AUTONOMÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR  DE LA FEDERACIÓN

 

Por Jesús Martínez Álvarez. Desde México. 13-08-08

 

Ahora que el gobierno federal festeja montos inéditos en la recaudación tributaria en los primeros seis meses del año, se impone reflexionar en torno del ejercicio de los recursos públicos y de su fiscalización.

 

Se trata de cuidar y de hacer transparente el gasto público y de acabar con la impunidad de quienes por dolo, corrupción, actitud patrimonialista o descuido ejercen el dinero de todos con ligereza, mala fe o falta de responsabilidad; de que los recursos contribuyan al desarrollo del país y a la expansión de la infraestructura y los servicios; de que, en fin, los impuestos sirvan para lo que fueron creados: reunir recursos, con la aportación colectiva, para destinarlos a las causas que nos son comunes, lo que excluye, desde luego, los beneficios personales o de grupo, sean para enriquecimiento o para fines partidistas o ajenos al bien común.

 

Actualmente, México cuenta, como órgano de fiscalización, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo fundamento jurídico puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de julio de 1999. Posteriormente, el 20 de diciembre del año 2000, la Cámara de Diputados aprobó a la ASF como entidad de fiscalización, a la cual se le dio "autonomía técnica y de gestión".

 

Pero esa autonomía se entrampa en las estructuras actuales: la ASF está sujeta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y fiscalizada permanentemente por un ente denominado Unidad de Control y Evaluación, que es un órgano auxiliar de esta Comisión, cuya función (¡Oh, México!) es fiscalizar al fiscalizador; por lo tanto, la ASF se encuentra bajo la dependencia y sometimiento de uno de los tres poderes de la Unión.

 

La ASF permanentemente se encuentra presionada por partidos para realizar auditorías que tengan un beneficio político para ellos y en deterioro para el partido en el gobierno. La asignación presupuestal lleva un mensaje implícito de los partidos que pueden verse afectados por la ASF. Este órgano, siendo ya autónomo, estaría ajeno a los intereses partidistas y a la contienda política, y como consecuencia, realizaría auditorías estratégicas en beneficio de México.

 

A pesar de esto, la ASF cuenta hoy con prestigio y reconocimiento general.

 

¿Es posible acabar con estas disposiciones que parecen estar hechas para que se revise todo y no se resuelva nada? Desde luego.

 

La primera condición es que la Auditoría Superior de la Federación sea un órgano verdaderamente autónomo y que se le otorguen constitucionalmente las facultades que requiere. La propuesta no es nueva, pero no ha querido llevarse a la práctica.

 

Es un elemental derecho de los mexicanos saber con precisión y oportunidad en qué se gasta cada uno de los centavos que el gobierno, en todos sus niveles, recibe por concepto de contribuciones.

 

Sin la autonomía del órgano fiscalizador este derecho sigue siendo una declaración retórica.

 

Históricamente, en el ámbito internacional la aprobación de todo presupuesto y la fiscalización de las políticas públicas son tareas que están a cargo de los diferentes Congresos. Sin embargo, la tendencia, que ya es general, es que los órganos de fiscalización estén fuera del ámbito de cualquiera de los tres poderes. Hay países que se sustraen a esta tendencia, desde luego, como Uganda, Tanzania y Somalia.

 

Francia, Italia, Irlanda, como muchos otros países, han  constatado los beneficios de contar con órganos autónomos en materia de fiscalización..

 

Países latinoamericanos que decidieron, sin ningún temor, contar con estos órganos independientes, son: Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Nicaragua, y en éste se dio precisamente cuando terminó su gobierno el muy cuestionado Presidente Alemán.

 

A pesar del retraso que tenemos en ello, es tiempo de que a la ASF se le otorgue en nuestra Constitución el carácter de órgano autónomo y es indispensable, asimismo, que los mexicanos tengamos la oportunidad de conocer oportunamente y no de manera tardía en qué se gastan los dineros públicos y si éstos son aplicados con eficiencia a los objetivos para los que supuestamente estaban presupuestados.

 

La ASF, al servicio de todos y de la transparencia, debe contar con autonomía o independencia, no solo formal, sino también financiera; debe ser totalmente apolítica y ser órgano técnico; los titulares deben ser inamovibles, a excepción de que incurran en irregularidades.

 

La ASF contribuiría a controlar, mediante su operación autónoma,

a controlar y a equilibrar los poderes.

 

Si se hiciera una encuesta nacional y se sometiera este tema a la consideración de los mexicanos, ¿cuál cree usted que sería el resultado?

 

Señor Presidente, ¿es muy difícil que los mexicanos podamos contar con un verdadero órgano autónomo de fiscalización? ¿O es que no es prioritario ni necesario?

 

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