PASAPORTE A LA IMPUNIDAD

 

Desde México, por Jesús Martínez Álvarez. 6 de abril de 2009

jema444@gmail.com

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Los cargos de elección popular, pueden convertirse, en muchos casos, en pasaporte a la impunidad: la oportunidad de contar con patente de corso.

Los ciudadanos, cada día se encuentran más convencidos de que diversos partidos políticos han visto que los cargos de elección popular pueden servir como una vía para evadir la ley.

Hoy, las autoridades, partidos políticos y ciudadanía en general, debemos prestar especial atención a quienes son postulados como candidatos para ocupar un cargo de representación popular.

Esto obligaría a los partidos políticos a perfeccionar sus mecanismos de selección de candidatos. Son ellos quienes cuentan con el monopolio para acceder a los cargos de elección popular. Son ellos los que deben asumir su responsabilidad.

Con motivo de la situación que se vive en el país, es un hecho la participación del narcotráfico y del crimen organizado respaldando determinadas candidaturas. Corresponde a las autoridades electorales y judiciales evitar, con toda la fuerza de la ley, que esto ocurra.

Los nuevos tiempos demandan que los electores no solamente tengan la obligación de votar el día de las elecciones. Hoy se requiere mayor responsabilidad ciudadana, lo que nos obliga a conocer los antecedentes de cada uno de los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular.

Es tiempo de compromisos compartidos, pero la principal responsabilidad recae en los propios partidos políticos. No se puede argumentar que fueron sorprendidos y  por ello no recibir sanción alguna. Todo partido político que incurra, de manera reiterada, en este tipo de prácticas, debería ser sancionado severamente, incluso, pensar en la posibilidad de legislar para cancelar su registro.

También existen casos de candidatos, que no precisamente se encuentran contemplados en los supuestos anteriores, y que se refieren a las personas que han ocupado cargos en alguno de los tres niveles de gobierno, manejando recursos públicos.

Pongamos por ejemplo el caso del conocido ex futbolista profesional, Carlos Hermosillo, quien se desempeñaba como responsable de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), y ahora será candidato del partido Acción Nacional a diputado federal por el XVI Distrito, que pertenece a Córdoba, Veracruz.

El pasado 12 de marzo, el C.P.C. Arturo González de Aragón, hizo entrega del informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del año 2007: el primer año del ejercicio del Presidente Felipe Calderón.

En el caso particular de la CONADE, la Auditoría Superior de la Federación cuantificó observaciones por un monto de 398 millones 503 mil pesos, detallando los diferentes rubros en los cuales no existe la debida comprobación o, por lo menos, la justificación, en el momento de la auditoría, de cada una de las irregularidades detectadas.

Si bien es cierto que los responsables de las áreas que manejan recursos federales tienen 45 días para hacer las aclaraciones pertinentes, es grave que no se tome en consideración tan delicados señalamientos.

Lo menos que puede hacer el jefe inmediato del funcionario que se encuentra en estas circunstancias, es esperar el resultado final de la auditoría practicada y no dar por hecho que el funcionario cuestionado no cometió falta alguna.

Es evidente que la designación de Carlos Hermosillo tuvo que contar, forzosamente, con la autorización y el conocimiento del Presidente de la República.

¿Por qué aceptar una decisión de esta naturaleza? La única respuesta lógica es que el Presidente de la República no quiere, por ningún motivo, que exista escándalo alguno que involucre a sus colaboradores en el desvío de recursos públicos.

Como este caso existen otros de diversos funcionarios federales, estatales y municipales, que hoy son candidatos a cargos de elección popular y que se encuentran involucrados en la auditoría practicada al ejercicio del primer año de gobierno de Felipe Calderón.

Es probable que quienes manejan los recursos públicos hayan olvidado que hoy, en México, los ciudadanos contamos con un verdadero órgano de fiscalización que ejerce su responsabilidad con todo profesionalismo y sin compromiso alguno.

Desde que inició su gestión la Auditoría Superior de la Federación, se ha ganado el respeto y el reconocimiento por el trabajo que ha venido realizando.

Este órgano de fiscalización merece un análisis especial, que haremos en fecha próxima, porque mediante algunos cambios de carácter constitucional, puede convertirse en el antes y después del México democrático que los ciudadanos estamos demandando.

El panorama para el próximo 5 de julio, es incierto. No contamos con controles efectivos de parte de la autoridad electoral para cumplir con lo que señala el COFIPE. El Estado de Derecho sigue siendo pobre y la fiscalización de recursos en materia electoral, prácticamente es nula.