LA JUNTA RETOMA UN EXPEDIENTE POR DESMONTES ILEGALES A UN AGRICULTOR QUE AHORA ES SENADOR

La Voz de Almería 16-12-04. pag:6

Antonio Lago/Agencias/Redacción

Juan Manuel Peña, que ya ha vendido los terrenos, puede ser multado con hasta 36.000 euros.

 

La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunció ayer en el Parlamento que retomaba el expediente sancionador  abierto por la vía administrativa al senador socialista por Almería Juan Miguel Peña como prueba de que su departamento “no ampara a nadie” en el caso de los desmontes y construcciones ilegales en los parajes de interés comunitario de Cañada de los Mayorales, Las Pitas y Lomillas de Juan Úbeda, en el territorio municipal de Almería.

 

La vía administrativa

En su comparecencia en la Cámara Autonómica, Coves dijo “no amparo a nadie que contravenga la legislación ambiental” y avanzó, por tanto, que una vez archivadas las denuncias penales por delito ecológico presentadas por Ecologistas en Acción, La Junta retoma el expediente por la vía administrativa al senador Peña, por valor de una sanción económica superior a los 36.000 euros asó como está obligado a restablecer el medio alterado.

 

La consejera subrayó que “todos los infractores han sido sancionados” y que su departamento ha abierto cuarenta expedientes sancionadores desde octubre de 1997 por distintos motivos que siguen abiertos y pueden obligar a los infractores a cumplir una sanción. Así, solicitó a la diputada parlamentaria del PP-A Carolina González Vigo que le diera a conocer "si tiene prueba de una trama socialista amparada por COAG" en este tema, suposición expresada por la diputada del PP-A. González Vigo denunció ocultaciones en este tema durante los últimos cuatro años y señaló que el senador socialista "se ha podido ver beneficiado por roturas en zonas forestales que no tienen un uso agrario". En este sentido, le tendió la mano a la consejera por si considera oportuno crear una comisión de investigación.

 

Actuaciones ilegales en la zona

Aseguró que se siguen produciendo en la zona actuaciones ilegales, a su entender, “con la complicidad de la Consejería de Agricultura y el silencio de la Consejería de Medio Ambiente”. "No ha evitado la paralización de las obras ilegales”, concluyó la diputada del PP-A

 

 

No obstante, la consejera señaló que gracias a la intervención del Seprona y la Policía autonómica se han reducido las actuaciones ilegales desde 2001. Desde su departamento, se asegura que no se va a bajar la guardia para combatir este tipo de desmontes en zonas protegidas, fundamentalmente en Lugares de Interés Comunitario (LIC).

 

Fuensanta Coves: “Los sancionados, serán sean o no sean senadores”

 

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, fue ayer muy clara en sus afirmaciones. En declaraciones a este periódico afirmó que "todos los ¡nfractores serán sancionados, sean o no sean senadores, del PSOE o de cualquier otro partido".

 

Coves aclaró que la Ley está para cumplirla y que su departamento la aplicará con todas las consecuencias en este caso, o en aquellos otros que se puedan producir en Almería o en cualquier punto de Andalucía".

 

La Junta espera que la Fiscalía le notifique que la denuncia, por la vía penal, ha sido archivada para retomar el expediente abierto en su momento por la vía civil, "que abre la vía de la sanción monetaria y la reposición de los roturado".

 

El PP pide que se esclarezca la licencia concedida a Vegacañada

 

La parlamentaria popular Carolina González Vigo aseguró ayer en declaraciones a la cadena Ser que los desmontes ilegales realizados por el senador socialista Miguel Peña "se entienden dentro de una trama de corrupción ambiental en la que está implicada la organización agraria COAG y determinados personajes del socialismo almeriense". La diputada popular, que ayer ofreció su colaboración a la consejera de Medio Ambiente "para llegar hasta el final y abrir una comisión de investigación si fuera necesario" también pidió que se esclarezcan las condiciones en las que el Ayuntamiento de Almería concedió licencia de obras para la construcción de Vegacañada  “en un suelo calificado como forestal”, manifestó González Vigo ayer en el programa Agricultura 2000. Las acusaciones del PP también se han dirigido hacia la Consejería de Innovación por autorizar instalaciones de tendidos eléctricos en zona protegida (LIC) que aún tiene calificación de suelo forestal para dar suministro eléctrico a los nuevos invernaderos. "La Junta ha sido muy pasiva, porque en 2001 ya advertimos lo que sucedía;', concluye González Vigo.

PEÑA ALEGA QUE PARÓ LA ACTUACIÓN Y VENDIÓ LOS TERRENOS AL CONOCER QUE NO PODÍA CULTIVARLOS

 

El senador socialista por Almería Juan Miguel Peña alegó ayer que “la supuesta infracción” por la que se le ha abierto expediente sancionador por parte de la Junta se produjo cuando no era senador y que además, “en cuanto supe que los terrenos no eran cultivables  paré mis actuaciones y las vendí”.  

 

En comunicado de prensa remitido ayer a este periódico, Peña explicó que “la denuncia se refiere a un terreno que compré en el año 2001, después de comprobar en documento público que se trataba de zona cultivable”

 

En este sentido, aseguró que "en el momento en que fui apercibido por Medio Ambiente, paralicé la actuación que estaba llevando a cabo para cultivar esos terrenos, recurrí la denuncia y los puse en venta por que mi objetivo era crear una pequeña explotación agrícola y en ningún modo generar un daño ambiental". Añadió que "creo que mi actuación ha sido en todo momento correcta" puesto que "cuando compré dicho terreno los documentos oficiales que se me ofrecieron garantizaban que se trataba de una finca rústica y de regadío, que no tenía ningún condicionante de carácter ambiental".

 

Subrayó que en el momento en que compró dicho terreno no ocupaba ningún cargo político, "al igual que otros tantos agricultores, compré en esta zona con la aspiración de mejorar mi actividad agrícola".

 

Cuando intentó vender los terrenos _la operación fue tan nefasta que tardé tres años en venderlos y, lejos de obtener ningún beneficio, me reportó cuantiosas pérdidas y no pocos quebraderos de cabeza".

 

Considero que “podría haber seguido adelante y montar un invernadero, como era mi intención, pero lo cierto es que no lo hice y que desde hace años estoy desligado totalmente de la zona”.

 

A su juicio, está siendo “victima de una persecución injustificada” cuyo origen “se encuentra en la crisis que ha vivido el sindicato agrario COAG, organización de la que fue socio fundador”