EL DEUDOR SOY YO

 

Desde México, por Jesús Martínez Álvarez. 17 de mayo de 2009

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Jesús Martínez Álvarez

El día 2 de julio del año pasado, publiqué en este diario el artículo titulado TOYOTA: ¿INGENUIDAD O FRAUDE?, en el que hice notar el caso particular de una persona que adquiere un vehículo a crédito. 

De manera breve trataré de sintetizar el hecho. Una persona adquirió una unidad Toyota con fecha 31 de enero de 2005, celebrando contrato de apertura de crédito simple, operación que se realizó en una ciudad distinta a la capital, por ser el domicilio fiscal del adquiriente. 

En este tipo de operaciones, se “acostumbra” firmar un contrato con pagos diferidos, además de un pagaré que el adquiriente se ve obligado a suscribir por la totalidad del crédito. 

A pesar de que la persona pagaba regularmente, en agosto de 2007 los abogados de Toyota de México presentaron, ante un Juzgado de la capital del país, una demanda por el total del pagaré, sin tomar en cuenta los pagos ya realizados. 

En el mes de diciembre del año 2007, la unidad sufrió un accidente, siendo declarada por el seguro como pérdida total, por lo que fue a la agencia correspondiente para que ellos, por ser los beneficiarios, procedieran a tramitar la recuperación de la cantidad faltante, como indemnización por la pérdida total de la unidad. 

El 7 de febrero de 2008, se presentaron en el domicilio particular del deudor, en la ciudad de México, un Notificador y los abogados de Toyota para hacer efectivo el Pagaré, es decir, que en ese momento se cubriera el monto total consignado en el mismo. 

Se les explicó que los documentos comprobatorios de pago se encontraban en provincia, donde está el domicilio fiscal, aclarándoles que no se tenía ningún adeudo y que seguramente la empresa Toyota, por ser la beneficiaria, estaría realizando el trámite de pago del seguro, cantidad que les fue cubierta en el propio mes de febrero.  

Como usted podrá deducir, y coincidirá conmigo, los abogados de Toyota, con conocimiento de la empresa, pretendieron cobrar y hacer valer un documento como independiente de la operación de crédito realizada, lo que obligó al “deudor” a contratar un despacho de abogados para demostrar que ese pagaré era parte del contrato de crédito y que formaba parte de la misma operación. 

Después de un año de estar litigando este asunto, finalmente el “deudor” ganó en todas las instancias; incluso, de manera insólita, los abogados de Toyota, al no poder sustentar lo que en la demanda inicial afirmaron, sencillamente se desistieron, declarando que se daban por pagados. 

Lo cierto es que el “deudor” logró evitar que los abogados de la empresa Toyota de México pudieran cobrar, de manera dolosa, la cantidad que pretendían. 

El hecho de mencionar este caso es porque, cuando fue publicado el artículo, recibí diversos correos de personas que tenían el mismo caso, o parecido, con la empresa Toyota.  

Por otra parte también recibí correos de personas que habían realizado contratos de compra-venta de inmuebles o de arrendamiento, en los cuales, además de firmar el contrato correspondiente, suscribían también determinado número de pagos diferidos y un pagaré por el importe total de la operación, teóricamente como “garantía” de la operación.  

Es importante mencionar, que a pesar de la evidencia de los hechos, si una persona no cuenta con un despacho profesional que defienda correctamente sus intereses, corre el riesgo de perder una cuantiosa cantidad de dinero o, incluso, toda o parte de su propiedad. 

En el caso a que se hace referencia, el “deudor” ha presentado ante el Ministerio Público una demanda por fraude procesal contra los abogados de Toyota, porque es evidente que pretendieron sorprender a la autoridad civil y obtener un lucro indebido. 

Es importante también hacer notar que varios funcionarios de Toyota de México y Toyota Financial Services, se vieron obligados a declarar en calidad de testigos. Por supuesto, dijeron desconocer el asunto, incluso, a los propios abogados. 

Por lo pronto, uno de estos “altos funcionarios”, que declaró en como testigo, hoy se encuentra como Indiciado, porque mintió ante la autoridad, situación que ya fue debidamente acreditada en el expediente. 

El hecho de dar a conocer este caso, es porque existen cientos de ellos en toda la República. Es urgente legislar en esta materia, porque se encuentra en estado de indefensión, o por lo menos en desventaja, todo aquel que realiza una operación de crédito. 

Es cierto. Los representantes populares que integran el Congreso de la Unión, presentan un sinnúmero de iniciativas que en nada nos benefician, pero muchas veces pequeñas modificaciones o precisiones al Código de Comercio, como la que estoy exponiendo, ayudaría a decenas de miles de ciudadanos.