Por Manuel Marrero Morales

Canarias, considerada en la Unión Europea como Región Ultraperiférica, es la frontera suroeste de la UE. A 1.500 kilómetros de las costas peninsulares y a 100 de las del Sáhara. Islas atlánticas, geográficamente africanas, política y culturalmente europeas, con lazos estrechos con el continente americano debido a las oleadas migratorias de siglos anteriores, con una población de 2 millones de personas y una recepción anual de turistas en torno a los 12 millones asentados sobre 7.447 kilómetros cuadrados, serían el 5º Estado más rico del continente negro, si fueran independientes. Frente a una densidad media europea de 116 y española de 86, el archipiélago llega a los 257 habitantes por kilómetro cuadrado.

África es un continente que está sufriendo graves crisis de forma permanente: hambrunas, ocasionadas por la sequía y desertización, o por la deficiente gestión de los recursos hídricos; los conflictos violentos, que ocasionan crisis repetidas y prolongadas, con miles de muertos y grandes desplazamientos de refugiados; la ausencia o insuficiencia de instituciones políticas, económicas o sociales, que impide una evolución hacia condiciones más favorables.

África arrastra en la piel de su paisaje y en las entrañas de sus habitantes una secular supeditación a los intereses europeos. Francia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Suecia, España,... han ido esquilmando sus cuantiosas riquezas minerales, vegetales, animales e incluso humanas. Su conformación en los actuales estados, se corresponde con las arbitrarias decisiones de los mandatarios europeos durante el siglo XIX. Su descolonización tardía, y la forma en que fue hecha, ha traído consigo la continuidad de estrechas relaciones de dependencia con sus antiguas metrópolis, y la instalación de las multinacionales que todo lo esquilman y ha propiciado un caldo de cultivo para el asentamiento de la corrupción.

África es un continente empobrecido y explotado en el que sus habitantes no son dueños de las riquezas naturales. Esa deplorable situación, unida a las graves y continuas crisis, trae consigo que los jóvenes de esta aldea global quieran emigrar hacia el norte rico, hacia el norte donde hay comida y condiciones dignas de vida. Vienen a intentar disfrutar de las migajas del banquete de la opulencia. El 50 % de la población es menor de 18 años.

Y, en ese gesto desesperado de supervivencia, se juegan la vida en unas barquichuelas que han ido aumentando su tamaño, y por tanto su capacidad de transporte, pero no su seguridad, en la medida en que les han ido colocando impedimentos y la travesía cada vez es más larga. La pobreza los obliga a ser héroes anónimos y varios miles han perecido en el intento.

Durante el año 2005 arribaron a las costas canarias unos cinco mil, que ya superan los 25.000 en los primeros ocho meses y medio de 2006. Cuando desde Canarias se pide ayuda al Estado o a la UE, lo que hacen es enviar más policías, algunos helicópteros o algún barco de la armada.

Se proponen ponerle vallas al mar. No han superado el paradigma de la “Europa-Fortaleza inexpugnable”, que marca por igual la política de conservadores y socialdemócratas y, además, hacen anuncios de "tolerancia cero y lucha sin cuartel contra la inmigración ilegal", obviando cualquier debate sobre las causas de los flujos migratorios y su incidencia en las sociedades.

El problema de los flujos migratorios obligados, bien sean de carácter económico o por razones humanitarias o causas políticas, no es un asunto coyuntural sino estructural, y no valen ni las medidas policiales ni las tímidas legalizaciones, ni siquiera las devoluciones de los sin papeles a sus países de origen. Se está atendiendo a las consecuencias, pero no a las causas. Se está ofreciendo una infusión de menta-poleo para curar el sida o el cáncer. Estamos ante una gravísima situación de emergencia humanitaria. Y los países ricos tienen la obligación de atenderla.

Penoso espectáculo preelectoral nos están ofreciendo en todo el Estado PP y PSOE, con el asunto del ‘efecto llamada’ usado como arma arrojadiza y las múltiples e incapaces modificaciones legales para regularizar la situación de los sin papeles. El PP se ha tirado al monte y el PSOE no quiere diferenciarse en exceso y le sigue a la zaga.

Nuestros políticos desconocen África y quieren ignorar los efectos perversos de la globalización que, por otro lado, con tanto ímpetu defienden. De los 36 países catalogados por la ONU como PMA (países menos adelantados), 29 se encuentran en África. La sociedad española, en general, desconoce África. Como ejemplo valga que en el currículum de la ESO sólo se menciona de pasada el Magreb en 3º y la escolonización en 4º.

Y así, no se cuestiona el problema de los flujos migratorios sino desde un punto de vista, el nuestro, el de la sociedad del bienestar, el de la Europa fortaleza, el del que dice “lo que necesitamos” de esos emigrantes (mano de obra barata, que ocupe los puestos más bajos de la oferta del mercado laboral; sin reconocer que la economía española en la última década creció 3,2 puntos el PIB cada año, gracias a la inmigración, aumentando las cotizaciones a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y al propio Fondo de Inversiones).

Sin embargo, lo que necesita el pasaje de los cayucos desesperados que arriban a Canarias, creciendo en número de forma exponencial, es unas condiciones de vida digna, que atienda a sus necesidades primarias: alimentación, salud, educación, incremento de esperanza de vida, trabajo, ... y eso lo podrían hacer en sus propios países generando bienestar y riqueza para los suyos si los países ricos del norte desembolsaran, por ejemplo, el 5% del gasto militar, unos 40.000 millones de dólares y, por otra parte, no continuara el saqueo despiadado sobre las materias primas de África.

El Parlamento canario inició el curso político en septiembre con un presunto debate sobre la inmigración (la de los cayucos, por supuesto). Vergüenza ajena sentimos los que tuvimos ocasión de contemplarlo; pues dedicaron su tiempo, unos a jugar al victimismo, otros a arrojar balones fuera, algunos al autobombo, y, en general, se centraron en quién había solicitado y a qué emisora que dicho debate fuera televisado y a quién beneficiaba dicho asunto. No se aprobó siquiera una resolución, planteando exigencias y proponiendo soluciones ante el gobierno del Estado ni ante la Unión Europea, o adquiriendo compromisos como fuerzas políticas que gobiernan en las islas. Triste y penoso espectáculo.

Ante la incapacidad manifiesta de nuestros políticos, estamos en la obligación de continuar impulsando un movimiento ciudadano que demande soluciones urgentes para este asunto y, mientras tanto, debemos reclamar para los que arriban a nuestras costas un trato acorde con la dignidad a la que tiene derecho todo ser humano, el respeto del derecho de asilo y de la legislación nacional e internacional que los salvaguarda.