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El poder subterráneo: CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRAFICO
Fuente:
El Investigador. 06-03-08
Por Omar Rivera
 Mucha
preocupación causa el hecho de que en Honduras quien manda no sea ni el
pueblo soberano, ni los que delegados por él ejercen funciones
gubernamentales y prestan juramento de “cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes”; esta clavado en el imaginario colectivo que
los que ilegalmente controlan el poder real son los poderes “de hecho”,
y no los de “de derecho”.
Pese a la
vulgarización del término, es valido decir que la gente cree, con toda
razón, que los poderes fácticos son los que mandan en el país e
infiltrados en las entidades oficiales direccionan la nave del Estado.
Al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de
presión o autoridad que se poseen, y mediante arbitrarias practicas,
contrarias al Estado de Derecho, ejercen una influencia avasalladora que
les hace recibir de los gobernantes un trato preferencial, privilegiado
y pletórico de canonjías.
El poder militar,
el económico y el moral (religioso) han sido los poderes fácticos que la
historia universal registra como más influyentes. Recientemente, el
poder mediático y transnacional se han ganado a pulso un lugar en esta
corta lista.
Honduras no es la excepción.
Para el caso, los
militares en Honduras han tenido en los últimos sesenta años una
influencia significativa; gobernaron el país durante prolongados
periodos al margen de la Ley, mediante dictaduras que -si bien es cierto
en algunos momentos fueron populares- colmaron la paciencia de los
hondureños por sus actos corruptos y sus transgresiones a los derechos
fundamentales del hombre. Inclusive, en la primera etapa de la nueva era
democrática nacional, a partir de 1981, todavía se erigían como el
verdadero poder en el país, tanto así que durante el gobierno de Roberto
Suazo Córdova, el Jefe de las Fuerzas Armadas tenia mas poder que el
propio Presidente de la República, y el Consejo Superior de las Fuerzas
Armadas (COSUFFAA) mayor influencia del mismo Poder Legislativo. Todo
esto cambio, y en tiempos del Presidente Carlos Roberto Reina
(1994-1998) los militares se convirtieron en simples servidores públicos
sometidos al poder legalmente constituido y representado en el titular
del Poder Ejecutivo.
El empresariado
nacional ha venido fortaleciendo su influencia en la medida su
crecimiento económico se ha destacado como consecuencia de la inequidad
y la inadecuada distribución de la riqueza en Honduras; los empresarios
han obligado -mediante el soborno o las alianzas (sociedades) con los
políticos de turno- a instaurar un sistema económico de corte
mercantilista que genera prebendas, mercados cautivos, excepciones y
exoneraciones de todo tipo, convirtiendo a los industriales y
comerciantes del país en parásitos de la res pública y en receptores de
trato privilegiado por parte del aparato estatal. El influjo del
empresariado ha trascendido siglos: las transnacionales mineras y
bananeras, fueron tan poderosas ayer, como hoy lo son los empresarios de
las térmicas, las telecomunicaciones y del sistema financiero. Es tanta
la preponderancia del poder empresarial, y son tan firmes sus alianzas
con el poder público que muchos de ellos han violado la Ley a la vista y
paciencia de la oficialidad, y con el consentimiento de la autoridad
competente, verbigracia el contrabando y defraudación tributaria.
Asimismo, la
influencia de la Iglesia Católica, y más recientemente muchas entidades
religiosas de corte protestante, se han arrogado la cuota moral y ética
del país, usurpando la posición de únicos referentes honorables del
país, interviniendo de forma dramática en casi todas las decisiones
trascendentales de la vida republicana. Pese al rechazo que
recientemente hizo la Iglesia Católica de seguir participando de muchas
decisiones que le competen al gobierno, no hay duda que el protagonismo
de muchos curas y pastores sigue siendo avasallante y repugnante. Se
llego a tal extremo en Honduras, que en tiempos del Presidente Carlos
Flores Facusse (1998-2002), muchos decían que en el país teníamos un
Presidente que mas parecía Cardenal, y un Cardenal que mas parecía
Presidente de la República.
Como lo
manifestamos anteriormente, además de estos tres poderes fácticos
históricos, existe uno que crecientemente ha fortalecido su ascendencia
en las cúpulas y en la base ciudadana. Este es el caso del denominado
“cuarto poder”, forma en la cual se define al poder mediático,
representando fundamentalmente por la prensa escrita, radial y
televisiva. Los integrantes mas relevantes de este poder están
representados en la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMCH),
integrados por los empresarios Jorge Canahuati Larach (El Heraldo y La
Prensa), la Familia Ferrari-Villeda (Televicentro y Emisoras Unidas),
Carlos Roberto Flores Facusse (La Tribuna) y Jaime Rosenthal Oliva
(Tiempo y Canal 11).
Y aquí se da un
hecho particularmente especial, ya que muchos de los integrantes del
poder mediático forman parte también del poder empresarial, e
instrumentalizan muchos de estos medios con propósitos aviesos y con
perversas intenciones que -en muchos casos- lindan con la extorsión a
los funcionarios que no les satisfacen sus requerimientos.
Esto se profundiza
mucho mas, cuando además de empresarios industriales o comerciales, y
dueños de medios de comunicación, a la vez incursionan en el ámbito
político partidista, y se convierten en una suerte de “pulpos” que
manipulan las noticias y las decisiones político-gubernamentales con
propósitos empresariales. El caso mas reciente y relevante es la
denuncia pública que hicieron funcionarios del presente gobierno, en el
sentido que el propietario de La Prensa y El Heraldo atacaba a la
administración Zelaya Rosales porque esta no le daba el trato
preferencial que anteriormente otros si brindaban al conceder jugosos
contratos para el suministro de armas, material policial y militar,
medicinas y otro equipo medico a través de empresas que pertenecen al
mismo grupo empresarial del dueño des estos dos diarios.
En muchas
ocasiones, estos “políticos” no necesariamente dan la cara en los
despachos, sino que se ocultan tras bastidores, y con habilidad de
titiriteros manipulan a la oficialidad desde lo que podrimos llamar las
“cúpulas partidarias”, las que se convierten en verdaderos poderes
fácticos, los cuales deciden, al margen de los cauces formales y se
sirven de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir
políticamente en decisiones importantes en la vida nacional. Muchos
Capos Liberales e integrantes del Lado Oscuro del Partido Nacional (y
más de algún sandia o
berengueno, según sea
el caso) terminan eligiendo en El Hatillo o en la carretera al Batallón
los integrantes a la Corte Suprema de Justicia, los titulares del
Ministerio Público, los integrantes de los órganos contralores del
Estado o los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y mandan sus
resoluciones al Congreso Nacional para que allá únicamente les den su
obligada aprobación.
Y es ahí donde
estos poderes fácticos se traslapan y/o entreveran, en simbiosis,
consolidando un red, una cofradía nefasta para los intereses de las
grandes mayorías.
También
mencionábamos que el poder transnacional es determinante en el país;
pese a que tiene sus múltiples formas de presentación, por ejemplo como
entidades de financiamiento internacional, organismos multilaterales o
representación diplomática, es representando en Honduras esencialmente
por la Embajada de los Estados Unidos de América (EUA), ya que esta
representa al gobierno que tiene una determinante incidencia en la toma
de decisiones de las otras, tal es el caso de el Banco Mundial (BM), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Aquí hace varias
décadas, y por algún tiempo, el gobierno estadounidense a través de su
Embajador en Tegucigalpa “quitaba y ponía presidentes”; y pese a que hoy
en día esto no es posible, si tiene una enorme influencia sobre muchos
temas de carácter público en Honduras.
No intentaría
asumir el papel del experto historiador Mario Argueta en la temática,
sin embargo, bien puedo asegurar que la misión diplomática
norteamericana ha tendió en el pasado reciente una enorme influencia en
la gestión gubernamental hondureña dictando pautas e interviniendo en
asuntos internos en procura de defender sus particulares intereses o el
de sus ciudadanos. Tal es el caso del papel jugado por Honduras durante
la Guerra Fría, tiempo en el cual se nos obligo, no solo a albergar a un
ejercito irregular que combatía en contra del régimen sandinista sino
que entreno y financio la implementación de trágicas acciones en el
marco de la Doctrina de Seguridad Nacional ejecutada por el triste
celebra Gustavo Álvarez Martínez. Ahora, fundamentalmente los intereses
son económicos, y el caso de la telecomunicaciones evidencia este poder
irregular del gobierno gringo, uno que muchas veces repugna menos que la
sumisión y lacayunada actuación de algunos de nuestros gobernantes.
Pero hay un poder
subterráneo que tiene una significativa influencia, y que muchos no osan
señalar con claridad; este es el caso del poder del crimen organizado y
el narcotráfico.
El poder ilícito
de los criminales y narcotraficantes es enorme, muchos no lo quieren
aceptar, pero están infiltrados en la empresa privada, en el parlamento
y en el gobierno; muchos operadores de justicia tienen negocios con
ellos, los defienden y les apañan sus fechorías. Hay regiones del país
en la cual ellos son amos y señores de la zona, se han apoderado de
grandes franjas territoriales en las cuales son sus dictados y no la Ley
los que se respetan, y los habitantes de estos lugares desarrollan
afectos y simpatías hacia quienes logran satisfacer muchas de las
necesidades que un Estado ineficiente y débil no puede cubrir. Y otros,
sin necesidad, especialmente en las grandes e intermedias ciudades, se
vanaglorian de tener un amigo narco o uno que ande en “negocios sucios”
para ver si el efecto derrame les salpica.
El crimen
organizado opera desde las cárceles, a vista y paciencia de las
autoridades penitenciarias; blanquea activos impulsando grandes
proyectos de inversión en el sector comercial, turístico y financiero, y
ninguna autoridad competente mete mano en el asunto.
Aquí los
narcotraficantes financian campañas electorales y nadie se inmuta, se
lanzan de diputados y a nadie inquieta, ejercen el poder por interpósita
personas y nadie investiga. Todos se acomodan o están “cagados del
miedo”.
Es un poder real,
un poder que cohabita y cada vez mas influye sobre el voto de algunos
diputados, funcionarios de gobierno que se hacen los indiferentes, y
jueces y fiscales que les defienden en alianza con prominentes abogados
que son el menos indicado ejemplo a seguir de muchos profesionales del
derecho del ámbito nacional.
En octubre pasado,
el diario El País de España informaba que “la mafia es la primera
empresa de Italia, con una facturación anual de, al menos, 90.000
millones de euros, lo que representa el 7% del Producto Interior Bruto
(PIB) del país transalpino”; me pregunto: ¿Cuál será la dimensión del
tamaño de los negocios de los narcos y criminales en Honduras?
Vale la pena que
cuando señalemos los poderes fácticos en Honduras, además de los
empresarios nacionales, sacerdotes y pastores, dueños de medios de
comunicación y el poder de la embajada estadounidense, también centramos
nuestra atención en la actuación e injerencia y la infiltración de los
narcotraficantes y delincuentes en las esferas de poder oficial.
Este poder
subterráneo está dispuesto a usar todos sus medios, incluida la fuerza,
para no perder sus privilegios ancestrales. Son delincuentes que están
dispuestos a vilipendiar, desprestigiar y mentir respecto a cualquier
funcionario gubernamental que se les atraviese en el camino. Incluido el
mismísimo Presidente de la República.
Omar Rivera
Tegucigalpa, MDC -
22 de febrero de 2008
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