Un año de cárcel y otro de inhabilitación para el ex alcalde y un ex delegado de Medio Ambiente

IDEAL/ROCÍO MENDOZA/GRANADA. 16-12-04

Los dos empresarios y el ex jefe de Minas, también condenados por la Audiencia También se imponen multas de entre 2.700 y 4.000 euros

La Audiencia Provincial de Granada dictó ayer la primera sentencia condenatoria contra un cargo público por la explotación ilegal de canteras en la provincia de Granada. La instalación ubicada en el El Padul y el ex delegado de Medio Ambiente, Manuel Chirosa, han sido el objeto de este fallo, junto a otros cuatro que fueron imputados por la Fiscalía.

El tribunal de la Audiencia que enjuició el caso entre octubre y noviembre de este año, refrenda las tesis sostenidas por la Fiscalía en este caso y ha considerado probado que se incurrió en un delito contra el medio ambiente con la gestión y explotación de la cantera. Así, condena a Manuel Chirosa a un año de prisión, 13 meses de inhabilitación y el pago de una multa de 4.050 euros al considerar que, desde su cargo, no hizo nada por evitar que la cantera continuase con su actividad ilegal y perjudicial para la naturaleza.

Prisión y multas

Junto a Chirosa, el ex alcalde de El Padul, Cipriano Duarte, ha sido condenado a la misma pena que el ex alto cargo de la Junta, aunque con una multa menor: de 2.700 euros. En su caso, el tribunal dice que continuó cobrando un canon municipal por extracciones mineras a la cantera a sabiendas de que esta carecía de licencia, hecho por el que se le condena, a pesar de que el mismo denunció la situación a Medio Ambiente en marzo de 1998.

Los dos responsables de la compañía que explotaba la cantera, que fue clausurada por orden judicial en marzo de 2000, han sido condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de algo más de 4.000 euros. El entonces jefe de Minas también ha sido condenado, aunque con penas de prisión y multas más leves.

En su fallo, facilitado a IDEAL, la Audiencia Provincial ha reproducido, prácticamente al milímetro, las penas solicitadas por la Fiscalía antes de que el juicio quedase visto para sentencia y tras retirar la acusación a dos técnicos de Minas y a otro de la empresa.

Y también lo hace con el relato de hechos en el que se basó la Fiscalía para basar su petición de condena. Así, el tribunal considera probado que entre enero de 1998 y marzo de 2000, los dos hermanos administradores de la compañía que explotaba la cantera, con ánimo de lucro e indiferentes al daño ecológico que podían causar, «avanzaron sucesivamente en la explotación de una cantera llegando a introducirse en terrenos del Parque Natural de Sierra Nevada y generando una pared de roca vertical de cien metros.

La cantera tuvo resolución de impacto ambiental desfavorable, carecía de licencia urbanística y de ocupación de monte público y continuó con su actividad extractiva a pesar de que en diciembre de 1998 expiró, por resolución judicial, el contrato de aprovechamiento que mantenía con el Ayuntamiento de Padul. Además, los propietarios de la cantera incumplieron el plan de restauración que fueron obligados a acometer y lo utilizaron para continuar con la actividad extractiva.

Silencio

El ex alcalde de El Padul, Cipriano Duarte, prefirió no realizar ayer ninguna valoración sobre el fallo judicial. Aunque su letrada si anunció el recurso en casación al Tribunal Supremo que se interpondrá al fallo de la Audiencia de Granada. Por su parte, el actual delegado de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, apeló a la necesidad de estudiar el extenso texto de la sentencia antes de pronunciarse sobre la sentencia condenatoria.

El presidente del gremio de canteros, Manuel Rodríguez, sí mostró su sorpresa al conocer el fallo y advirtió la necesidad -ya convertida en una antigua reivindicación del sector- de sentar a las administraciones y a los empresarios para delimitar unos parámetros de actuación concretos en estas explotaciones. «Existen contradicciones en las normativas y esto crea una situación de indefensión para los empresarios», manifestó.

Las canteras de El Padul han provocado la primera sentencia condenatoria pero, al menos otros tres procedimientos contra este tipo de explotaciones se encuentran a la espera de ser enjuiciados.