es que aquí se
puede hacer lo que se quiera si se tienen los bolsillos bien llenos y las
relaciones políticas en el lugar adecuado… no creemos que sea el mensaje
adecuado que tenga que enviar Andalucía en la Segunda Modernización del
Presidente Chaves…
Lo que
pedimos es que lo que la Consejera de Medio Ambiente anunció hace tres años
se cumpla, que se defiendan estos espacios de especulación y, particular y
significativamente, a los que ella misma ha hecho mención en sesiones
parlamentarias. No estamos diciendo aquí nada nuevo; estamos simplemente
defendiendo la posición de la Consejera, que se ejecute lo que la Consejera
anunció el año 2001 iba a ocurrir y que aún no ocurre. Seguimos
preguntándonos ¿quién y cómo se hace para que esta indefensión siga en el
estado actual?...
Tenemos
ejemplos clarísimos. Nuestros compañeros abogados han recibido múltiples
amenazas. Hemos tenido sentencias favorables del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, sobre la persona de José Ignacio Domínguez –abogado
de la organización- que no han sido ejecutadas. Cuando hay persecución
individual de nuestros compañeros, cuando tenemos protección teórica de la
justicia con sentencias del máximo órgano de la misma en Andalucía y estas
no se ejecutan ¿qué podemos pensar nosotros?... sabemos donde estamos,
estamos mal, pero a donde vamos no lo sabemos.
En el
momento actual no se puede ir hacia el futuro con la ley andaluza, con la
ley ambiental con la justicia en la mano, porque no estamos siendo
protegidos. Y el medio ambiente andaluz, que es un patrimonio esencial de la
Segunda Modernización de Andalucía está siendo saqueado.
Esta es
la declaración que, como miembro de la comisión de medio ambiente y
Coordinador andaluz, deseo realizar…
Hace dos
años, mantuvimos una entrevista muy larga en la sede de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, y la cúpula de Medio Ambiente… gran parte de la
cual es de Almería… y nos prometieron solemnemente que se iba a paralizar
las obras, a desmantelar los invernaderos y, el señor Castro fue aún más
lejos y dijo: vamos a cicatrizar, es nuestro compromiso político y vamos a
cicatrizar… por lo tanto ha habido compromisos políticos … y también
personales de altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente en el sentido
de que se paralizaba –las obras- y además se cicatrizaba.
José
Ignacio Domínguez:
Prosiguiendo con el hilo de la trama que ya denunció Antonio Oliver y que ha
mencionado el Coordinador… participan varias Administraciones, no sólo la
Consejería de Medio Ambiente, sino la Comisaría de Aguas que ha permitido
que se destruyan todas las ramblas que hay en esa zona –la rambla de
Arenales, El Alquián Ignacio, la Balsa de los Mayorales-… de las que quedan
algunos vestigios que están destruyendo ahora, porque la impunidad continúa.
En estos
momentos, no sólo siguen los desmontes, sino que ahora mismo están poniendo
50 hectáreas de invernadero… a nombre de “Agrosolanillo”. También en el
dossier que os hemos dado aparecen fotografías aéreas del años pasado y de
este verano… donde se puede comprobar que se han destruido 50 hectáreas más
de monte y se han instalado bastantes más invernaderos.
En este
entramado, como decía, no sólo está la Consejería de Medio Ambiente, sino la
Comisaría de Aguas que ha permitido que desaparezcan las ramblas y que se
construya en terreno público, como por ejemplo el caso del edificio de Vega
Cañada…, terrenos correspondientes a la balsa de los Mayorales, una antigua
rambla que ha desaparecido…
En este
edificio se ha instalado la sede social de Vega Cañada… donde trabaja un
señor que se llama Soler Márquez, como jefe de marketing de esta empresa,
apellidos que coinciden con los del Secretario Provincial del PSOE… en su
consejo de administración está D. Eduardo Vargas Martín que es el presidente
de los 40 señores infractores, que están destruyendo los montes. Se han
constituido en una comunidad de regantes que se llama “Vistamar” que preside
este señor.
También
en este entramado aparece el nombre de un Senador, Juan Miguel Peña
Linares,… que es incomprensible sea Senador puesto que tiene una sentencia
firme condenado por coacciones… Fue condenado en octubre del año pasado por
asaltar la sede de “Sol y Arena”… en una labor que no parece ser propia de
un Senador, este señor serró los barrotes de “Sol y Arena”, rompió la
cerradura y echó a la junta directiva…
Pero
además este señor, no sólo está condenado con sentencia firme por
coacciones, en compañía de otros cuantos, sino que en ese litado de
condenados está Eduardo López Vargas que también tiene un invernadero en la
zona forestal… en mitad del cauce de una rambla. se
El
Senador Juan Miguel Peña Linares, no sólo asaltó la sede de Sol y Arena,
sino que ha arrasado 4,6 hectáreas de zona protegida donde había cinco
especies vulnerables y, al menos, una en peligro de extinción… Los agentes
lo denunciaron en dos ocasiones cuando estaba haciendo estos desmontes en
agosto del año 2000… como no obedeció la orden de paralización volvió a ser
denunciado en noviembre de 2000 y siguió con los desmontes… Su mujer, ha
hecho lo mismo… En otra finca contigua… también ha arrasado 4,6 hectáreas.
Siguiendo con la trama, no sólo está la Comisaría de Aguas…y la Consejería
de Medio Ambiente, también la Consejería de Agricultura y Pesca, que hay que
recordar… que cuando nosotros hace ya más de tres años denunciamos estos
hechos, el primero que salió en defensa de los cuarenta infractores fue el
señor Paulino Plata, diciendo que los ecologistas no estábamos informados…
salió en defensa de una forma muy agresiva contra nosotros en los medios de
comunicación… luego hay que pensar que el señor Plata… tiene algo que ver
con este entramado, algo tendrá que explicar.
También
está implicada la empresa pública Tragsa, que es la que ha metido las
tuberías… es decir, una empresa pública ha instalado tuberías ilegales en
zona protegida… y el Ayuntamiento de Almería que, sin licencia, ha permitido
que se instalen los invernaderos y que se arrasen los montes y no ha
precintado estas instalaciones… cualquier vecino de Almería que haga una
obra ilegal de mucha menos envergadura, la policía urbana le precinta la
obra ilegal… lo que quiere decir que estos señores tienen impunidad total y
absoluta, porque nadie se gasta varios cientos de millones, como se lo están
gastando ahora mismo, con el riesgo de que se lo vayan a parar.
A raíz
de una denuncia que presentó Ángel Pérez del canal 34, porque fue insultado
por uno de los propietarios, aprovechó también para denunciar a Eduardo
López Vargas porque invadía la balsa de los Mayorales. Como Ecologistas en
Acción, nos personamos en esta denuncia, que se está tramitando en el
Juzgado de Instrucción Nº 1 y ampliamos la querella a los 40 propietarios
entre los que está el ahora Senador.
Algunos
de estos propietarios ya han vendido porque han realizando grandes negocios…
estos –terrenos- se compraron a la empresa Alquián S.A. a un millón la
hectárea y lo han vendido en una media de 10 millones la hectárea.
Lo que
se pretende es que se respete la ley, que se paren las obras, que se retiren
los invernaderos como ha prometido la Consejera de Medio Ambiente y que se
deje el medio como estaba en la medida de lo posible.